Foto: AERTEVALÈNCIA. (EP) El síndic de Greuges ha acordado la inadmisión y el cierre de la investigación abierta tras las quejas presentadas por Aerte por "el bloqueo" producido en el sistema en dependencia y salud mental por la entrada en vigor en agosto del Decreto 102/2022 de la Conselleria de Igualdad al estar el fondo del asunto pendiente de resolución judicial tras el recurso interpuesto por la patronal.
Aerte presentó el pasado 7 de febrero una queja en el que manifestaba su preocupación por las consecuencias negativas del nuevo decreto de la Conselleria de Igualdad por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, va a acarrear a los potenciales usuarios de las viviendas tuteladas de atención a la salud mental.
Así, la patronal afirmaba que este cambio normativo tiene tres consecuencias fundamentales "muy negativas" para la atención a personas con problemas de salud mental en la Comunitat Valenciana: "se bloquea el acceso al sistema de atención en salud mental, se impiden las transiciones entre servicios y centros, y se desmonta la red de atención comunitaria".
Del mismo modo, presentó al día siguiente otra queja por este decreto al entender que "conlleva la limitación de las tarifas de los centros residenciales a través de la concesión de una ayuda --prestación vinculada de garantía-- a la persona usuaria con perjudiciales consecuencias para los usuarios de dichos centros".
El síndic admitió la queja y solicitó a Igualdad un informe "detallado y razonado" sobre los hechos que habían motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre "la posible afectación a posibles derechos fundamentales".
La conselleria replicó que Aerte había presentado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un recurso contencioso administrativo contra este decreto, por lo que entiende que "para no vulnerar su propia ley y en salvaguarda del principio de legalidad, la Sindicatura de Greuges no debería haber admitido tales quejas". En consecuencia, señala que "no corresponde atender sus solicitudes de información para no incurrir en un incumplimiento de la normativa que regula tan alta institución estatutaria".
El departamento que dirige Aitana Mas afeó además en su respuesta que el dato de presentación del recurso había sido "omitido sorprendentemente en la prolija queja de Aerte, tratándose de una información fundamental y relevante" y que resulta "más sorprendente" todavía que la Sindicatura de Greuges, que indica en sus escritos dirigidos a la Conselleria que "ha efectuado un análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable, no haga referencia alguna a este hecho cuando ha sido objeto de numerosas noticias aparecidas en prensa y en redes sociales y es por tanto público y notorio".
El síndic pidió entonces a Aerte que dijera si habían presentado este recurso y tras la confirmación de la parte promotora respecto de una circunstancia de la que esta institución, asegura en su resolución, "no tenía conocimiento al no tratarse de un hecho público y notorio, frente a lo que sostiene la Conselleria", procede a declarar la inadmisión de la presente queja y acuerda el cierre del expediente dado que el decreto sobre el que gira el fondo de esta queja está pendiente de resolución judicial.
