VALÈNCIA (EP). El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha indicado que en 2050 el gasto en pensiones será del 17% o 18% del PIB "si no se hace nada", por lo que apuesta por introducir un recargo sobre la cuota estatal del IRPF para obtener fondos.
A su juicio, eso aseguraría que ese gasto "se reparte entre todo el mundo" y además "de una forma progresiva", ya que si no se controla, "se va a comer todo lo demás". "Vamos a tener tantos recursos en pensiones que va a quedar muy poco para otras cosas que también son prioritarias, como la dependencia o la sanidad", ha advertido.
Además, este método permitiría "que la gente fuera consciente de lo que cuesta". "Si todo el mundo viera el recargo para pagar esos complementos de pensiones, seguramente serían más favorables a los esfuerzos por contener el aumento de las pensiones", ha defendido De la Fuente durante su intervención este miércoles en el Foro Económico del Diario Montañés, celebrado en Santander.
Es por ello que, además de pagar una parte con recursos procedentes de impuestos para repartir los costes "entre los pensionistas de ahora y los pensionistas del futuro", ha apostado por medidas como seguir alargando el periodo de cómputo cogiendo más años de carrera para calcular la pensión, lo que "tiende a reducirlas", o seguir retrasando la edad de jubilación en proporción a la esperanza de vida en aquellos empleos que lo permitan.
Además, ha subrayado que blindar las pensiones frente a la inflación "sería muy deseable", pero es "un lujo" que no sabe "si nos podemos permitir". Más bien, considera que se debe poner un tope de poder adquisitivo que se puede llegar a perder.
Igualmente, cree que "habrá que subir algo las cotizaciones", aunque ha advertido de que en España ya "son muy altas" y que "puede tener efectos nocivos sobre el empleo".
De la Fuente ha hecho un repaso de la situación económica del país y ha destacado la necesidad de acometer una reforma fiscal que "incremente la capacidad recaudatoria del sistema", unida a un esfuerzo por racionalizar el gasto, para "garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas" y poder "pagar el estado de bienestar".
"Tenemos que aumentar la capacidad de recaudación buscando que eso genere las menos distorsiones posibles", ha defendido, apostando por ampliar las bases tributarias para poder mantener los tipos lo más bajos posibles o "eliminar agujeros" como los tipos reducidos del IVA, revisar los beneficios fiscales o los regímenes especiales.
También cree que se deben revisar todos los grandes impuestos y "repensar cómo cobramos por ciertas cosas", apostando por recaudar a través, por ejemplo, de copagos y peajes --liberando de ello a las rentas bajas--.
En este sentido, aunque hubo un "grito de protesta" cuando se anunció la posibilidad de implantar peajes en las carreteras, cree que "es más lógico que sean los usuarios los que lo paguen que el contribuyente medio, que a lo mejor no tiene ni coche". Al igual que, por ejemplo, "no tiene mucho sentido las matrículas universitarias sean cero o próximas a cero porque eso significa que el contribuyente medio acaba subvencionando al universitario medio, que es mucho más rico".
De la Fuente también ve necesaria una reforma de la financiación autonómica, que debería hacerse en varias fases empezando por crear un fondo que complemente la financiación de las que están peor dotadas. Además, no es partidario de la condonación de la deuda a las comunidades porque supondría que en el futuro "nadie apueste por la disciplina fiscal". Y es que, si se perdona la deuda a algunas, "pensarán que tonto el último", ha sostenido.
Frente a ello, ha insistido en que no se puede "seguir gastando sistemáticamente más" de lo que se tiene. Y con el fin de "sentar las bases de un crecimiento robusto y sostenido" en el país, ha abogado por aprovechar las inversiones del Plan de Recuperación, aunque ha señalado que "no está claro" que España lo esté "haciendo bien" con los fondos europeos.
Y es que su desarrollo "es más complicado de lo que parecía, y tarda su tiempo". Además, cree que "las cosas se han hecho muy deprisa, con pocos filtros y poco 'imput' del sector privado" en los proyectos, por lo que tampoco tiene clara la "calidad" de éstos.
"Los plazos desde el principio han sido ajustados y poco realistas. Había la impresión de que se podía hacer rápido y que era fácil, pero los tramites son complicados y hay que planificar. No es sencillo gastar 70 millones en cosas bien hechas", ha argumentado, añadiendo que, además, da la impresión de que todo se ha diseñado "desde la oficina de un Ministerio", sin tener en cuenta a las empresas.
El economista también ha hecho alusión a leyes recientes como la de vivienda, que entiende que va "en la dirección contraria" de lo que se necesita, porque "preocupa la falta de oferta" y "con lo que estamos haciendo vamos a tener menos", pudiendo "acabar cargándonos el mercado de alquiler"; o la de empleo, que ve "similar a la anterior", y frente a la que defiende que "lo que hay que hacer es arremangarse, no poner buenos deseos".
En todo caso, cree que estas grandes materias se deben regular buscando pactos entre los dos grandes partidos y con el mayor consenso posible, porque de lo contrario "no funcionará". Además, ha incidido en que "el prejuicio ideológico no es buen consejero en materia de hacienda", si no que hay que tomar decisiones en base a "criterios objetivos".