Dimes y diretes de lo público y lo privado

Cuando se discute entre los parabienes del Estado frente al sector privado, o viceversa estamos en una discusión tan bizantina como plantear,que fue primero la gallina o el huevo, y ya saben, hay que darle “al César lo que es del César ya Dios lo que es de Dios”, y si se maximalizan los posicionamientos es fácil caer en sectarismos.

No vamos a hacer aquí una tesis pero resumiendo mucho, con todos los riesgos que ello supone, parece que a lo largo de la Historia lo colectivo fue supliendo lo que el individuo o su familia no podía alcanzar para satisfacer sus necesidades.

Primero fue la seguridad tanto desde una perspectiva pública como jurídica. La seguridad pública consistía en mantener el orden interno de la sociedad, así como protegerla de peligros externos; la seguridad jurídica (no estricto sensu) consistía en tener un sistema que permitía finalmente resolver las controversias (ya sean resultado de actos lícitos o ilícitos) que iban surgiendo entre las personas, ya fuesen físicas o jurídicas.

Posteriormente vino la intervención del sector público en la economía, para así intentar asegurar el sustento de los ciudadanos, con más o menos éxitos, llegando a lo que en nuestros días se conoce como Economía Social de Mercado (normativizado incluso en el artículo 3.3 del tratado consolidado de la Unión Europea), pues, por ejemplo, el 50% aproximadamente del PIB español es consumido por su sector público.

Y partir de aquí surgen los equilibrios (y tensiones) entre lo privado y lo público. Para unos, parece ser, que lo privado es sinónimo sólo de codicia y por eso optan por intentar erradicarlo de todos los servicios públicos (incluso a los más radicales de la propia economía), para otros lo público es una manera de hacer negocios a costa de todos.

Así, según diferentes declaraciones políticas, en la Sanidad pública valenciana parece que haya una intencionalidad de erradicar todos los conciertos, olvidándose por ejemplo como según una Auditoría Operativa de la Sindicatura de Cuentas (periodo 2009-2015) la concesión privada del área de salud pública de Manises llegaba a ser hasta un 25% más barata que otros hospitales de total gestión pública; pero cuidado, este modelo de concesiones tampoco se puede extrapolar a todos los servicios y departamentos, pues también sabemos por el informe ‘ResonanciasMagnéticas: Una Oportunidad de Ahorro’ de esa Sindicatura del año 2013, como existía una posibilidad de economizar entre unos 3,3 a 16,7 millones de euros (amplia horquilla por otra parte) sobre un total de unos 47 millones de euros que costaban las concesiones privadas en resonancias magnéticas.

Por otra parte, en el ámbito de la educación,para dar cumplimiento al artículo 27 de la Constitución (Libertad de Enseñanza), abaratar los costes (incluso supliendo al Estado en algunas áreas urbanas en donde es prácticamente imposible construir nuevos colegios o institutos) “y así además tener más fondos públicos para la educación totalmente pública”, un gobierno de izquierdas —Felipe González— creó la educación concertada, claro ejemplo de colaboración pública-privada eficaz y eficiente, donde entidades privadas o de iniciativa social como la iglesia, ahorran al Estado hasta casi un 40% de los costes por cada alumno en algunos casos, permitiendo a las autoridades destinar más dinero a otras necesidades educacionales. Pues bien ya sabemos, por las medidas últimamente tomadas, como ese tipo de gestión concertada está en entredicho por la GVA, estando ésta por la labor de minorar e incluso en algunos centros eliminar su existencia, dando por extinguida esta colaboración público-privada,en contra de la sensibilidad social demandada por miles de padres, que además anualmente miles de ellos se quedan sin plaza para sus hijos en esos colegios concertados.

Por otra parte, dentro del ámbito de la colaboración público-privada, desde el sector privado empresarial (ese mismo que ha gestionado los intereses colectivos de los empresarios autonómicos hasta que el juzgado Mercantil número 3 ha certificado su defunción con una deuda de un millón de euros a favor de la GVA) se reclama en aras de la colaboración público privada (y parece que puede estar a punto de producirse) que la GVA asuma la deuda ciento millonaria de la Feria y se conceda esa entidad comercial a la gestión privada pero con parte del capital público.

Recordemos que la Feria proviene de un modelo que pretendía ser privado aunque con participación pública, que nos llevo a una situación como nos recordaba Joaquim Clemente en un artículo en ValenciaPlaza del 22/09/2014 (haciéndose eco de un informe de la Intervención General) que “la inversión final en construcción e instalaciones de Feria Valencia se desvió un 86,27% respecto al proyecto inicial” y que como también nos recordaba Xavi Moret hace escasas semanas en este mismo diario Feria Valencia pagó 47,5 millones en sobrecostes injustificados en las obras de ampliación. 

Por eso a mi eso de hacer negocios (puros y duros) mezclando lo público y lo privado me da (perdonen la expresión) como repelús: primero por los ‘problemas jurídicos’ que puedan surgir como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 25 de enero de 2001 (sobre el carácter público de la Feria); después, lo que puedan decir también las autoridades europeas de la libre competencia, y finalmente, utilizando a Aristoteles (que me perdone la osadía), atendiendo a la Naturaleza de las cosas; la Administración está para prestar servicios públicos, los empresarios para crear negocios a su riesgo y ventura, pues aquí el monta tanto, tanto monta de nuestros Reyes Católicos no nos vale. El funcionamiento del sector público institucional (entidades, empresas y fundaciones públicas) siempre estará en el filo de la navaja, dado que supone una huida del propio derecho administrativo por parte del mismo sector público, minimizando los controles (en gestión, contratación y en materia de personal) creando unas zonas grises que como hemos visto son aprovechadas por la corrupción para hacer metástasis en los presupuestos, a costa de nuestros impuestos.

Para finalizar, la colaboración publica-privada entendida por algunos como un sistema perfecto para sus intereses, al socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, ya debería haber pasado. Lo dimes y diretes de lo Público y lo Privado, deberían ajustarse a una colaboración equilibrada y beneficiosa para ambas partes, como ya existe en los casos muy concretos, ya citados, de las concesiones sanitarias y de la educación concertada, analizando siempre caso por caso, y no dejándonos arrastrar por sectarismos excluyentes; en la sociedad todos debemos y tenemos que aportar —tota pedra fa pared— por el interés general y particular, que deben ser complementarios, ya sea desde el sector privado o el público.