Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Incertidumbre en el sector inmobiliario ante la posibilidad de que la Generalitat Valenciana pueda intervenir en la venta de edificios. A falta de que se apruebe esta medida, el recelo se ha instaurado en el seno de un colectivo que cree que esta decisión puede suponer un freno a la inversión y, en consecuencia, la recuperación económica en el actual contexto de crisis provocada por la pandemia del coronovirus.
Como adelantaba Valencia Plaza, la Conselleria de Vivienda, dirigida por Rubén Martínez Dalmau, ultima un decreto ley para impulsar al tanteo y retracto ejercidos por la Administración, dos derechos de adquisición preferente que permiten a la Generalitat, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta -tanteo- o después de que se haya vendido -retracto-. Aunque este derecho ya estaba regulado desde 2004 para las viviendas de protección pública, la norma valenciana va más allá e incorpora importantes novedades con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda.
Entre ellas destaca la posibilidad de que la Generalitat pueda quedarse edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. La idea del departamento que dirige Martínez Dalmau no es inmiscuirse en cada operación inmobiliaria, de hecho la solvencia financiera de la administración valenciana tampoco le permite comprar de forma masiva, sino intervenir en grandes operaciones en las que participen fondos de inversión.
A falta de conocerse la letra pequeña de esta medida y el posible impacto que tendrá, varios agentes inmobiliarios consideran que puede generar "miedo entre los inversores" al intervenir una administración pública en el mercado. "Me parece peligroso porque puede frenar la riqueza", señala la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García.
Y es que, a su juicio, en este momento se van a vivir tiempos complicados y cualquier injerencia en el mercado puede suponer un obstáculo para la futura recuperación. Entiende que es necesaria más vivienda pública, pero no cree que la mejor solución pase por la intervención. "Hay que ir con cuidado porque a veces es peor el remedio que la enfermedad", puntualiza.
También desde el Grupo Alain, su presidente, Alain Tabernero, considera que el hecho de que entre en el mercado la administración puede suponer "un freno a las operaciones" y generar miedo en los posibles inversores. "Una cosa es negociar con la Sareb la compra de viviendas y otra intervenir en el mercado. Eso no es positivo porque puede generar cierta inseguridad jurídica", indica. Y es que, asegura, que detrás de cada operación "hay un esfuerzo, y una dedicación" por parte de los agentes inmobiliarios que podría quedar en papel mojado si entra la Generalitat.
Eso sí, considera que en la práctica "no va a suponer un número operaciones muy importante porque la Generalitat no tiene fondos para comprar tanta vivienda". "Será peor la inseguridad en este tipo de operaciones de los posibles interesados que realmente lo que será. Estamos a la espera de conocer el detalle de la propuesta", señala.
