El Defensor del Pueblo pide al Ministerio que se pronuncie sobre la DIA de la ampliación del Puerto

VALÈNCIA (EFE). El Defensor del Pueblo ha emitido un informe en el que considera que el Ministerio de Transición Ecológica "no puede eludir un pronunciamiento" sobre si la declaración de impacto ambiental (DIA) de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto de València, que data de 2007, necesita ser actualizada.

Así se han pronunciado en respuesta a una queja iniciada por la Associació de veïns i veïnes de Natzaret en 2022 y ha considerado que "no cabe pensar que puede realizarse legítimamente una obra sin valorar sus efectos sobre su entorno ni tener en cuenta el paso del tiempo, cuando esa obra no se realizó en el momento en que se proyectó y evaluó".

En este sentido, Ángel Gabilondo exhorta al Ministerio para que, en su evaluación ambiental, actúe de conformidad con los criterios de protección y mejora del medio ambiente, de precaución y acción cautelar, de acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente.

La Comissió Ciutat Port ha celebrado el criterio del Defensor del Pueblo que destaca que "asegurar que la DIA de un proyecto no ejecutado, que se reactiva muchos años después, sigue siendo apta para cumplir los objetivos que el ordenamiento jurídico le atribuye requiere un análisis del órgano ambiental (el propio Ministerio), al amparo de sus funciones de seguimiento".

"Si, además, el proyecto se ha modificado por el promotor y este considera que puede seguir adelante con la ejecución del proyecto sin realizar ninguna evaluación adicional, la intervención del órgano ambiental es indispensable para contrastar la información y comprobar que, efectivamente, no van a generarse impactos significativos que no hayan sido evaluados previamente", continúa el informe.

Para la Comissió Ciutat-Port, "el informe del Defensor del Pueblo confirma lo que se ha venido defendiendo por los colectivos ciudadanos y es que la DIA del 2007 no sirve para amparar las pretensiones actuales de la Autoridad Portuaria de llevar a cabo una macroampliación que excede el proyecto original".

"El informe del Defensor del Pueblo reafirma el sentido jurídico de nuestra demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid formulado contra el Ministerio por intentar desentenderse de sus responsabilidades para dictar un pronunciamiento expreso sobre las afecciones medioambientales", han destacado desde Ciutat-Port.

El TSJ madrileño acordó mediante un auto del 25 de enero pasado suspender cautelarmente los efectos de una resolución del Ministerio que atribuía a la Autoridad Portuaria de Valencia "la doble condición de órgano promotor de la ampliación y de órgano sustantivo a efectos ambientales", según la Comisión. En el informe, el Defensor del Pueblo considera que "una DIA que no se ha aplicado en parte después de 15 años sin duda necesita ser analizada para comprobar su grado de implementación y la eficacia de la evaluación realizada".

Además, añaden que el hecho de que "en la legislación de impacto ambiental anterior a la actual no existiera un precepto específico que regulara la vigencia de la DIA no quiere decir que una DIA pueda tener una validez indefinida". "Y en dicho análisis el órgano ambiental no puede eludir un pronunciamiento, ni limitarse a atribuir la responsabilidad exclusiva del seguimiento al órgano sustantivo", concluye el documento.

Desde la Autoridad Portuaria de València han destacado, por su parte, que el Ministerio ya se pronunció sobre el impacto ambiental en su Informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina sobre este proyecto, un documento que analiza los posibles impactos de las obras sobre la fauna, el fondo marino, las olas y las corrientes.

Este informe, han explicado, fue favorable al proyecto pero exigió al puerto que hiciera 19 cambios en él, algo con lo que el presidente de la APV ya "se comprometió".