Pedro Fresco, director general de la patronal de la energía Avaesen. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El atasco en la tramitación de proyectos de renovables en la Comunitat Valenciana sigue siendo un problema a resolver por la Administración Valenciana. No solo pone en peligro la viabilidad de muchas empresas valencianas, sino que dificulta la lucha contra el cambio climático y la soberanía energética de la autonomía. Por ello, desde Avaesen llevan meses presionando al Consell para que saque la nueva regulación prometida y desatasque los cerca de 400 expedientes que tiene pendientes.
"Cada día que pasa pueden aparecer cadáveres empresariales. Todos los inputs que me llegan de los asociados son de decepción con el nuevo gobierno en la Generalitat e, incluso, me dicen que estamos peor que antes, que no sé si es exagerado, pero representa el sentimiento del sector", admite Pedro Fresco (València, 1981), director general de la patronal del sector de la energía en la Comunitat Valenciana. Anteriormente, fue director de Transición Ecológica de la Generalitat valenciana en el anterior gobierno del Botànic, pero fue cesado por discrepancias con la entonces consellera Isaura Navarro sobre el modelo de renovables.
De hecho, advierte que de prolongarse este bloqueo empezarán a aparecer "cadáveres empresariales" porque las compañías no pueden persistir sin saber qué pasará con sus proyectos mientras hacen frente a los gastos. Pero, además, la Comunitat sigue a la cola en instalación de renovables y muy lejos del objetivo fijado de llegar a los 10.000 MW de potencia instalada en 2030. De hecho, por el momento, la región está en los 2.406,8 MW. "Si la Comunitat se queda siendo extremadamente dependiente de energía que provenga de comunidades vecinas, vamos a tener un problema de gobernanza a nivel de España como lo tenemos con el agua", advierte Fresco.
-El último informe de Avaesen sobre la situación de las renovables en la Comunitat refleja un “estancamiento”, ya que la región solo aporta el 3% de la potencia instalada en España. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
-La cifra realmente es peor porque llegamos al 3% gracias a todo lo que habíamos instalado en la primera década del 2.000. Lo terrible de lo que está pasando es lo que ha ocurrido en los últimos cinco años, cuando hemos instalado 150 MW frente a los más de 20.000 MW a nivel español. Eso es mucho menos del 3%. De hecho, el dato de fotovoltaica es menos del 0,5% de lo instalado en los últimos cinco años en una región que como todo el mundo sabe no tiene sol, entiéndase el sarcasmo. Esa es la gravedad del asunto. Hemos llegado a este punto por tres cuestiones: ha fallado el marco regulatorio, que se ha demostrado que no es el adecuado; faltan funcionarios para gestionar los expedientes; y que no hay un compromiso claro respecto a la importancia de la transición energética. Esa falta de prioridad política es lo que lleva a que no se implementen las medidas que se deben de tomar cuando se ha visto que los datos son los que son.
-Las tres causas que enumera para el exiguo despliegue de las renovables en la región son cuestiones políticas. En la pasada legislatura del Botànic hubieron desavenencias públicas sobre esta materia. ¿Es, por tanto, un problema político?
-Creo que es evidente que la política siempre va por delante de la regulación y las desavenencias del Botànic, ya no entre partidos, sino dentro de los propios partidos, generó un marco regulatorio que no era el adecuado. Además, hubo una serie de departamentos que en vez de crear soluciones, provocaban dificultades. Pero también debemos ser justos y decir que hace ya prácticamente un año que cambió el gobierno de la Generalitat y que hoy por hoy estamos exactamente en la misma situación.
-¿Dónde está exactamente el atasco para que no salgan los expedientes y exista un bloqueo administrativo?
