VALÈNCIA. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este martes la convocatoria de ayudas a personas jóvenes que vayan a opositar a los cuerpos o escalas del grupo de clasificación profesional A de la Administración valenciana. Unas becas de 500 euros mensuales que el Gobierno valenciano concederá para sufragar los gastos que conlleva estar estudiando unas pruebas de acceso a la Administración.
En esta ocasión, se podrán beneficiar un máximo de 100 personas y no el medio millar con la que arrancó este plan diseñado por la Conselleria de Justicia y Administración Pública. Y si bien la reducción en la cifra de receptores no es nueva puesto que ya en el ejercicio pasado se vio mermada a una quinta parte, lo cierto es que la rebaja de becas a repartir por parte de la Generalitat resulta significativa.
Desde el departamento de Función Pública explican que desde la puesta en marcha de este programa en 2019 han constatado cómo no llegaban a solicitarlas una gran cantidad de aspirantes. De hecho, la oferta de ayudas era siempre mayor que la propia demanda. Tras un par de años de experiencia, señalan, han confirmado que la media de los candidatos que la solicitan y los que realmente cumplen los requisitos de las bases rozan aproximadamente el centenar, y no las 500 personas que se preveían desde un inicio.
El periodo subvencionable de estas ayudas ahora comprende desde el 1 de octubre de este año hasta el 30 de septiembre de 2022; es decir, de un ejercicio completo. Y para ello la Conselleria que dirige Gabriela Bravo ha reservado una partida de 600.000 euros, de los cuales una sexta parte se repartirán en lo que resta de año y los otros 500.000 se destinarán para el que viene.
Para acceder a estas becas, el Gobierno valenciano ofrece un plazo máximo de 10 días a partir del día siguiente de la publicación en el DOGV. Por lo que aquellos que deseen registrar sus solicitudes deberán hacerlo antes del próximo 3 de agosto, que podrá presentarse por vía telemática.
Una vez recibidas las solicitudes, la Generalitat estudiará la situación económica de cada aspirante para dirimir si opta a la beca o no en base a un baremo. Si los ingresos por unidad familiar son menores de 3.000 euros, se alcanzará la puntuación máxima -60 puntos-, pero si es mayor de 16.000 euros, los candidatos no conseguirán sumar ningún punto. Además, también se valorará el expediente académico: será indispensable que la nota media supere el 7 sobre 10, porque de lo contrario no podrán sumar nada.
Conviene recordar que esta ayuda estaba enmarcada dentro del Programa 500 que el Ejecutivo valenciano ideó en el seminario de Castalla-Biar en julio de 2018 y se puso en marcha en 2019. Y el Consell tuvo que relajar el pasado verano los requisitos que debían cumplir todos los opositores si querían acceder a ella porque la cantidad de exigencias que reclamaban las bases iniciales provocó que en la primera edición tan solo 49 personas pudieran beneficiarse de este programa. De hecho, tan solo un 9,8% de las subvenciones previstas fueron destinadas para eso mismo, por lo que el Ejecutivo valenciano alivió los requisitos para evitar que lo que una buena idea volviera a fracasar en su segunda edición.
Uno de los requisitos que mayor problema generaba en los opositores era la obligatoriedad de presentar las facturas de los preparadores que tuvieran para poder cobrar. El documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. Condición que acabó derivando en que más de 450 becas quedaran en su primera edición en el cajón, dado que los estudiantes no podían justificar que tenían un preparador —la mayoría, en este caso, relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— porque muchos de ellos cobran sus clases en negro.
El principal cambio que introdujo Función Pública para llegar a más usuarios precisamente afectó a este apartado. En la normativa anterior se exigía que el opositor debía acreditar documentalmente que contaba "con la dirección de un centro especializado o una persona preparadora para orientar el proceso de preparación". Para ello, la Administración consideraría como centro especializado aquel que fuera "reconocido como tal, previa solicitud de la persona interesada, mediante autorización expresa y motivada, por la dirección general competente en materia de función pública, a propuesta de la Subdirección General del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), y persona preparadora a aquella cuya idoneidad sea reconocida de igual modo".
El redactado nuevo reduce toda esta carga burocrática y se limita a exigir que se cuente "con la dirección de un centro especializado o una persona preparadora para orientar el proceso de preparación, o comenzar la preparación al inicio del período subvencionable determinado en cada convocatoria".
Ahora, los beneficiarios tendrán que justificar cada pago al preparador durante periodos de dos y tres meses. Esto es, del 1 al 30 de noviembre podrán presentar las primeras facturas; la siguiente comprenderá del 1 de diciembre al 28 de febrero; el tercer periodo será del 1 de marzo al 31 de mayo; el siguiente del 1 de junio al 31 de agosto; y el último, el que comprenda el mes de septiembre.
Entre las obligaciones que tendrán los aspirantes, además, se encuentra la de "presentarse a las pruebas selectivas que se convoquen por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para el acceso al cuerpo que se esté preparando". Eso sí, no será obligatorio que sea la primera prueba selectiva de acceso a la Administración valenciana inmediatamente posterior a la convocatoria de ayudas.