Aunque se tramita como una subvención administrativa por importe de 100 euros, la cantidad se reducirá según el tipo impositivo de cada contribuyente
VALENCIA. Hacienda somos todos, y también los padres. El bono libro implantado por la nueva Generalitat valenciana, cuyo objetivo venía a ser progresar en la gratuidad de los libros de texto, podría contraer más problemas que soluciones. Los 100 euros que perciben los padres (como máximo) se deben declarar a Hacienda y computan como rendimiento de trabajo. De este modo, si los contribuyentes cuentan con más pagadores en el ejercicio y a ellos se añade la propia Generalitat (pese a ser una cantidad mínima), lo que debería ser un pequeño beneficio termina por convertirse en perjuicio.
La situación fue denunciada por la Federación Provincial de Padres de Alumnos Gabriel Miró, desde donde se alertó de que la subvención estaba apareciendo como rendimiento en el borrador de la renta de las familias de Petrer, municipio que había llegado a tiempo de consignar los pagos en 2015. Poco a poco llegaron más protestas de otras localidades. “Aunque serán las menos, porque en la inmensa mayoría de casos no se ha podido tramitar la ayuda dentro del ejercicio pasado y se declararán en 2016. Es previsible que el problema se concentre en los municipios más pequeños este año y que a Valencia no llegue hasta 2017”, afirma Vicente Morro, presidente de la Fcapa, y lo confirma Màrius Fullana, presidente de FAPA-Valencia, en base a las quejas que han ido recibiendo.
Antes o después, en los municipios grandes o pequeños, el problema será el mismo. Las familias receptoras de dicha subvención verán reflejado el ingreso como rendimiento de trabajo. ¿Y esto que comporta? Que aumenta su apartado de ingresos totales y pueden acabar pagando de más, aunque sea sensiblemente, lo que haría que la ayuda no lo fuera tanto. También se habló de su carácter perjudicial para las personas que no suelen hacer declaración. Al aparecer, con un segundo pagador en su registro, se verían obligados a presentar el borrador, en muchos casos sin tan siquiera tener constancia de esta realidad.
"Pese a tratarse de subvenciones públicas no se están considerando como ganancias patrimoniales, sino como rendimientos de trabajo”
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) niega esta posibilidad. “Efectivamente, con la ayuda aparecerá un segundo pagador, pero si la suma del segundo y siguientes pagadores no supera los 1.500 euros anuales, y si los rendimientos íntegros no superan los 22.000 euros anuales, seguirán sin estar obligados a presentar la declaración”, aclaran. Ahora bien, admiten que la ayuda se está tramitando como rendimiento: “El criterio de la AEAT intenta beneficiar a los padres, y pese a tratarse de subvenciones públicas no se están considerando como ganancias patrimoniales”.
“Ya lo advirtieron los inspectores de Hacienda cuando se estaba gestando la normativa. Pensamos que la Generalitat debería haber pedido un informe a la Agencia Tributaria sobre la repercusión de la medida, pero no lo hizo. Porque al final para Hacienda las cosas son lo que son y no cómo se les llama”, reflexiona Javier Biosca, presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) de Valencia. En su opinión, todos estos problemas tienen que ver con “la precipitación con la que se elaboró la orden”.
Una opinión compartida con Fcapa, que destaca “el lío de informes contradictorios de Hacienda, ayuntamientos y Generalitat”. “Desde el primer momento dijimos que era un anuncio con trampa. Lo vendieron como un avance hacia los libros gratuitos, cuando en realidad es una mera ayuda que asciende hasta 200 euros, y ni siquiera eso con el tema de Hacienda. Por tanto, es uno más de los engaños de esta Generalitat”, critica Morro. La postura de Fullana es menos incisiva, pero también critica la carga en el IRPF: “Una ayuda nunca debe convertirse en una carga, por pequeña que sea. Deberían haberlo contemplado”.
Sin embargo, tanto Gestha como Cosital recuerdan que esto no es “una novedad ni excepción”, sino que ocurre con todo tipo de ayudas. “Es similar a lo sucedido con el plan PIVE. Te compras un coche, pides una ayuda y luego te encuentras con la sorpresa de que se refleja en tu borrador de la renta. Es esencial que la gente sea consciente al solicitarlo”, comparan los técnicos. “Cualquier subvención, salvo que esté expresamente declarada exenta, tributa. Y esa capacidad de exención no la tiene la Generalitat, sino el Estado”, añaden, por lo que el margen de maniobra del Consell está limitado.
El funcionamiento del bono libro se da en varias fases. Los padres deben efectuar la compra de los libros por su cuenta y luego presentar la factura en su respectivo Ayuntamiento, con lo que reciben hasta un máximo de 100 euros como ayuda al finalizar el año. Si además devuelven el material en condiciones al acabar el curso, se les dan otros 100 euros más, una última medida encaminada a crear una gran banco de libros gratuitos para futuros cursos. El gasto previsto corre a cargo de la Generalitat, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos.
Fue una medida polémica desde su gestación. “El problema principal, que incluso llevó a plantear su paralización, fue que quisieran considerarlo como una compra. Porque la Administración no puede comprarle un libro a un padre, eso es ilegal. Como se trata de un dinero a fondo perdido, cabe hablar de subvención y así se ha quedado”, detalla el presidente de los interventores desde la perspectiva técnica. Los consistorios mantuvieron una reunión de urgencia con la Generalitat y, a partir de ahí, se decidió que debían declararla ante Hacienda como ayuda. Si no lo hicieran, incurrirían en una infracción.
Además del apartado económico, la polémica acompaña a la norma en otros aspectos. Los sindicatos protestan porque el préstamo de libros tenga que ser gestionado desde el propio centro, revisando ellos mismos su estado, lo que según Stepv supone “una carga más de trabajo sobre los docentes”. Desde Fcapa tampoco confían en su continuidad, “dada la poca utilidad del banco de libros en el momento en el que se cambie el temario de las asignaturas, la lengua en la que se imparte o la propia Lomce” y ponen en duda su continuidad.
Precisamente, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte informaba el viernes a todos los centros educativos sobre la orden que será publicada en los próximos días y que regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, a través de la creación y puesta en funcionamiento de los bancos de libros escolares valencianos. El famoso #XarxaLlibres. Entre las condiciones, se estipula que sean los propios centros quienes gestionen los recursos y se permite la participación de las familias que, sin haber participado a la primera fase del programa, hayan aportado el lote de libros y material curricular en las condiciones requeridas.