-Los problemas los puedes encontrar prácticamente en cualquier momento de la tramitación burocrática. El problema comienza nada más al inicio. Un proceso como es la admisión a trámite y la exposición pública, que no deberían durar más de 90 días conjuntamente, está tardando más de 500 días, que es mucho más de lo que contempla la norma. Y solo son los dos primeros pasos. No obstante, hay más problemas. Históricamente, ha habido problemas con el informe de Territorio y Paisaje, ya que nuestro decreto 14/20 genera una anomalía absoluta a nivel español ya que este documento es vinculante, mientras que en ninguna otra autonomía lo es. Por tanto, cuando es negativo, y ha habido épocas en las que era muy difícil que no lo fuera, genera problemas. Y, en cambio, un informe de Medio Natural no es vinculante. Ambos informes son importantes para la evaluación ambiental y si pregunta a cualquier técnico cuál de los dos es más importante, todos dirán que es el de Medio Natural, pero aquí es al revés.
-¿Por qué se hizo así?
Por los equilibrios políticos del Gobierno anterior. Compromís llevaba Medio Ambiente, así como las ramas de la Dirección General de Territorio y Paisaje de la Conselleria de Territorio por las sensibilidades y partidos diferentes dentro de Compromís.
-¿Ha habido ideología en las políticas de energía en la Comunitat?
-Creo que la voluntad mayoritaria dentro del Botànic, gobierno del que forme parte, hizo un decreto con vocación de agilizar las renovables. De hecho, crea una ventanilla única, pero después, dentro de toda la estructura de la tramitación, como hay diversos informes que son vinculantes y dependen de departamentos distintos se puede generar fácilmente un embudo con solo que una parte de la cadena falle. Es evidente que hubo una ideologización en ciertos departamentos, no en todos, pero la hubo. Pero, además, faltan funcionarios en todos los departamentos.
-Según sus datos, ¿cuántos proyectos hay ahora mismo atascados en la Comunitat y de media cuánto tardan en salir?
-Estamos en cerca de 400 proyectos en tramitación autonómica y el tiempo es muy difícil de decir cuando la mayoría no han salido. No obstante, puedo decirle que tenemos proyectos pequeños presentados en 2019 y 2020 que todavía no están autorizados. Quiero destacar lo dramático que es que un proyecto de menos de 5 MW, considerado como prioritario por las propias normas de la Generalitat y que no necesita declaración de impacto ambiental, esté cinco años atascado cuando debería autorizarse en seis meses. Además, cuanto más pequeño es un proyecto, lo normal es que lo haga una empresa pequeña y local. Por tanto, estamos perjudicando especialmente a las empresas valencianas de menor tamaño.
-¿Alguna pyme está en una situación complicada económicamente por esta situación?
-La gente tiene que entender que para una empresa tener un proyecto sin poder construir es un gasto administrativo, de personal, tasas y avales que debe acometer sin ingresos. Esto está generando dificultades y, de hecho, llevamos meses diciéndole a los responsables de la Generalitat que o se arregla esto ya o muchas empresas valencianas van a comenzar a cerrar y a despedir personal. Y lo saben. De hecho, hay casos de compañías que hoy están en la Comunitat y que se están planteando qué hacen en una comunidad en la que no se puede sacar un proyecto adelante.
-Usted mismo ha comentado que ha habido un cambio de Gobierno en la Generalitat Valenciana y, sin embargo, sigue el atasco.
-Le voy a decir una frase que cada día me dicen más asociados: "Estamos peor que antes". Intento ser justo con el análisis y es verdad que cuando llegas nuevo a una administración, tengo una experiencia personal en este sentido, tardas un tiempo en entender bien los resortes, las posibilidades y límites que tienes. Hay un proceso de aprendizaje que es natural en los nuevos gobernantes y quiero ser justo. Y así se lo transmito a mis asociados, pero se me están acabando las excusas para defender a los nuevos dirigentes que, me consta que tanto el nuevo directo general de energía como la consellera Nuria Montes, tienen la mejor de las voluntades, pero deben entender que cada semana que pasa sin mejorar las cosas, las empresas se ahogan más. Hay empresas pagando alquileres y suelos y no tienen ya paciencia. Se me han acabado los conejos en la chistera para pedir paciencia.
