El PSPV plantea que Les Corts decidan si un expresident no es 'Molt Honorable'

Prerrogativas como el coche oficial, una oficina de apoyo, chófer, asesores y escolta con las que cuentan los expresidentes a raíz de una normativa aprobada por el Consell de Eduardo Zaplana en 2002 se han vuelto a poner en tela de juicio desde la propuesta anunciada por Podemos el pasado julio. El grupo parlamentario manifestó su intención de derogar casi por completo el Estatut d' Expresidents, eliminando lo que consideran privilegios, a excepción del título de 'Molt Honorable'.

En el pleno del miércoles, con votos a favor de todos los grupos parlamentarios salvo el PP -que realizará lo que denominan una "abstención activa"-, se admitió a trámite esta propuesta, aunque cada partido aportó sus matices. Punto de encuentro fue la consideración de debatir y revisar el estatuto para determinar las funciones de los jefes del Consell cuando cesan su labor. También PP y PSPV coinciden en rechazar el carácter retroactivo de la modificación de ley.

El PSPV propone que una comisión verifique o no la 'indignidad' de un expresident

En el caso del PSPV, el síndic del grupo en Les Corts, Manolo Mata, anunció que los socialistas plantearán en la tramitación parlamentaria de esta proposición no ley abrir "una especie de causa de indignidad", para los expresidentes "desmerecedores" del título de 'Molt Honorable'.

Según explicó Mata, la causa de indignidad se sometería a debate en Les Corts y, por una amplia mayoría (unos dos tercios) se decidiría si un expresidente es 'indigno'. El procedimiento a seguir sería el siguiente: se detecta una causa de indignidad (por ejemplo, una imputación por corrupción), y tras someter a votación admitir el trámite, una comisión verificaría o no esa causa y, en caso afirmativo, se eliminaría la honorabilidad. 

El síndic también dejó claro que los expresidentes merecen consideración, por lo que deben estar en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) -órgano que Ciudadanos ha planteado eliminar- con voz pero sin voto y en determinadas ocasiones, cuando los expresidentes sirvan de apoyo a otras instituciones -por ejemplo para elaborar informes- se pongan a su disposición los medios necesarios para dicha función.

Giro en el PP

Con esta posición coincidía el diputado del PP, José Juan Zaplana, que también apostó por aprovechar los conocimientos sobre la gestión que poseen los expresidentes. Por otro lado, el popular tachó de "disparatada" la propuesta de Podemos, ya que supone derogar la práctica totalidad de la ley y su planteamiento solo consta de un artículo.

El grupo popular da así un giro en su postura y pasa del rechazo sistemático a debatir el estatuto (la última vez, el pasado enero a propuesta de Esquerra Unida) a la abstención, incluso planteando posibilidades de debate. Zaplana consideró que es necesario dar una salida a los titulares del Consell, considerando que "lo peor que le puede pasar a un político valenciano es ser expresidente". "No puede ir al sector público" -en referencia a las colocaciones 'a dedo'- "ni puede ir al sector privado"- en referencia a las puertas giratorias", así que,"¿para qué sirve un expresidente?" ironizó el popular para expresar esa necesidad.

De los cinco expresidentes valencianos desde la Transición (Joan Lerma, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, Francisco Camps y ahora, Alberto Fabra), planea la sombra de la imputación sobre dos de los populares. Francisco Camps está imputado por el 'caso Fórmula 1', en el que se le acusa de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Su antecesor en el cargo, José Luis Olivas, está imputado por el la quiebra de Banco de Valencia, por delito fiscal en el asesoramiento a la empresa Sedesa y fue detenido el pasado junio por el presunto desvío de capital a Suiza y Andorra.

El entonces president Eduardo Zaplana aprobó esta normativa en 2002, imitación de la que en 1997 instauró el socialista José Bono en Castilla-La Mancha y a posteriori otras 8 comunidades autónomas además de la valenciana, semanas antes de convertirse en ministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar. La norma se tramitó con los votos a favor de los grupos mayoritarios, PP y PSOE sin someterse a debate ni a enmiendas. Además de los apoyos materiales y de personal eventual, la ley prevé que los ex mandatarios valencianos puedan formar parte del CJC, en cuyo caso tendrían un sueldo de 57.000 euros anuales.

La propuesta de Podemos

Fue la decisión de Alberto Fabra al abandonar el Palau de la Generalitat y acogerse al estatuto la motivación de Podemos para plantear esta reforma. La formación critica una ley ambigua, que otorga a su juicio excesivos privilegios con carácter vitalicio, así como la ausencia de cualquier mecanismo de transparencia. Por ello, en el momento de anunciar la iniciativa, Podemos comunicó su intención de que los anteriores presidentes de la Generalitat acogidos a esta norma plantearan una memoria económica para justificar qué se hace con los medios económicos dispuestos por el erario público.