VALÈNCIA. El fallo de Tribunal Constitucional que anula el método para calcular el impuesto de plusvalía ha trastocado las previsiones de muchos ayuntamientos valencianos que encaran la recta final de la elaboración de los presupuestos del próximo año. Y es que, este tributo de carácter municipal, gravaba a quienes vendían un inmueble a través de una fórmula que provocaba que siempre tuviesen que pagar por el aumento del valor de dicha propiedad, aunque realmente no se hubiese producido tal revalorización.
Así, la decisión del Tribunal Constitucional ha pillado a los departamentos económicos de los distintos consistorios trabajando en las cuentas de 2022. Unas previsiones que, hasta ahora, incluían este impuesto entre sus ingresos. Sin embargo, a menos de dos meses para terminar el ejercicio, la incertidumbre se ha colado en los despachos de los regidores y regidoras de Hacienda que esperan impacientes una decisión del Ministerio de Hacienda para reorientar sus cuentas.
Bastante preocupados se muestran en la capital de la Ribera Alta, donde el ayuntamiento se encuentra en plena elaboración de las cuentas de 2022. "Es fundamental tener claro cuáles van a ser los ingresos por la plusvalía y en estos momentos no lo sabemos", apunta el regidor de Hacienda de Alzira, Albert Furió. "Nos quedamos en una gran indefensión, esto nos supone un problema que esperamos que se pueda resolver, si es posible, antes de que terminemos de elaborar las cuentas", comenta.
En su caso, este tributo representa en torno a 600.000 euros de ingresos al año: "estamos elaborando los presupuesto, tenemos la incertidumbre de si podremos contar con ellos o no", reconoce el edil. Estas dudas también se trasladan al posible alcance de los importes cobrados en concepto de plusvalía que deberán devolver. Cabe recordar que, en el adelanto de la sentencia del TC, únicamente permite acogerse a ella a las declaraciones impugnadas antes del 26 de octubre, fecha en la que se emitió el fallo.
Ante este escenario, se han propuesto varias soluciones. Por una parte, la del Ministerio de Hacienda que apuesta por modificar la forma de calcular el tributo adaptándose a las exigencias del Constitucional para que sea justo. Y, por otra parte, la vía propuesta, entre otros organismos, por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que consiste en que el Gobierno central compense a los consistorios por el dinero que dejarán de ingresar. "Desde nuestro punto de vista, somos más partidarios de que se nos compense hasta que llegue esa nueva fórmula", señala Furió.
En cambio, otros municipios de la Ribera Alta como Algemesí, que para 2022 tenían presupuestado un ingreso de 325.000 euros en concepto de plusvalía, se mantienen cautelosos ante los posibles anuncios que puedan hacerse desde el Ministerio de Hacienda. La misma postura que han adoptado los ayuntamientos de Cullera, Sueca y Almussafes, en la Ribera Baixa. "Esperamos que el gobierno lo solucione, tal y como está instando la FEMP. Sin una solución a este tema será difícil confeccionar unos presupuestos para el año que viene", admite el primer edil de Cullera, Jordi Mayor, cuyo ayuntamiento lleva recaudado en lo que va de año en torno a dos millones de euros.
La compensación del Estado a los municipios también es la vía por la que aboga el regidor de Hacienda de Xàtiva, Ignacio Reig, quien duda de que la nueva fórmula para calcular la plusvalía pueda estar lista para ser aplicada en enero de 2022. "Esta situación nos genera una incertidumbre importante, dudo que tengamos un nuevo impuesto listo para del 1 de enero. Entonces, a corto plazo afrontamos un problema serio", subraya el edil. De hecho, admite que este nuevo panorama "supone un trastorno importante", ya que solían recaudar en torno a los 750.000 euros al año a través de este tributo. En concreto, para 2021 tenían previsto recaudar 560.000 euros, de los cuales solo les ha dado tiempo a captar el 70%: "esto nos deja un agujero en el presupuesto de este año de unos 200.000 euros", lamenta.
Eso sí, desde la administración local destacan que, al haber aprobado ya en comisión informativa las cuentas de 2022, "será menos problemático que en otros ayuntamientos". "El presupuesto lo hemos podido salvar, contamos con los ingresos de la plusvalía, aunque sabemos que ese dinero no estará disponibles. Habrá otros que todavía no tienen el presupuesto terminado y sus interventores les dirán que los ingresos de la plusvalía no pueden incluirse. Esos sí que tendrán un problema grave", augura Reig, quien admite que, aun así, el próximo año tendrán "problemas" que deberán reajustar. Pese a ello, el responsable de Hacienda en el consistorio de Xàtiva califica como "positivo" el cambio que se producirá en este impuesto: "lo estaban recurriendo las grandes empresas, mientras que la gente corriente, que no tiene tanta capacidad para ello, lo pagaba, y eso era terriblemente injusto".
