Consell Local Agrari de Sagunt. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha adjudicado por 343.000 euros el asesoramiento y defensa letrada para los juicios por las expropiaciones de Parc Sagunt II. Sumados a los 95.000 euros que se invertirán en la contratación de procuradores, el gobierno valenciano ha destinado un total de 438.000 euros (importe sin IVA) para hacer frente al proceso judicial que ha abierto una brecha entre la Administración y los agricultores dueños de los terrenos.
El adjudicatario ha sido el despacho valenciano Calixto Escariz, escogido como mejor opción con 94,14 puntos en el concurso público al que aspiraban seis candidatos, entre los que también se encontraban BDO, Broseta, Grupo Unive, PwC y J&A Garrigues. Aunque en un principio se anunció la licitación por valor de 700.000 euros, la oferta seleccionada ha permitido reducir en más de la mitad el coste inicial previsto.
Así, letrados y procuradores representarán en el Tribunal Superior de Justicia a Espais Econòmics Empresarials (EEE) —empresa pública responsable de la gestión de Parc Sagunt II— después de haber rechazado las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones (JPE). Este órgano decretó que las parcelas agrícolas expropiadas para instalar la gigafactoría de Volkswagen tenían un precio superior al que el gobierno pretendía pagar, un dictamen que motivó a la Generalitat a interponer más de 800 recursos contencioso-administrativos con el fin de mantener las tasaciones originales.
Ante esta medida, el conjunto de propietarios afirma sentirse "despreciado" y "olvidado" por el gobierno y exige que se le pague de forma justa. De hecho, el pasado mes de marzo tuvo lugar en Puçol la primera manifestación por parte de los propietarios, quienes mostraron su descontento ante un panorama marcado por la incertidumbre. No solo ven cómo la Generalitat se opone a aumentar la cuantía económica para adquirir sus terrenos pese a contar con el apoyo del JPE, sino que además observan desde la distancia la celebración global de la llegada de Volkswagen, una oportunidad única de la que sienten que no pueden formar parte.
Ahora, es su decisión elegir si personarse o no en el procedimiento. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) transmitió en una reunión informativa a los agricultores las ventajas de la personación a la hora de involucrarse en el juicio y estar informados en todo momento de qué ocurre, además de contar con un refuerzo en la defensa. Aún así, en el caso de que prefieran no hacerlo, la abogacía del Estado se encargará de defender al JPE.
Esto también ha despertado las críticas en el sector, que lamenta el uso de fondos públicos destinados a los juicios en vez de aprovechar el dinero para acatar las resoluciones del justiprecio. Asimismo, temen que la situación se alargue durante años y conlleve más consecuencias económicas para su bolsillo con tal de proteger sus intereses.
Por su parte, Mako Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación y presidenta de Espais Econòmics Empresarials, insiste: "Por parte de Espais Econòmics, no hemos obligado a ningún expropiado a ir a los tribunales porque lo único que hemos impugnado es una resolución del jurado que consideramos que no es correcta en su metodología. Nuestra obligación es defender el interés general".
