La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Con la economía española en ascenso, pese a la crisis catalana, el presidente del gobierno Mariano Rajoy anunció este martes que era el momento de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Rajoy, después de una reunión con los agentes sociales cifró el incremento del SMI para 2018 en un 4%, con lo que se alcanzaran los 735,90 euros mensuales si se contemplan 14 pagas. Una subida que, además, se prolongará hasta 2020, ya que se prevé que el SMI alcance los 850 euros en 2020. Esto significa que en los dos años siguientes, 2019 y 2020, el SMI subirá en total un 15,5%.
El propio presidente, tras informar a las patronales y a los principales sindicatos, ya tiene cerrado el decreto para hacer realidad la subida, que se materializara en el último Consejo de Ministros celebrado durante lo que queda de 2017.
La decisión de Rajoy tiene efectos sobre la política del Consell y probablemente sobre los Presupuestos de 2018 que Les Corts votan este jueves. La subida del SMI obliga al departamento que encabeza la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, a realizar un mayor esfuerzo económico si quieren mantener el número de beneficiarios de una de sus medidas estrellas de este año, la Renta Valenciana de Inclusión. El caso es que la Renta Valenciana de Inclusión está referenciada, gracias a un reciente enmienda de Podemos aceptada por PSPV y Compromís, al SMI y no al Indicador de Público de Rentas Múltiples (IPREM), que es el indicador que el Gobierno central creó hace 13 años para que los incrementos del SMI no afectaran a los Presupuestos. Así, el aumento del SMI pactado por Rajoy con los agentes sociales tiene consecuencias sobre el presupuesto previsto para financiar una prestación social destinada a las capas más desfavorecidas de la sociedad valenciana.
El Consell reservó una partida de 88 millones de euros en los presupuestos de 2018 para cubrir el gasto derivado de la Renta Valenciana de Inclusión. Un dinero que, según las previsiones del ejecutivo valenciano, aumentará hasta 2020. Con la pretensión de alcanzar los 95.000 beneficiarios ese año, Oltra anunció en la rueda de prensa de presentación del proyecto de ley de la Renta Valenciana de Inclusión que estaba previsto alcanzar hasta 220 millones de euros para hacer frente a las ayudas sociales del pilar del nuevo modelo social que proclama el ejecutivo.
El incremento del SMI, sin embargo, altera todas las estimaciones hechas de aumento de gasto público. Una subida del 4% comporta destinar 3,5 millones de euros más solo en 2018 si se quiere mantener el número de benficiarios. Así, de los 88 millones de euros contemplados para la Renta Valenciana de Inclusión con una SMI de 707,6 euros se pasaría a 91,5 millones de euros en caso que Rajoy eleve este indicador hasta los 735,90 euros.
Además, el número de personas con derecho a las prestaciones puede aumentar en aquellos casos en que este derecho se establezca en función de una renta referenciada al SMI. Una consecuencia del cambio de criterio que se extiende a otras ayudas, como las de vivienda.
El golpe de efecto electoral de Rajoy muestra la mayor afección que tiene para las cuentas de la Generalitat fijar como indicador de la Renta Valenciana de Inclusión el SMI y no el IPREM. El aumento del SMI, pese a que se negocia entre los diferentes agentes sociales -sindicatos y patronal-, depende de la decisión del Ejecutivo central. Y el IPREM, el indicador sustituido en la reciente aprobada ley de tasas, está ligado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Debido a la decisión de Rajoy, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas podría tener que aprobar una modificación presupuestaria a lo largo del año para poder cubrir a todos los beneficiarios previstos. O, en su defecto, reducir la lista de los que pueden acceder. Desde el departamento de Oltra apuntan que lo "lógico" sería realizar un cambio en las cuentas para poder dar la cobertura prevista, dado que se trata de créditos ampliables.
La Renta Valenciana de Inclusión está dividida en cuatro ayudas destinadas a combatir una determinada situación desfavorable económicamente. Se trata de la renta complementaria de ingresos del trabajo para evitar que no puedan llegar a fin de mes los denominados trabajadores pobres; una ayuda para complementar las pensiones o el seguro de desempleo; una tercera, denominada Renta de Garantía de Ingresos, que asegura las necesidades más básicas, y una cuarta, que recibe el nombre del Renta de Garantía de Inclusión Social, que pretende evitar que determinados segmentos de la sociedad se queden en el final de la cola.
