El Botànic se prepara para otra batalla interna a cuenta de la ZAL

VALÈNCIA. Se prepara una nueva batalla en el seno del Botànic, en este caso por la ZAL del Puerto de Valencia y dentro del contexto de las notables diferencias que existen ya entre sus socios por la ampliación norte del recinto portuario. La sentencia del TSJCV que ha anulado el plan especial que aprobó la Generalitat en 2018 para tratar de resucitar la Zona de Actividades Logistica ha abierto una segunda brecha en el Consell y en este caso por una primera cuestión que sí depende del gobierno valenciano: recurrir o no la decisión del tribunal. Tanto la Autoridad Portuaria de Valencia como el Partido Popular defienden el proyecto.

En el Botànic, de un lado, y significados ya junto a los movimientos vecinales que han conseguido esta victoria judicial, están Compromís y Unides Podem EU, socios minoritarios del pacto que piden no recurrir. De otro el PSPV, que aún no ha manifestado una postura oficial, pero que mantiene un elocuente silencio desde que el viernes por la noche se conoció la resolución. La inversión realizada les hacen dudar. También pesa que el Puerto, que defiende el proyecto, 'dependa' del partido, al estar nombrado Aurelio Martínez como presidente de la APV por el Ejecutivo central a propuesta de la Generalitat.

Veinticinco años de ZAL... sin ZAL

La Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València es un proyecto que se ideó en la segunda mitad de los años 90, cuando Martínez era conseller de Economía en el gobierno de Joan Lerma, y que se concretó con un acuerdo en 1998 entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento, todos ellos ya entonces en manos del PP. Se trataba de construir en la zona de La Punta un enorme polígono, de unas 72 hectáreas, fundamentalmente para contenedores. La obra se hizo pero nunca ha llegado a funcionar aunque en su día se aseguró que era indispensable para el crecimiento del Puerto.

El proyecto tuvo desde el principio un fuerte rechazo de colectivos vecinales de la zona del que se contagió parte de la ciudad y propició un movimiento de resistencia ante los derribos de Alquerias tras las expropiaciones que se llevaron a cabo. Finalmente, primero el TSJCV en 2013 y luego el Supremo en 2015 declararon nula la ZAL e impidieron su puesta en marcha. En 2018, ya con el Botànic, la Generalitat trató de resucitarla con un plan que provocó ya algunas fisuras internas y que es el que ahora la Justicia ha vuelto a tumbar ante un recurso del colectivo La Unificadora. 

El debate en el Consell

Este lunes, Ximo Puig hizo un primer movimiento para ganar tiempo y margen de maniobra "Lo que estamos haciendo en estos momentos es leer y estudiar adecuadamente la sentencia y eso es lo que está haciendo la Abogacía de la Generalitat. En función de lo que plantee, se actuará", explicó. 

La decisión, vino a decir, será suya. Pero el president puso ya el marco de la decisión: el "interés general" y la economía. "Habrá que trasladar las consecuencias que tiene esta decisión en términos económicos. Creo que hay que ser cauteloso, ver en qué términos lo plantea la sentencia y a partir de ahí seguiremos las indicaciones de la Abogacía. Hay hecha una urbanización y se iban a instalar una serie de empresas. A la hora de tomar una decisión hay que equilibrar todos los intereses y hay que pensar en el interés general", deslizó Puig. Y fue un paso más allá. "La sostenibilidad no es algo que se pueda plantear contra el trabajo", dejó caer. 

Eso sí, Puig también marcó ciertas distancias con el proyecto. "No es una acción hecha por el Botànic sino que está urbanizada desde hace mucho tiempo, con decisiones que se tomaron hace mucho tiempo. Si fuera una decisión de hoy no se haría en esas condiciones", afirmó.

Pero, después de avanzar su postura contraria al recurso desde el sábado por la mañana, ni Compromís ni Unides Podem EU están dispuestos a dejar correr el tema. Los primeros presentaron este lunes una PNL en Les Corts para instar al Consell a asumir la sentencia sin recurrirla como "punto de partida para plantear  y avanzar hacia un uso público de los terrenos y que responda a su enclave estratégico para conectar València y L'Albufera". Incluyen también la petición de que se decida "de forma participada" ese uso, un guiño a los movimientos que han parado el plan y en el que hay dudas sobre si revertir los terrenos a su uso agrario o favorecer ese corredor verde de conexión. 

Entre los que insisitieron en esta visión estuvo el alcalde de València Joan Ribó. "Creo que ya está bien", señaló antes de pedir al Consell que acepta "la legalidad urbanística". También la síndica Papi Robles siguió en esa dirección y señaló que la reversión "no es tan difícil" teniendo en cuenta que "no hay edificios construidos" y que solo hay "carreteras con unas conducciones hechas". Desde Compromís también pidieron buscar alternativas a la ZAL y que se estudie la opción de Sagunt o la de Riba-roja.

La inversión pública realizada hasta ahora se cifró este febrero en 133 millones de euros, incluidos tres de las obras de reacondicionamiento que están en marcha y que estarán acabadas en mayo. Desde los colectivos contrarios defienden que el gasto se hizo sobre todo en expropiaciones por lo que, si se realiza un proyecto público, se mantendría la nversión. Eso si, hacer un proyecto diferente sin contar con los antiguos propietarios podría abrir la puerta a denuncias.

La APV y el PP piden sacarla adelante, las empresas callan

Desde el Puerto esperan que la Generalitat recurra y defienden el proyecto. "Es un proyecto que es muy bonito para la ciudad, respetuoso con el Medio Ambiente ya que tendrá techos de energías renovables, y que generará 1.500 puestos de trabajo con contrataciones a personas del barrio de Nazaret", señaló Martínez. La previsión es que sean 188 directos y el resto indirectos, no obstante.

El presidente de la APV criticó sin nombrarlos a los socios del PSPV y señalo que le produce "tristeza" la "tremenda alegría" de algunos por esta sentencia, "después de sacar pecho por la llegada de la gigafactoría Volkswagen".

En la misma línea se manifestó la síndica del PP, María José Catalá, que dijo que la ZAL es "irrenunciable". "Creo que no podemos poner palos en las ruedas al progreso de la ciudad y al progreso del puerto de València, líder del transporte de mercancías por el Mediterráneo", señaló la popular. La número dos del PP pidió "hacer las cosas bien" para que la justicia no lo tumbe y que recordó que el plan lo aprobó el Consell y que el gobierno de Ribó también le dio el visto bueno. 

Las que de momento no quieren hablar son las cuatro empresas a las que se les adjudicaron las primeras 'manzanas' en 2020. Se trata de Grupo Raminatrans, QA Pinba, MSC y Medlog Iberia. El proyecto de la APV era comprarle al SEPES (la sociedad estatal de suelo) las parcelas libres a través de VPI Logística para facilitar la "unidad de acción". Ninguna de ellas había iniciado aún ninguna inversión en  la zona y, de hecho, alguna puso ya en marcha ya otras soluciones logísticas ante la incertidumbre.