VALÈNCIA. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València desestimó este viernes la solicitud presentada por el Partido Popular de paralizar la adjudicación del edificio de los Docks, en La Marina, para instar un centro de procesamiento de datos (data center).
Una paralización que los populares reclamaban, al menos, hasta disponer de los informes de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat, que determinen el grado de protección de este edificio centenario situado en la fachada marítima de la ciudad. El PP argumentaba que no se podía adjudicar su concesión sin saber si el proyecto cumpliría con los usos permitidos por Patrimonio.
Sin embargo, este viernes el equipo de gobierno municipal rechazó la petición al considerar que "el pliego de cláusulas económico administrativas que rige la constitución del derecho de superficie de este edificio hay muchas cláusulas que tienen por finalidad garantizar la salvaguarda y protección del edificio", según explicó el vicealcalde Sergi Campillo.
"Por tanto, una vez efectuada la valoración de las ofertas presentadas, no existe ningún impedimento para que se pueda aprobar la adjudicación del contrato porque en la misma licitación de este derecho de superficie ya se indicaba que se debía respetar la protección patrimonial resultante del informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio", añadió el edil. "Cuando se adjudique, se notificará durante un plazo de tres meses para la elevación a escritura pública de los derechos de superficie", concluyó Campillo.
De esta manera, la resolución de la Junta de Gobierno Local aprobada este viernes recoge que el proyecto de intervención que formule la adjudicataria "deberá disponerse de todos los informes que resulten necesarios con el fin de respetar las condiciones patrimoniales de protección del edificio". Y, en caso de ser declarado como Bien de Relevancia Local, "dar estricto cumplimiento en su proyecto de intervención a las condiciones patrimoniales resultantes".
Como adelantó Valencia Plaza el pasado 31 de diciembre, el Ayuntamiento publicó el concurso para ceder el edificio de los Docks para instalar un data center mientras se está tramitando la elevación de su protección de nivel 2 parcial a Bien de Relevancia Local (BRL), lo que significa que el ganador del concurso tendría que ajustar su proyecto a las nuevas limitaciones arquitectónicas en caso de aprobarse.
Las propias bases del concurso así lo advertían: "Debe advertirse que en el Servicio de Planeamiento se está tramitando el expediente número E 03001 2022 000203 00, sobre solicitud de catalogación del edificio Docks como Bien de Relevancia Local por lo que, en caso de resultar declarado como tal, la entidad superficiaria deberá dar estricto cumplimiento en su proyecto de intervención a las condiciones patrimoniales resultantes".
Entre las limitaciones está la posibilidad de elevar de dos a cinco plantas la altura del edificio, cuestionada en un informe por el propio Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de València. Al concurso se han presentado tres empresas, Sineasen, Nethits Telecom y Data Center Docks, que han ofertado un presupuesto de entre 37 y 45 millones de euros sin saber si tendrán que respetar las dos plantas actuales del edificio o podrán elevarlo a cinco plantas.
Tampoco saben si podrán derribar la estructura interior, como pretendía Nethits en su oferta inicial, ya que la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento considera que "es un edificio singular que forma parte del patrimonio industrial de València" y "está íntimamente ligado a la historia y evolución del puerto de València", por lo que se tendría que estudiar la revisión del nivel de protección "para poder salvaguardar los elementos propios de la edificación, tanto del exterior como del interior".
El vicealcalde Campillo, sin embargo, se amparó este viernes en el pliego de cláusulas administrativas para sostener que existen las suficientes garantías para salvaguardar y proteger el histórico edificio. Por lo que el concurso, seguirá su curso mientras se mantienen a la espera del informe de Patrimonio sobre su nivel de protección.