Concentración en la puerta de los juzgados de Catarroja. Foto: VPVALÈNCIA. Los Juzgados de Catarroja, una de las cinco localidades de la provincia que perderá su jurisdicción en violencia de género, han recibido hoy la visita de decenas de manifestantes en la concentración organizada por el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Con las pancartas bien altas y el lema "Por un juzgado especializado" repetido a pleno pulmón, profesionales de la abogacía, la política y la ciudadanía se han unido para mostrar su rechazo a la reordenación planteada en el Real Decreto 954/2022 aprobado por el Consejo de Ministros.
Este establece que la jurisdicción del partido judicial de Quart de Poblet pasará a València, la de Carlet y Xàtiva a Alzira, la de Moncada a Paterna, la de Catarroja a Sueca y la de Picassent a Torrent. De esta manera, las víctimas serán atendidas en sedes especializadas. Se trata de una polémica decisión que ha desatado las críticas puesto que no ha sido consultada y, según critica el ICAV, entorpecerá el proceso para interponer una denuncia.
El partido judicial de Catarroja es el encargado de gestionar los casos de más de 100.000 personas de la comarca de l'Horta, concretamente de las poblaciones de Albal, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Sedaví y Llocnou de la Corona. A partir del año que viene, sus habitantes deberán desplazarse hasta Sueca, en la comarca de la Ribera. "Va a bajar el volumen de denuncias. Si le dices a una vecina de Catarroja que tiene que ir hasta Sueca a tramitar todo se lo va a pensar. Es necesaria la especialización, pero hagamos un juzgado especializado dentro de las demarcaciones que tenemos actualmente", ha explicado en el encuentro Josefina Carmona, representante de la Sección del Turno de Oficio.
"Esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta que detrás de las estadísticas hay personas. Si hubiera voluntad política por parte de Conselleria, se podría suspender la aplicación de este real decreto hasta encontrar una solución más justa para las víctimas de Catarroja, de Xàtiva, de Carlet y del resto de partidos judiciales", ha insistido.
Una opinión compartida por Auxiliadora Borja, decana del Colegio de la Abogacía de Valencia, que ha lamentado que el cambio afecta a "gente muy vulnerable que necesita estar en su entorno". Asimismo, la decana ha afirmado que el traslado en taxi -una de las soluciones aportadas por la Conselleria de Justicia- tampoco será útil, pues permite al agresor identificar las intenciones de la víctima.
Este ambiente de impotencia también está presente en los ayuntamientos desde que recibieron la noticia. El alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, ha compartido que el encuentro mantenido con los portavoces de la Conselleria de Justicia fue "agridulce". "Estoy indignado, a partir del 1 de enero perdemos un servicio de proximidad. Pedí que si no está en Catarroja al menos fuésemos a València porque la comunicación es más fácil, pero solo nos dijeron que se estudiaría en un futuro poner un Juzgado de Violencia Familiar", ha declarado.
Al encuentro ha acudido también el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca, Jesús Salvador Muñoz, para mostrar su solidaridad hacia los compañeros y compañeras de Catarroja. "Las grandes perjudicadas van a ser las víctimas, pedimos un juzgado especializado aquí. De esta manera, no tendrían que desplazarse a 60 kilómetros -ida y vuelta- ni ellas, ni los testigos, ni los abogados, ni la policía. Es un disparate, hay que poner en evidencia la pésima gestión que ha tenido la Conselleria; estamos muy enfadados". Además, Muñoz ha señalado que en Alzira todavía no están preparados los juzgados, mientras que en Sueca no saben quién llegará. Se produce así una carga mayor en las localidades que mantienen las competencias, por lo que ha exigido más medios para afrontar la nueva realidad.
A pesar de la decepción, los distintos colectivos no se rinden y ya han anunciado que habrá más manifestaciones. Buscan así hacerse escuchar y compartir su opinión, una oportunidad que no tuvieron antes de la aprobación del decreto. Mantendrán su presión para conseguir un cambio y proteger a todas y cada una de las víctimas de violencia de género, que en dos semanas tendrán que desplazarse a sus nuevas sedes judiciales.