-¿A qué se refiere con lo de que 'estamos peor que antes'?
-En cierta manera, la gente tenía la expectativa y la esperanza de que con el cambio político, las desavenencias que habían provocado algunas de las situaciones que hemos comentado anteriormente desapareciesen rápidamente, pero la realidad no está siendo así. Creo que hay muchas empresas que tienen un grado muy elevado de frustración. También, era lógico pensar que el nuevo Consell pondría esfuerzos especiales en intentar solucionar esto, pero no ha pasado y estamos a la espera de una reforma que se supone que debería haber salido hace dos o tres meses y pasan las semanas y no sale.
-¿A qué achaca el retraso en la aprobación de la nueva normativa sobre renovables en la autonomía?
-Lo desconocemos. Nuestro temor es que esté parado por una cuestión política de intentar buscar un momento óptimo para presentarla en base a un calendario de eventos políticos y anuncios. Y el sector no puede estar esperando, sino que precisa de un nuevo decreto ya. Cada día que pasa pueden aparecer cadáveres empresariales. Estamos presionando todo el día para saber cuándo estará. Todos los inputs que me llegan son de decepción y de una bajada de expectativas e, incluso, me dicen que estamos peor que antes, que no sé si es exagerado, pero representa el sentimiento del sector.
-¿Teme que afecte el hecho de que estén en los gobiernos de la Generalitat y en Ayuntamiento de València un partido como Vox que niega la existencia del cambio climático?
-Como todos los departamentos de los que dependen las renovables son del PP, nuestra sensación es que Vox no tiene papel en este sentido y , por lo que sabemos, tampoco está entorpeciendo. Además, no entiendo la razón por la que alguien puede estar en contra de las energías renovables y más alguien que habla de soberanía energética. Por tanto, quiero confiar en que los dirigentes de Vox son razonables en este sentido.
-¿Qué cambios debe recoger la nueva normativa?
-Hay varias cosas que deben ser corregidas. Una de ellas es que no sea vinculante el informe de Paisaje. También, hay problemas de interpretación en cuestiones como el suelo de alto valor agrológico. Hay una exigencia de ocupar una mínima cantidad de suelo con alto valor agrológico, pero la definición viene de un mapa de principios de los años 90 con información de los años 80. He visto terrenos catalogados de alta capacidad que son sitios en los que no se ha cultivado nada en décadas y prácticamente desérticos. Muchos campos están abandonados y, sin embargo, están limitados por un mapa superado y que no refleja la realidad actual. Por otro lado, hay que ser ágil con los expedientes. Si un informe no llega en 30 días y no es especialmente relevante, hay que seguir adelante y dar ese silencio como positivo. Puedo entender que con una planta de 49 MW se tenga que ir con más cuidado, pero la mitad de proyectos en la Comunitat son de menos de 5 MW y el 70% son de menos de 10 MW. Por tanto, las plantas pequeñas deberían ser más ágiles porque sus impactos son prácticamente despreciables.
-Por otro lado, desde el Consell se están recurriendo muchos proyectos que están avalados por el Ministerio de Transición Energética con informes favorables. ¿Qué está sucediendo?
-La Conselleria de Medio Ambiente está recurriendo la mayoría de autorizaciones del Gobierno y no comprendemos esta decisión porque es tremendamente perjudicial para la Comunitat. Está habiendo un recurso masivo de Medio Ambiente hacia plantas que han sido autorizadas por el Estado y se está haciendo por la vía administrativa y judicial. Esto es un enorme problema porque si los inversores ven que un gobierno autonómico está judicializando plantas no van a venir. Es verdad que se hace porque esos proyectos tienen algún informe negativo de la Generalitat Valenciana de Medio Natural o de Paisaje, pero eso no tiene sentido. Muchas autonomías hacen informes negativos y luego el Ministerio, dentro de todos los informes que tiene, decide dar una autorización positiva, que posiblemente ha recogido muchas de las causas que han hecho el informe negativo. Judicializar esto es poner en duda el trabajo de los técnicos del Ministerio y poner en riesgo la inversión en la Comunitat.
