Gestha se sorprende por la ausencia de las subidas del IRPF y Patrimonio en el documento del PSOE

VALÈNCIA (EP). Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se han sorprendido de que el PSOE no haya incluido entre sus más de 300 medidas la subida del IRPF que pactó hace un año con Unidas Podemos y por la que podrían recaudarse unos 600 millones de euros, según han señalado en un comunicado.

Asimismo, también han echado en falta el aumento del 1% del Impuesto de Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros, una medida que, bajo su punto de vista, "habría que complementar con otras que eviten las bonificaciones existentes en la actualidad".

Respecto a las propuestas relacionadas con el Impuesto de Sociedades, el sindicato ha recordado que la tributación mínima de las grandes empresas se establecerá en un 15% con carácter general y un tipo mínimo del 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

En esta línea, ha señalado que "junto con la limitación de la exención de los dividendos y plusvalías de fuente extranjera no se tratan de ninguna novedad".

Además, Gestha ha estimado que los cambios propuestos en torno al Impuesto de Sociedades se traducirían en una recaudación próxima a los 1.500 millones de euros, una vez descontados los 260 millones que costará la rebaja para pymes del tipo 25% al 23%, "de acuerdo con la propia actualización del programa de estabilidad remitido a Bruselas".

También sobre el documento de propuestas a Unidas Podemos para negociar un gobierno progresista, Gestha ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "sigue sin comprometerse a publicar la lista de la amnistía fiscal".

Bajo su punto de vista, esta lista con la identidad de las personas que han cometan infracciones tributarias, delitos fiscales o blanqueo de capitales sería una alternativa "más factible" a una publicación generalizada de los datos de todos aquellos que se acogieron a la amnistía, "lo que daría lugar a un conflicto constitucional".

Por último, Gestha ha respaldado la propuesta de reforzar la evaluación de la eficiencia del gasto público con un procedimiento sistemático de análisis y seguimiento de las recomendaciones (spending review).