El moderado decreto que no contenta a nadie

VALENCIA. Son pocas las voces templadas que agradecen la moderación del conseller Vicent Marzà al redactar el nuevo Decreto de Plurilingüismo Dinámico. Abundan, por el contrario, las consignas que apelan a su “insuficiencia”. Con las críticas ya contaban en los despachos de la Generalitat, pero lo que no esperaban es que vinieran desde bandos tan dispares. Por un lado, están los que acusan la poca presencia del castellano y el inglés en los programas en pos de “imponer” el valenciano; por otro, los que consideran que la apuesta por la lengua minorizada ha sido “insuficiente” y requiere de "un mayor impulso”.

Cabe recordar la configuración del nuevo programa lingüístico, que pretende entrar en vigor en todos los colegios de la Comunitat a partir del curso que viene, acabando para siempre con el sistema por líneas castellano/valenciano de la anterior Administración. En concreto, supondrá la creación de una escala de seis niveles de implantación, de mayor a menor presencia del castellano, valenciano e inglés. Asimismo, otorgará una certificación directa al terminar los estudios, baremada en función de la alternativa escogida por cada centro. Una manera de incentivar a los colegios a apostar por el plurilingüismo “sin obligarles”.

Como era de esperar, la oposición política no ha tardado en amenazar con llevar a Marzà a los tribunales. El PPCV anunciaba la futura celebración de tres actos, uno por provincia, para movilizar a alcaldes, militantes y simpatizantes de la formación política contra el nuevo decreto. Además, afirmaba que no descarta acudir a los tribunales "si hace falta" para impugnarlo. Le ha tomado la palabra Ciudadanos (C’s), partido que ayer mismo exigía al conseller “dar marcha atrás” en su nuevo modelo de enseñanza o, de lo contrario, recurriría al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), por el "ataque al inglés".

Sin embargo, sorprende que la mayor beligerancia provenga del Stepv, sindicato próximo a la tendencia ideológica del conseller de Compromís. La asociación no tardó en manifestar su “decepción” con la propuesta por no cumplir con los objetivos de “situar el valenciano como lengua vehicular de la enseñanza” y no llegar a lo que se esperaba del nuevo Gobierno. Hablaron por ello de una constatada “falta de valentía”. 

La reunión que Conselleria mantuvo con la Mesa Sectorial de sindicatos durante la mañana de ayer solo sirvió para recrudecer el enfrentamiento con este sindicato. Stepv se quejaba de la falta de “avances significativos” y protestaba por el hecho de que en dos horas “no daba tiempo” a abordar la cuestión, pese a que se les haya emplazado a encuentros posteriores.

La lectura en clave política

La actitud incisiva debe ser interpretada desde el prisma político. Las agrupaciones en defensa del uso del valenciano esperaban una resolución mucho más radical por parte de Marzà. Al líder del departamento le puede haber templado los ánimos su secretario autonómico, Miguel Soler, que proviene del grupo socialista y tiene otra perspectiva lingüística. Estamos ante un Gobierno de pacto, donde las normas se pactan. 

“En la reunión se hizo hincapié en que este es un decreto del Consell, una norma consensuada, que busca contentar a la comunidad educativa”, insinuaban desde Fete-UGT. El sindicato es de los pocos que ven “razonablemente positivo" el texto de la Generalitat, aunque anotan dos reivindicaciones: la “utopía” de exigirle al profesorado un nivel C1 en inglés y la adaptación de estas exigencias en FP y Educación Especial.

Menos comprensivos parecen en FE CCOO PV. Tras la conversación de ayer, los miembros del sindicato afirmaron que hace falta “más implicación de la Conselleria de Educación para garantizar los derechos lingüísticos”. Sus críticas se dirigen a la falta de "consenso de la ciudadanía" y a la "ausencia de referencias a la riqueza cultural", pero también a la necesidad de un "horizonte de inmersión lingüística" con el mayor número de horas posibles de valenciano. Esto es algo que solo se dará en los centros donde, voluntariamente, se apueste por el modelo lingüístico Avanzado. "Se queda corta", decían, al tiempo que se oponían a "la rigidez" en la definición de las áreas que deben impartirse en cada idioma. 

La insatisfacción de los padres

Tampoco parecen muy contentos los padres. Tras la reunión sindical por la mañana, llegó su turno por la tarde, en una mesa extraordinaria convocada para explicar los principales puntos del nuevo decreto. Hubo representación de la concertada y de la pública. El ambiente general fue bueno, pese a que cada cual tenía sus propias objeciones. 

La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, que mantiene abierto un proceso para que las propias asociaciones de madres y padres aporten sus sugerencias, habla de aspectos positivos como la oferta formativa para el profesorado o el asesoramiento de los docentes. Sin embargo, lamentan la "escasa participación de las familias", incluso a la hora de decidir el Programa Lingüístico del Centro (lo vota el Consell Escolar), y apuestan por buscar nuevas fórmulas. Tampoco tienen claro que "empujar" a los centros hacia el nivel Avanzado vaya a ser totalmente efectivo, por lo que insisten en "mayor incentivo" del valenciano.

Que las Escuelas Católicas iban a manifestar sus quejas era evidente, a la vista de la batalla que mantienen con el conseller por sus diferentes políticas. Una de las partes que más ha molestado a Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) es que el documento "se ponga encima de la mesa para empezar a hablar sin haberlo consensuado antes". Asimismo, insisten en que se trata de un decreto que arrincona las posibilidades del castellano y del inglés, pero tienen esperanza en seguir negociando.