VALÈNCIA. El Sindicato Libre de Farmacéuticos ha realizado unas duras alegaciones al cambio de la ley 6/1998 con la que Conselleria de Sanidad busca que sea la farmacia hospitalaria quien dispense a las residencias y no las oficinas de farmacia.
Aunque la decisión causó revuelo en los colegios farmacéuticos las alegaciones han ido más por la vía constructiva. Sin embargo, desde la organización presidida por José Antonio-Puchades, han calificado la memoria económico que justifica esta medida como "creativa", "ajena a la realidad" y "errónea".
El sindicato señala una falta de personal contemplado en memoria, como que deberían crearse 152 plazas de auxiliar de farmacia, y no solo las 24 presupuestadas. También critican que se haya creado una única plaza de nutricionista para 30.000 residencias y señala que no deberían bajar de 50.
Detectan - a su parecer - un error que no se haya contemplado ninguna plaza de auxiliar administrativo y apuntan a la necesidad de ocho. Tampoco de informáticos, donde ponen sobre la mesa la necesidad de crear cinco plazas.
A esto suman la carencia de plazas de conductores, de los que calculan la necesidad de unos 15. Con todos estos apuntes, aseguran que el impacto económico del gasto de personal será como mínimo 10,4 millones y no de 4,9, como apuntaba el informe de la conselleria.
"No se han tenido en cuenta ni los alquileres de los locales donde se vaya a instalar la infraestructura necesaria, ni los gastos de mantenimiento de la maquinaria y los generales", insisten en las alegaciones.
Además, señalan errores en los cálculos por residente y en el ahorro total, que bajaría de 17 millones a dos. Con todo esto, insisten en que sería conveniente que las modificaciones de la ley se tramitasen como proyecto de ley ordinario ante Les Corts y piden retirar el proyecto normativo.