VALÈNCIA. El Día de la Marmota es una recurrente referencia cinematográfica sobre los bucles temporales que ya se ha quedado corta al lado de lo que ocurre durante las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat por parte del Botànic.
Un año más, y ya van cuatro, las enmiendas a la ley de Acompañamiento a las cuentas –aquella que recoge los cambios normativos y fiscales– vuelven a aflorar las diferencias entre PSPV, Compromís y Unides Podem respecto a la implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana.
Las conversaciones entre los tres grupos para tratar de presentar un texto conjunto en Les Corts se alargaron hasta la última hora de la tarde de este miércoles, cuando finalizaba el plazo de presentación. Pero no hubo acuerdo. Compromís y Unides Podem registraron su propuesta pasadas las 22.00 horas. Los socialistas, poco partidarios de la medida desde el principio, directamente renunciaron a firmarla.
Así, las otras dos patas del Botànic, a través de sus portavoces Fran Ferri y Pilar Lima, presentaron un texto que, pese a las discrepancias, cumple con las exigencias que habían marcado los socialistas para respaldar este nuevo impuesto que ya funciona con éxito en otras comunidades como Cataluña y Baleares, pero que rechaza el sector hotelero valenciano.
En esta línea, la enmienda presentada sí refleja dos de las condiciones imprescindibles que marcaron los socialistas al inicio de la negociación: que la tasa fuera municipal y voluntaria. Ahora bien, el diseño y la redacción del texto resulta algo compleja y confusa, puesto que al no existir una regulación estatal se debe activar un gravamen autonómico pese a que la intención es que se ponga en marcha sólo en los ayuntamientos que así lo deseen.
De esta manera, la solución presentada por Compromís y Unides Podem es la creación del Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas de ámbito autonómico para, al mismo tiempo, bonificarlo al 100%. Es decir, se reduce a cero. No obstante, al final del articulado se fija una disposición adicional denominada "recargo municipal" donde se autoriza a los ayuntamientos a aplicar el impuesto. En cuanto a la entrada en vigor, se fija en el plazo de un año desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.
Una solución que, por el momento, no ha ablandado a los socialistas, que han mostrado reticencias a esta tasa desde el inicio del debate hace cuatro años. Es más, pese al intento de acercamiento de sus socios, no hay garantía alguna de que se alcance un acuerdo. Tendrán de tiempo hasta finales de diciembre, cuando se celebrará el pleno que ha de aprobar la ley.
Cabe recordar que, este mismo septiembre, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), y el vicepresidente segundo, Héctor Illueca (Unides Podem), escenificaban su primera 'pinza' de cara a la negociación de los presupuestos con la petición de implantar la citada tasa. Pretendían que se pusiera en marcha en 2022 y que la recaudación se destinara a políticas de emancipación de los jóvenes, ya fuera a través de ayudas al alquiler, de la promoción de vivienda pública u otros mecanismos.
Oltra, de hecho, afirmó que la intención era articularla a través de la ley de Acompañamiento, que se encontraba en fase de información pública. Algo que, finalmente, no sucedió y que resultaba complicado que lo hiciera puesto que habría supuesto un trámite administrativo adicional y más farragoso para modificar el anteproyecto.
El asunto fue abordado en el seno de la comisión de negociación de las cuentas en la que participaron representantes de los tres partidos. Como se ha podido comprobar, con poca acogida. La situación abocaba de nuevo a que la pelea acabara en el Parlamento autonómico, lo cual lleva ocurriendo desde 2017. En aquella ocasión ya la propuso Podem en una enmienda a la ley de Acompañamiento del año siguiente, pero nunca salió adelante. La votación se salvó gracias a los diputados no adscritos que se marcharon de Ciudadanos, puesto que los morados se abstuvieron al no ser atendidas varias de sus reclamaciones por parte del PSPV y Compromís –entre ellas la mencionada tasa o el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR)–.
En los años posteriores lo siguió intentando con muy poco éxito y finalmente Podem cedió ante sus socios en 2019 para que se aplazara el estudio sobre la posible implantación a 2020. Pero llegó la pandemia y todo quedó en suspenso.
Pese a la comisión política, esta vez la historia interminable se repite. La voluntad no cumplida era presentar una enmienda conjunta en Les Corts. Según fuentes de los grupos, en la tarde de este miércoles hubo un principio de preacuerdo que luego se fue al traste. Compromís y Unides Podem habían aceptado los términos del PSPV de las últimas semanas. Es decir, que la tasa turística fuera voluntaria y municipal, no autonómica en la práctica. Pero los socialistas creen que es necesaria una ley específica para ponerla en funcionamiento.
La contraoferta de los socialistas fue una proposición de ley conjunta que incluyera estudios previos y que estuviera bien debatida con el sector
La contraoferta por su parte fue una proposición de ley conjunta que incluyera estudios previos, un informe del Consell Jurídic Consultiu, que estuviera bien debatida con el sector, que fuera únicamente municipal y voluntaria y que, en el caso de ser autonómica, tuviera exenciones permanentes. La propuesta parece que no generó mucha confianza entre los socios del PSPV, que ven planear la sombra de un posible adelanto electoral que supondría, otra vez, que todo quedara paralizado.
La posición de los socialistas deja patente que nunca han sido proclives a la tasa. Miembros del Consell como Vicent Soler han afirmado estas semanas que la entrada en vigor podía posponerse hasta 2023. Año que, a nadie se le escapa, es electoral y reduce mucho las opciones de que realmente pudiera cumplirse. Con la renuncia a una enmienda propia o conjunta, los disimulos directamente ya se han dejado de lado.
Si la escena resulta repetitiva con esta tasa, no lo es menos con el impuesto sobre bebidas azucaradas. Otro clásico, sobre todo de Podem y posteriormente de Compromís, que reaparece cada año. Aunque este, directamente, se ha volatilizado antes de tiempo. La líder de los morados, Pilar Lima, aseguró recientemente que era una cuestión que iban a recuperar, aunque finalmente no ha sido así y ambas formaciones han reculado. Fuentes de los grupos señalan que apareció durante las conversaciones iniciales sobre enmiendas, pero "no recibió mucho calor". Así que, a diferencia de la turística, Unides Podem y Compromís ni siquiera han optado por presentarla por su cuenta.
Los primeros argumentan que han centrado sus esfuerzos en un texto sobre salud bucodental para ampliar los tratamientos ortodóncicos que no tengan una finalidad exclusivamente estética en el Sistema Valenciano de Salud.