-¿Cree que es una cuestión de batalla política entre Administraciones de diferentes colores, es decir, PSOE en el Estado y PP y Vox en la Comunitat?
-No lo sé, pero el sector de las renovables no puede ser rehén de una batalla política entre el Gobierno de España del PSOE y el autonómico de PP y VOX, como tampoco podía ser rehén del gobierno anterior cuando se hacían informes negativos de Paisaje para confrontar con el Gobierno central. Las empresas no tienen la culpa de las batallas políticas. Al final, estar recurriendo plantas por informes de Paisaje negativos de la época anterior, cuando el resto de documentos son positivos, es comprar el relato de aquellos que estaban rechazando las plantas renovables y que ellos mismos criticaban en la oposición. Esto se tiene que arreglar y la Generalitat debe ser consciente del enorme daño de prestigio que está causando con este tipo de recursos.
-Además, algunos ayuntamientos han suspendido la concesión de licencias.
-La inmensa mayoría de proyectos en la Comunitat Valenciana no tiene rechazo y los proyectos polémicos son 10-15 casos. Hay otra realidad, que también es importante, y es que la mayoría de ayuntamientos están a favor de tener proyectos renovables en su territorio y esto lo pude certificar en mi etapa en el Consell. Fuera de ahí, hay casos de rechazo porque hay todo tipo de casuísticas, pero no deberíamos romantizar los movimientos de rechazo y crear esa imagen bucólica y falsa de que hablamos de habitantes del territorio contra grandes multinacionales porque no es verdad. Muchas empresas son valencianas y muchas veces los rechazos no vienen de la iniciativa ciudadana, sino que están generados por actores, bien políticos o económicos, que consideran que una nueva actividad les perjudica. También existe el caso de proyectos que están mal gestionados y mal paridos y, por tanto, generan temor e incertidumbre en una población y es normal porque no se ha explicado el proyecto y hay un rechazo natural.
-Entonces, ¿entiende que en algunos casos exista oposición vecinal?
-Lo entiendo perfectamente. Sentir inquietud o recelo cuando te dicen que hay un proyecto que puede ocupar 100 ó 200 hectáreas de tu municipio es natural. Además, creo que debemos normalizarlo. A nuestros asociados siempre les decimos que cuando se hace un proyecto es necesario que haya transparencia y que cuenten en el municipio qué van a hacer. Otra regla es la empatía y entender que es natural que la gente sienta recelo porque hay muchos bulos y mitos falsos y si no lo explicas bien generas temor; y una tercera cuestión es tener flexibilidad porque muchas veces los proyectos con una pequeña corrección pueden ser asumibles con las poblaciones. Pero no es aceptable el bloqueo sistemático y la declaración de moratorias urbanísticas con proyectos que llevan años de tramitación porque acabará judicializándose.
Es importante decir que los ayuntamientos tienen competencias urbanísticas y pueden ejercerlas, pero no tienen competencia en política energética. Creo que tenemos que entender que los ayuntamientos pueden y deben participar y nosotros siempre decimos claramente que hay que estar de la mano con ellos, pero lo que no puede ser es que consistorios que hacían informes a favor, cambien de gobierno después de unas elecciones y se opongan a proyectos ya tramitados.
-Generalmente, el rechazo se produce contra plantas grandes, aquellas de más de 50 MW. ¿Son necesarias en la Comunitat? ¿Qué modelo imperará en la autonomía?
