El Tesoro Público y Alastria unen sus fuerzas por el 'blockchain'

MADRID (EFE). El Tesoro Público ha firmado un acuerdo con el consorcio de 'blockchain' (cadena de bloques) Alastria, con el objetivo de promover la implantación de esta infraestructura de "una forma segura y eficiente, con eficacia legal en el ámbito español y acorde con la regulación europea". Alastria es la primera red nacional regulada del mundo basada en 'blockchain' o cadena de bloques, tecnología de almacenamiento y transmisión de datos, que agrupa a más de 180 instituciones y empresas en España, incluida la mayoría del sector financiero. Ahora, con el acuerdo firmado con la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera se incorpora el primer miembro del sector público.

En un comunicado remitido hoy, Alastria ha explicado que del citado acuerdo surgirán propuestas reales de aplicación de 'blockchain'  que "coloquen a sus miembros en la vanguardia y liderazgo de este nuevo entorno digital y transformador de la sociedad". Tal es así, que el consorcio Alastria se ha convertido ya en un ejemplo para otros países, que se plantean seguir el mismo modelo de trabajo, según ha añadido.

El 'blockchain', y de forma general las tecnologías de registro distribuido (Distributed Ledger Technology o DLT), constituye "una de las innovaciones con mayor potencial disruptivo para la economía y la sociedad desde la llegada de Internet", ha destacado Alastria, para quien estas tecnologías tienen una enorme capacidad de transformación de los procesos y modelos de negocio bancarios y del sector financiero en general, entre otros. 

Alastria ha recordado que en el seno del Comité de Innovación Financiera, la Secretaría General del Tesoro coordina el esfuerzo de instituciones como Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, o la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), para dar seguimiento "a un proceso innovador acelerado que tiene un importancia potencial modernizador para el sector financiero". 

Pero, a su vez, "tiene importantes implicaciones desde la óptica de los objetivos de la política pública en el sector, la protección del consumidor y del inversor, la integridad de los mercados financieros y el cumplimiento con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", ha concluido.