Familias, en paro o sin contrato y con alquiler: así es el rostro del riesgo de desahucio en València

VALÈNCIA. Una mujer de origen extranjero con pareja y un hijo menor, que además está en paro o con un trabajo precario, que vive con unos ingresos mensuales de apenas 520 euros y que paga un alquiler de 390 euros al mes a un propietario particular -no una entidad bancaria, por ejemplo-. Es este el perfil simplificado y sintetizado de las personas que, ante la imposibilidad de poder continuar pagando la vivienda en la que viven, han acudido durante el año 2020 al servicio de mediación hipotecaria que presta el Ayuntamiento de València a través del despacho jurídico El Rogle.

Pero además de ello, en el informe realizado por los encargados de este servicio, se explicita que "también es muy común la mujer que vive irregularmente y quiere formalizar un contrato de alquiler" y también un perfil de mujer a la que se le acaba el contrato y carece de recursos suficientes para acceder a una nueva vivienda. Situaciones problemáticas con las que se han encontrado en este servicio de intervención para personas en riesgo de pérdida de la vivienda.

En 2020, este servicio, dependiente de la concejalía de Vivienda que dirige Isa Lozano, atendió en total a 388 nuevos casos, de los cuales la mayoría eran mujeres -265 casos-, y también en la gran parte de casos había menores en estos núcleos -235 casos-. Pero en total, las personas afectadas por este riesgo de desahucio atendidas aquí a lo largo del pasado año ascendió a 1.173, a razón de tres personas por vivienda aproximadamente. Todo ello sumado al resto de casos de años anteriores que todavía no se han cerrado.

"Excepto en los meses de confinamiento", reza el informe, el servicio trabajó "por encima de lo que se considera conveniente según los recursos actuales", y esto ha llevado incluso a dificultar en la práctica las técnicas de seguimiento y mediación personalizadas. De hecho, de media se han atendido casi 43 usuarios nuevos cada mes, además del resto de casos que se arrastraban.

Otro factor significativo a destacar tiene que ver con el barrio. Según el análisis de los datos recogidos por el servicio de mediación, Poblados Marítimos es el distrito donde más casos se han registrado, con 59 en los doce meses del año pasado. A él le siguen zonas como Rascanya -38 casos-, Benicalap -34-, l'Olivereta -32-, La Saïdia y una parte de Campanar -28 casos en total-. En la mayoría de situaciones son familias, tanto monoparentales como biparentales y numerosas -276 casos del total-, pero también hay personas que viven solas o en pareja, o con compañeros de piso. "La gran mayoría de los usuarios viven en régimen de alquiler dejando patente la precariedad habitacional que corresponde a este régimen de acceso a la vivienda", resaltan los responsables del servicio.

Con datos en la mano, buena parte habitan las viviendas en régimen de alquiler -251- y en muy pocos casos con una hipoteca -24-. El problema fundamental, en este sentido, es el impago del alquiler o la imposibilidad de ver renovado el contrato. ¿Podría ser una causa el precio de los alquileres? "El precio medio que pagan las personas usuarias en alquiler es de 391 euros al mes", un coste que es "bastante más bajo de la media de la ciudad". Con todo, apostillan los técnicos, "hemos de tener en cuenta que dentro de este cáculo están también las personas que pagan alquiler por habitación", lo que haría bajar el precio medio.

De los propietarios se puede decir que poco más de la mitad son propietarios particulares, donde se engloban pequeños, medianos y grandes propietarios. Casi la otra mitad correspondería a entidades financieras e inmobiliarias y apenas un 1% son entidades públicas. "En este apartado -detalla el informe-, se ha de advertir que el panorama de propietarios ha cambiado mucho y, desde la crisis de 2008, una gran cantidad de inmuebles han acabado en manos de fondos de inversión y grupos empresariales a veces dependientes o relacionados con entidades financieras, que se dedican a especular con la vivienda y que estarían incluidas indistintamente dentro de entidad financiera e inmobiliaria. 

De hecho, entre las empresas que más desahucios ejecutan se encuentran en primer lugar los fondos de inversión. Las ocupaciones irregulares, según explican los técnicos, afectan fundamentalmente a personas jurídicas -empresas-, y los procesos de impago afectan de la misma manera tanto a propietarios particulares como a mercantiles. En cambio, sí se encuentra una especial incidencia de los desahucios por no renovación de contrato en los inmuebles cuyos propietarios son empresas. Esto estaría provocado, según el servicio, "por la venta de los bancos de grandes carteras inmobiliarias a los fondos de inversión, muchos de ellos extranjeros, y que están expulsando de forma sistemática a sus arrendatarios, muchos de ellos de una vulnerabilidad considerable".

Con este panorama, las actuaciones del servicio de mediación son diferentes y pueden seguir distintos caminos. Lo que primero se hace en la mayoría de los casos es una asesoría, habitualmente por teléfono, correo electrónico o por escrito. En algunos casos se llega a la mediación con los propietarios o a la negociación con los bancos o las inmobiliarias. En concreto, durante 2020 se llevaron a cabo 2.716 actuaciones. Entre ellas destaca que se suspendió el lanzamiento en 49 ocasiones y el lanzamiento acabó produciéndose en 6 casos, y en otro se pidió la reestructuración hipotecaria. Además, se alcanzaron 28 acuerdos y casi medio centenar de negociaciones con bancos e inmobliarias. En otros muchos casos se prestó ayuda y coordinación jurídica.

A juicio de la edil de Vivienda, Isa Lozano, el consistorio está llevando a cabo un trabajo ímprobo por "atender a todas las personas con dificultades y a todas se les ofrece alguna alternativa". Para el ejecutivo local, según Lozano, esta cuestión tiene "capital importancia" para "evitar desahucios en nuestra ciudad y poder atender las urgencias que se puedan dar sobre un derecho fundamental para todas las personas como es la vivienda".