En los municipios de l'Horta existe una mezcla entre incertidumbre y prudencia. Todos ellos están a la espera de saber cómo será esa nueva fórmula de cálculo, sin embargo, algunos como Torrent o Catarroja se muestran cautelosos ante la nueva tesitura. Es el caso del regidor de Hacienda de Torrent, Andrés Campos, quien ha puesto en valor las liquidaciones seguras del impuesto: "esa nueva fórmula puede afectar en que las previsiones varíen, pero en cualquier caso, pensamos que estarán más o menos en la misma cantidad que esperamos. Torrent está siendo muy prudente en sus liquidaciones y creemos que con el nuevo sistema de cálculo nuestras cuentas serán parecidas".
Hay que tener en cuenta que Torrent tenía presupuestado casi cinco millones de euros con el ingreso de este tributo: "en las cuentas de 2022 tendrá una partida similar, entre los cinco y seis millones", ha estimado el edil. Bastante menores son las previsiones en Catarroja, donde, según el responsable del área de Hacienda, Juan Carlos Martínez, para 2021 la estimación de ingresos por la plusvalía rondaba los 1,6 millones de euros. De estos, la administración local ha logrado recaudar alrededor de 1,2 millones de euros. "Cuando se cambian las cosas siempre es un trastorno, pero en este caso, no un problema", señala Martínez, quien apuesta por mantener la calma.
"El presupuesto lo teníamos ya medio preparado y lo hemos tenido que ajustar a las circunstancias, pero yo tenía claro que este cambio iba a producirse, porque cuando un juzgado da la razón al consistorio y otro se la da al ciudadano es que algo no cuadra. Por eso espero que el Gobierno central esté pendiente de hacer la plusvalía justa y con garantías jurídicas para la ciudadanía", ha destacado el edil. Además, ha recordado que el ejecutivo local se muestra "tranquilo", ya que "como la regla de gasto queda suspendida para 2022, Catarroja tiene remanente suficiente para el año que viene".
Pero, otros municipios como Burjassot no lo tienen tan claro. Pese a reconocer que esta modificación puede afectarles menos que a otras localidades porque su terreno edificado no es muy amplio –gran parte de su término es huerta–, sí se muestran preocupados por este nuevo escenario. "Tenemos incertidumbre porque no sabemos muy bien qué hacer, si contar con esa cantidad para el año que viene o si quitarla. La mayoría estamos a la espera, pero la plusvalía tanto para este año como para el que viene supone en torno a 800.000 euros, que para nosotros es una cantidad importante", aseguran desde el ayuntamiento.
Al igual que el resto de municipios, Gandia busca fórmulas para no dejar de percibir los tres millones de euros correspondientes al impuesto de plusvalía sin subir otras tasas ni tomar medidas que perjudiquen a la ciudadanía. Una cantidad que, en el caso de la ciudad ducal, corresponde al 5% o el 6% del presupuesto total y que supondrá reajustar el presupuesto para compensar esa manca de ingresos. "Esta medida no va a dañar los bolsillos de los ciudadanos", ha explicado el regidor delegado de Economía y Hacienda, Salvador Gregori.
Una medida del Tribunal Constitucional que supone modificar el presupuesto del 2022 y que, en el caso de Gandia, supondrá no poder amortizar una cantidad determinada para reducir la deuda económica, que actualmente se cifra en 275 millones de euros —inicialmente era de 350 millones de euros—. Con todo, las opciones que tiene Gandia pasan por modificar la partida de las amortizaciones para reducir esa deuda. Una media que debe ser consensuada por el gobierno local y por el Ministerio de Hacienda pues el consistorio gandiense esté sometido a un Plan de Ajuste que le obliga a presentar las cuentas ante el Ministerio de Hacienda.
De ser aprobada esa modificación en las partidas presupuestarias en las próximas semanas, se mantendrían los plazos para aprobar los presupuestos a finales de diciembre y empezar ya el año con los de 2022, cuyas líneas virarán en torno a la salud, la calidad y comodidad urbana, la materialización de los proyectos que están en marcha y el año Jubilar de San Francisco de Borgia.
