Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. (EFE) El PP de València ha informado este lunes de que el Gobierno municipal que preside Joan Ribó ha gastado durante 2021 un total de 38,75 millones de euros sin control previo, más otros 27 millones que han sido “contraídos de forma indebida”, según el informe del interventor.
En un comunicado, la portavoz del PP, María José Catalá, ha señalado que "un año más, la intervención ha advertido de irregularidades en la gestión municipal. Son incapaces de ejecutar su presupuesto ya que a dos meses de acabar el año sólo había ejecutado el Gobierno de Ribó y sus socios del PSOE, un 23 % de las inversiones previstas".
"Unas cifras muy bajas para una de las principales capitales de España. Esto demuestra que son incapaces de gestionar y lo que gestionan lo hacen mal", ha añadido.
Con los datos de ejecución del presupuesto a 31 de octubre de 2021, “se observa en este ejercicio el mantenimiento de un volumen elevado de obligaciones reconocidas con omisión de procedimiento. A la fecha señalada, el importe total asciende a 38,75 millones de euros. Cifra superior a la aprobada en los mismos términos, en el conjunto de 2020, que fueron 38,61 millones de euros”.
Del importe total reconocido en 2021, tan solo 11,93 millones de euros aparecen reflejados en contabilidad como aprobadas por el pleno, por lo que la mayoría del gasto ejecutado con omisión (26,82 millones de euros) ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, lo que pone de manifiesto "que se trata en general de gastos con crédito presupuestario, pero contraídos de forma indebida", señala el PP aludiendo al citado informe.
En la clasificación de las concejalías que más gastos computan sin procedimiento están las delegaciones de Servicios Centrales Técnicos, Movilidad sostenible, Residuos sólidos y Bienestar Social.
En los cuatro casos superan en este período los 6 millones de euros en obligaciones reconocidas con omisión de procedimiento.
"Cabe volver a concluir del análisis de la evolución de los últimos años, así como del avance de 2021, la ausencia de una adecuada planificación de la contratación por parte de los servicios gestores, que tenga en cuenta los vencimientos previstos de las contratas y los tiempos reales de tramitación de las nuevas adjudicaciones", añade el PP en su comunicado.