-El hecho de que el 70% de las plantas en tramitación sean de menos de 10 MW nos hace ver que el modelo en la Comunitat Valenciana no será de plantas grandes. Nuestro territorio es minifundista y con más densidad de población que otras regiones y, por tanto, las plantas serán más pequeñas que en zonas como las Castillas, que están más despobladas y tienen más superficie. Pero hay que tener claro que llegar a los objetivos climáticos no se va a poder hacer solo con un modelo de plantas pequeñas. Algunas grandes tendrá que haber y no puede haber miedo porque hay casos de éxito como la de Valle Solar en Ayora, que ha conseguido un consenso enorme dentro de la comarca. Además, los proyectos grandes tienen más capacidad de dejar beneficios en los territorios y eso es importante también.
-El informe también apunta que al ritmo actual de implantación de potencia instalada se tardarían cerca de 150 años en cumplir con el objetivo de los 10.000 MW en 2023. ¿Cuál sería el ritmo deseable?¿Va a ser posible llegar a ese hito después de años de retrasos?
-Va a ser muy complicado. En eólica, por ejemplo, va a ser prácticamente imposible porque no hay proyectos. En fotovoltaica dependerá de lo que hagamos con los proyectos en tramitación. No será fácil, pero se puede conseguir. Y dado que vamos a fallar en eólica, deberíamos tener especial foco en intentar cumplir los 6.000 MW de fotovoltaica. Por tanto, el ritmo debería de ser de 1.000 MW instalados al año, pero los meses pasan y seguimos en blanco.
-¿Qué consecuencias habrá si no se cumple ese objetivo de descarbonización?
-Si la Comunitat se queda siendo extremadamente dependiente de energía que provenga de comunidades vecinas vamos a tener un problema de gobernanza a nivel de España. Creo que tenemos un ejemplo muy claro que es el agua. Tenemos muchos problemas por ser dependientes de un trasvase de una cuenca que está en otra autonomía. Ese escenario se podría replicar en la energía y, de hecho, ya está pasando que los presidentes de comunidades como Castilla La Mancha y Aragón están diciendo que si ellos generan la energía de España quieren beneficios en forma de industria o de financiación autonómica. Por tanto, generarnos una dependencia de este estilo solo nos va a poner en una situación de extrema debilidad. Además, vamos a un mundo en el que la energía se va a generar en la proximidad y ese concepto será importante. En este nuevo mundo, los países con mucha renovable van a atraer industria y España puede ser una potencia de grandes empresas que se localizan aquí por lo barata que es la energía. Eso puede pasar entre territorios y aquellos con más energía renovables tendrán más industria.
-¿Cuál sería el mix energético idóneo para la autonomía energética de la Comunitat?
-Tendrá más prevalencia la energía solar que la eólica por una cuestión de recursos. Hidráulica tenemos la que tenemos y después tenemos que hacer un importante esfuerzo a nivel de biogás porque tenemos un potencial que debemos exprimir. El mix energético del futuro lo va a definir la evolución tecnológica. Ahora, que estamos en pleno 'boom' de las baterías, eso nos va a permitir aumentar porcentajes de solar respecto de la eólica. Pero debemos tener la idea de que el futuro va a llegar por la solar, eólica, hidráulica y el biogás y con eso se puede generar un sistema energético.
En cambio, la Comunitat lidera en autoconsumo. ¿Cuáles son las causas que explican que en esta modalidad los niveles sean mayores y, en cambio, en potencia instalada de fuentes renovables estemos a la cola de España?
-Ahí vemos cómo la política influye en todo. La Comunitat Valenciana a nivel de autoconsumo está por encima de lo que le tocaría por peso poblacional y territorial porque ha habido un compromiso político inquebrantable por parte de todos los partidos de potenciarlo. Eso se ve en que tenemos una deducción fiscal en el IRPF, cosa que no tienen otras autonomías.
-Ha escrito un libro sobre fake news en materia de renovables. A su juicio, ¿por qué en ciertos sectores de la sociedad existe un rechazo o una percepción negativa hacia las renovables?
