Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Foto: EVA MÁÑEZ.VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha aprobado una moción en el pleno de este jueves, defendida por la concejala María Oliver, de València En Comú, en la que se insta al Ministerio de Fomento a paralizar el proyecto de ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-València de la autovía V-21. En su moción, el consistorio ha justificado esta oposición por la defensa de la huerta, una propuesta que ha sido replicada desde el Gobierno de España en la voz de su delegado en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues.
Preguntado al respecto, Moragues criticó la decisión adoptada por el Ayuntamiento ya que desde su punto de vista el proyecto de ampliación de la V-21 es, sobre todo, dijo, “un proyecto de mejora de seguridad vial”. En este sentido, lanzó un dardo contra el Govern de la Nau y afirmó que la coalición “no puede extender el caos circulatorio que reina en la ciudad de València al área metropolitana, oponiéndose a la V-30 y ahora a la V-21”.
Diciendo “no” a este proyecto, sostuvo Moragues, se está perjudicando “a los miles de ciudadanos que utilizan esta vía, que soporta un tráfico de 70.000 vehículos diarios y que actualmente es un cuello de botella”. “Se va a mejorar de forma sustancial la movilidad y accesibilidad al norte de la ciudad y se reducirán los tiempos de desplazamientos a la ciudad. Así que se va a mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos y el Ayuntamiento debería ponerse en la piel de ellos”, criticó.
Igualmente Moragues afirmó que “el consistorio tampoco puede ser una fuente constante de inseguridad jurídica”. “Hay proyectos muy importantes que esté Gobierno está impulsando y a los que el Ayuntamiento de Valencia pone todo tipo de pegas. Este proyecto ha pasado todos los trámites preceptivos y consultivos y conlleva una inversión muy importante – cerca de 30 millones de euros- , soluciona un problema de seguridad vial modificando una curva que actualmente no tiene visibilidad, facilita el día a día de miles de ciudadanos e incluye medidas de integración paisajística, y eso no lo pueden obviar”, dijo.
Los desencuentros entre el consistorio y el delegado del Gobierno son constantes. A nivel judicial, en la actualidad el Ayuntamiento de València y el Gobierno mantienen además un contencioso legal a cuenta de unas contrataciones para la Dependencia.
Dos de los pesos pesados del Govern de la Nau, Sergi Campillo y Consol Castillo, calificaron como “recurso de la vergüenza” y “recurso maligno” el presentado por la Delegación del Gobierno para anular el acuerdo de modificación de plantilla que permitía al Ayuntamiento contratar personal para Dependencia con un subvención de 3,1 millones de euros de la Consellería de Igualdad. Este personal llevaría a la cabo la valoración de miles de ciudadanos.
Desde la Delegación del Gobierno justificaron el recurso en que era “una irregularidad administrativa” y que de ningún modo desde el Gobierno se estaba en contra de crear plazas para Bienestar Social.
