Ángel de la Fuente, director de Fedea. Foto: EFEMADRID (EP). La Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (Fedea) ha instado a abordar un pacto de rentas que incluya a los pensionistas y empleados públicos para repartir los costes de la crisis entre todos y aconseja concentrar las ayudas en los sectores y colectivos más afectados, evitando bajadas de impuestos energéticos y subvenciones de carácter general.
Para la Fundación, sería necesario mantener el crecimiento de los salarios y las pensiones --con la posible excepción de las mínimas-- por debajo de la inflación general y ha sugerido tomar como referencia la inflación subyacente, o el resultado de restar de la inflación general el shock de precios a la importación acumulado durante el último año.
"Los detalles del diseño e implementación de un acuerdo de estas características serían complicados y es prácticamente seguro que no se acertará con la fórmula ideal para cortar la inflación en seco", ha reconocido en un informe publicado este jueves sobre la crisis de la guerra en Ucrania y las medidas que ha aprobado el Gobierno para hacerle frente.
No obstante, la Fundación ha alertado de que la ausencia de un pacto tendría consecuencias "mucho peores", ya que haría más probable una cronificación de la inflación que reduciría la competitividad internacional y el valor real de buena parte de los ahorros.
Por otro lado, la Fundación también propone reconsiderar el calendario de cierre de las centrales nucleares y modular el esquema de desacoplamiento de los precios del gas y electricidad para mantener incentivos razonables para la inversión en nueva capacidad de generación renovable y para el ahorro energético por parte de empresas y familias.
En el informe la Fundación ve "discutible" que las acciones paliativas para hacer frente a la crisis deban extenderse al conjunto de las empresas y familias, como se está intentando hacer a través de la introducción de bonificaciones generalizadas al precio de los combustibles y la reducción o suspensión de los impuestos que recaen sobre la electricidad.
"La generalización de las ayudas aumenta mucho su coste presupuestario, desperdicia recursos al dirigirlos hacia grupos poco afectados por el shock y estimula la demanda de energía, contribuyendo a empujar sus precios al alza y a engordar los ingresos de Rusia por su exportación", ha alertado.
Por ello, ha sugerido que una alternativa preferible sería destinar los incrementos de recaudación por IVA e impuestos especiales generados por la subida de precios energéticos a compensar a los grupos más perjudicados por tal subida.
Otra posibilidad a considerar, según Fedea, sería la introducción de aranceles sobre las importaciones de combustibles fósiles rusos. "Estas tasas generarían ingresos adicionales para compensar a los perdedores de la crisis a costa de su causante y desincentivarían el consumo de energía de origen ruso", ha asegurado la Fundación.
Una medida de carácter general que merece para la Fundación una valoración "muy matizada" es la modificación transitoria del funcionamiento del mercado ibérico de electricidad que los gobiernos español y portugués han negociado con la Comisión Europea.
Esta medida no implica necesariamente un coste presupuestario, pero sí supone, según Fedea, un incentivo al mayor consumo de gas y una reducción de los incentivos y los recursos de los productores no gasísticos para invertir en una ampliación de su oferta, que sería particularmente bienvenida en estos momentos en los que a la habitual preocupación sobre las emisiones hay que sumar los costes estratégicos de la dependencia de Rusia.
En la misma línea, la Fundación considera que habría que considerar también los posibles efectos sobre las decisiones de futuros inversores, que tenderán a exigir rendimientos más altos para compensar una mayor percepción de riesgo en aquellos países más proclives a tomar medidas de extracción de rentas, así como sobre los incentivos de hogares y empresas para buscar formas de reducir su consumo energético.
En opinión de la Fundación, convendría establecer una subvención al gas que compense sólo parcialmente la subida de los precios eléctricos y tenga además una senda prefijada decreciente en el tiempo, dando un margen a los usuarios más intensivos de electricidad para buscar alternativas más eficientes, pero empujándoles desde el principio a moverse en la dirección correcta.
Otras medidas aprobadas por el Gobierno que merecen una valoración negativa para Fedea son las limitaciones a la actualización de los alquileres residenciales o la "prohibición" del despido objetivo por causas ligadas a la guerra, que podría tener "el efecto contrario al deseado".
Por último, el decreto incluye también algunas medidas que intentan facilitar el aumento de la capacidad de generación eléctrica de origen renovable, simplificando ciertos trámites como los informes de impacto ambiental. "Estas medidas van en la dirección correcta pero tendrán un efecto muy limitado", advierte.
