VALÈNCIA. Este viernes 20 de abril se cumplen seis meses de la aprobación del decreto ley de Edificant, el plan de la Generalitat para construir y mejorar centros escolares en colaboración con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Un compromiso ambicioso anunciado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el pasado Debate de Política General que contempla una inversión de 700 millones de euros entre 2018 y 2022 para edificar 200 colegios nuevos y reformar otros 500.
A un día de que se cumpla el semestre, el conseller de Educación, Vicent Marzà, comenzará este jueves a firmar las primeras resoluciones, entre las que según fuentes del propio departamento de Campanar se encuentran desde ampliaciones de centros y reparaciones, hasta obras nuevas. Aunque no detallan la cantidad exacta de cada una de estas actuaciones ni tampoco la inversión presupuestaria que supondrán por parte de la Conselleria, según fuentes consultadas por Valencia Plaza en total se acercarían a la treintena.
Con la firma de estas resoluciones, la Conselleria de Educación delega las competencias en cada ayuntamiento para cada centro de su localidad. De manera que a aquellos municipios que han realizado una solicitud de distintos proyectos para actuar en varios colegios, le son cedidas las competencias concretas para cada centro escolar.
La excesiva burocracia en la administración ha retrasado el inicio de las firmas de los primeros expedientes, pues la cadena que se ha seguido para poder comenzar a aprobar proyectos ha sido larga. En primer lugar, los ayuntamientos se tenían que adherir al Plan Edificant. Más tarde, estos consistorios debían entregar toda la documentación referida a cada actuación que querían que se acometiera en su municipio. Es decir, debían detallar en las solicitudes las actuaciones que querían que se llevaran a cabo en cada centro educativo -en caso de haber varios- de la localidad.
Tras este segundo paso, el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, debía validar la propuesta de delegación de competencias de la conselleria en los consistorios, autorización que posteriormente debía pasar por el pleno municipal de cada ayuntamiento. Y, una vez aprobada la propuesta en las sesiones plenarias de cada localidad, el siguiente eslabón en la cadena por el que debían pasar los proyectos era Marzà. El conseller de Educación debía firmar la resolución de destinación de fondos económicos -el paso que dará por primera vez este jueves- para que cada ayuntamiento pudiera licitar y adjudicar el proyecto, el último trámite antes de empezar las obras.
Las resoluciones que vaya validando Educación se irán publicando en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una a una, de manera que se irán incorporando constantemente propuestas que vayan 'engordando' el Plan Edificant. Son los primeros pasos de una de las grandes medidas de la legislatura. El reloj apremia.