-Al final, la transición energética es una disrupción tecnológica y eso acaba creando muchos sectores económicos nuevos y matando a otros. Aquellos sectores destinados a desaparecer intentan retrasar el cambio lo máximo posible. Cuando no hay argumentos se recurre al miedo, confusión y los bulos. Eso en el terreno económico, pero en el político estamos viendo que la negación del cambio climático se ha convertido también en una cuestión electoral para determinadas fuerzas que están en la derecha radical y el populismo y eso crea una tensión adicional a la creación de mitos. También, hay una izquierda chamánica que se ha hecho descreída de la ciencia y desconfía de cualquier cosa que venga de la economía privada y el capitalismo. Al final, es parte del pensamiento conspirativo en el que sectores más radicalizados comparten: que todo es mentira y una conspiración.
-Usted fue cesado del Consell por desavenencias con la política de Compromís basada mayoritariamente con autoconsumo. ¿Es posible una transición energética únicamente con placas en los tejados?
-No hay ni un solo profesional energético en todo el mundo que yo conozca que defienda que la transición energética se puede hacer solo con paneles en los tejados. Primero porque no se puede hacer solo con energía solar y, por tanto, ya acaba el argumento. Pero, además, cualquier prospectiva a 2050 refleja que la energía en suelo es mayoritaria respecto del tejado y no porque alguien quiera, sino porque no es viable poner solo placas en los tejados.
-¿Nucleares sí o no?
-Creo que en un país como España, donde la generación de renovable es tan barata, la nuclear ha perdido su sitio. Por tanto, la nuclear acabará cerrando y no tiene sentido crear nuevas. Ahora, hay un pacto por el cierre nuclear entre 2027 y 2035. Es una energía que en la lucha contra el cambio climático sirve porque no emite CO2. Su problema es económico, que ha quedado superada por las renovables. En otros sitios con menos recursos es posible que tenga alguna función. En cualquier caso, no debemos cerrarlas todas de golpe hasta que no tengamos instalación renovable. Eso es lo razonable.
-¿Es posible un sistema energético 100% renovable a nivel mundial?
- Sí. De hecho, es obligatorio que un sistema sea renovable porque si no lo es acabaremos consumiendo los recursos que no son renovables. La única manera de hacer un sistema sostenible es que sea 100% renovable. Hoy por hoy tenemos prácticamente todas las tecnologías que necesitamos. No todas son competitivas, pero tenemos a nivel técnico todas y ahora hay que trabajar el desarrollo de aquellas que no son maduras. Afortunadamente, la tecnología ha venido al rescate de la humanidad para luchar contra el cambio climático.
-¿El hidrógeno verde será la tecnología del futuro? ¿En qué punto de desarrollo se encuentra?
-Es una tecnología que va a tener su lugar en la economía, pero no en tantos sectores como se dice. Hay unas grandes expectativas que en algún punto no tienen sentido porque no vamos a ver coches de hidrógeno. La electrificación ya le ha ganado la batalla tecnológica. Tampoco vamos a ver hidrógeno en nuestras tuberías de gas para calentar las casa porque hay tecnologías mejores. No obstante, tendrá sentido en la industria química o de los fertilizantes y para el craqueo de petróleo. Asimismo, podrá penetrar en sectores en los que la electrificación sea muy complicada como la fabricación de combustibles sintéticos para la aviación o la industria del acero. Solo con esos sectores, y posiblemente también el marítimo para hacer metanol para los barcos, la cantidad de hidrógeno que vamos a necesitar es grandísima. Habrá economía del hidrógeno muy grande, pero hoy no es competitivo. Por tanto, se trata de una tecnología que le falta un punto de madurez. Ahora tenemos que comenzar su escalamiento, mientras comenzamos a implantar masivamente las que son maduras como la solar, la eólica, el biogás y las bombas de calor.
