Con estas ayudas, una familia de cuatro miembros recibirá 350 euros mensuales que destinará a consumir productos de necesidad básica.
VALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado 7 millones de euros en concesiones directas, de carácter excepcional y singularizado, a los servicios sociales de Atención Primaria para garantizar las necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectadas por la pandemia de la Covid-19.
Un total de 230 entidades locales y mancomunidades de la Comunitat Valenciana titulares de servicios sociales (67 de la provincia de Alicante, 40 municipios de Castellón y 123 de la provincia de Valencia) van a recibir estas ayudas para hacer frente al impacto económico y social provocado por la actual emergencia sanitaria, explical la Generalitat en un comunicado.
Se trata de prestaciones económicas individuales (PEI) que se podrán solicitar mensualmente y se tramitarán por cada unidad de convivencia. La ayuda tendrá una dotación de 200 euros, que se incrementará en 50 euros más por cada miembro de la unidad de convivencia. Es decir, una familia de cuatro miembros recibirá 350 euros mensuales que destinará a consumir productos de necesidad básica.
Para estas PEI, las 67 entidades locales y mancomunidades de Alicante perciben 2.600.196 euros; los 40 municipios de la provincia de Castellón, un total de 811.335 euros, y, para las 123 entidades locales y mancomunidades de la provincia de Valencia, la cantidad asciende a 3.588.469 euros.
Para agilizar la tramitación de estas ayudas y que las familias que lo necesiten dispongan lo antes posible de las prestaciones, se ha establecido que, en los casos en los que exista solicitud de ayuda a nombre de la persona solicitante, independientemente de su naturaleza, registrada en los 6 meses anteriores, no deberá solicitarse documentación que ya esté en poder de la Administración y se tramitará la ayuda de forma automática, siempre que la persona lo requiera de acuerdo con el criterio profesional del equipo de atención primaria de servicios sociales.
En caso contrario, los servicios sociales de Atención Primaria requerirán una declaración responsable de la situación como único requisito para la tramitación de la prestación, sin perjuicio de su posterior justificación. Para poder justificar esta ayudas, la persona titular deberá aportar los recibos o facturas de compra o de suministros que serán necesarios para la renovación de la prestación.
Estas subvenciones, aprobadas por el Pleno del Consell y publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se han acordado en el marco de las medidas extraordinarias establecidas para reforzar las políticas sociales y de atención a personas y familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como las personas mayores, las personas en situación de dependencia, sin hogar, familias monoparentales y niños y niñas afectados por el cierre de centros educativos, todo ello en el marco de la situación excepcional derivada de la Covid-19.
Se han establecido dos conceptos por los que las entidades locales recibirán estas subvenciones. Por un lado, se contemplan los créditos destinados a garantizar las prestaciones básicas de servicios sociales que contemplan los servicios de proximidad de carácter domiciliario, el traslado al domicilio de los servicios de rehabilitación, el refuerzo de los dispositivos de atención a personas sin hogar, para adquirir medios de prevención o las prestaciones económicas individualizadas.
Por otro, los créditos destinados a las prestaciones económicas de infancia para garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
La dotación global de estas subvenciones en toda la Comunitat Valenciana asciende a la cantidad de 11.553.770 euros. Por provincias, 4.235.162 euros corresponden a la provincia de Alicante, 1.381.118 euros a la de Castellón, y 5.937.490 euros a la provincia de Valencia.
Por conceptos, la distribución de los créditos ha sido de 7 millones de euros para PEI; 1.500.000 euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD); 741.520 euros para barrios inclusivos y 2.312.250 euros para PEI de infancia.
La urgencia y vulnerabilidad de las situaciones de los ciudadanos y ciudadanas serán diagnosticadas por las personas profesionales de los equipos de atención primaria de servicios sociales.
