Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Intervención del Ayuntamiento de València ha constatado los riesgos existentes en los flujos internos de pagos en la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Se trata de hasta 25 "debilidades de control interno e incumplimientos legales" detectados en el funcionamiento de la empresa pública. En definitiva, deficiencias algunas directamente relacionadas con el fraude de cuatro millones acaecido hace más de un año, y ahora recogidas en un documento que no hace más que desdecir algunas de las férreas defensas esgrimidas por el presidente, Giuseppe Grezzi, así como constatar la falta de controles internos ya probados y asumidos en las conclusiones de la comisión de investigación sobre la estafa.
Durante la estafa, la jefa de Administración, Celia Zafra, fue presuntamente engañada por los estafadores para tramitar ocho pagos con la finalidad de una falsa compraventa en China. Estos le convencieron -según Telefónica, mediante técnicas de ingeniería social- para que la directiva tramitase los pagos sin avisar a sus superiores: el entonces gerente, Josep Enric García, y su superior más próxima, la jefa de Gestión, María Rayón. Así pues, fue vital la concentración de funciones en Zafra, que imposibilitó que los cortafuegos administrativos fueran eficaces: si los diferentes pasos para hacer efectivo un pago no están repartidos entre diversos responsables, basta con que falle el único encargado para que el control no funcione.
El informe, que fue solicitado por el PP hace un año, ahonda bastante en esto y señala que la jefa de Administración era la encargada de preparar los pagos y, al mismo tiempo, de realizar las conciliaciones bancarias -la comprobación después de que se ha hecho el pago-. Por ello, abunda el interventor en la acumulación de tareas "que deberían realizarse por personas diferentes para garantizar un adecuado sistema de control interno". Es más, el órgano de fiscalización subraya que el riesgo en este caso "se incrementaba" cuando la empleada del departamento de Administración, situada a las órdenes de Zafra, "estaba de baja o de vacaciones", ya que "todas sus tareas se ejecutaban, de forma adicional", por Zafra.
Así, Intervención señala que en las comprobaciones "no debería intervenir la persona que revisa la preparación de los pagos y a su vez los propone". Y al hilo de ello, insiste en que debe haber un manual de procedimientos "debería recoger esta segregación" de funciones, así como "las posibles incidencias por bajas o periodo vacacional".
Huelga recordar que la comisión de investigación concluyó que "el reducido número de personas" del área de Gestión -en la que se inserta la de Administración- "fue, sin duda, una de las claves para que los trabajos relacionados con la conciliación bancaria no se llevasen a cabo con la debida diligencia". Ello, unido al hecho de que la jefa de Gestión, superior de Zafra, María Rayón, estaba de baja por maternidad y no delegó ni reasignó expresamente ninguna función durante este periodo, provocó la existencia de "tareas que quedaron desatendidas" durante el fraude.
Volviendo al informe de la Intervención, otro detalle interesante que desvela en este sentido es sobre los pedidos a proveedores. Aquí, asegura que en la EMT las compras recurrentes tenían una numeración secuencial y "no se ha obtenido evidencia de que se revisaran regularmente, lo cual incrementaba los riesgos de que se realizaran compras no autorizadas". Asimismo, la solicitud a los proveedores se hace por correo electrónico con acceso a todos los empleados, lo que implicaba que cualquiera de ellos podía realizar un pedido, puesto que no requería firma electrónica.
Así pues, señala cierto descontrol en las facturas porque no todas se reciben de la misma manera y en el mismo departamento, lo que resulta en "un riesgo de que se tramiten inadecuadamente". El trámite interno no es digitalizado al completo, y eso aumenta el riesgo de tramitar "facturas inadecuadas".
Pero lo cierto es que una de las cuestiones que influyó en la tardía detección de la estafa tiene que ver con la comprobación de los pagos. Esto es, con las conciliaciones bancarias. La EMT defendió en diversas ocasiones que este procedimiento de comprobación de los pagos se realizaba diariamente, pero lo cierto es que no es así. "Mensualmente se preparaban las conciliaciones bancarias", asegura la Intervención, en la misma línea de lo que declaró la empleada encargada de esta tarea, del departamento de Zafra.
Luego esta conciliación era revisada por la jefa de Administración, que como se ha dicho, también era la que preparaba los pagos. En resumen: Zafra proponía los pagos y -en ausencia de su empleada, que no estaba durante la estafa trabajando- también era la encargada de comprobar que los pagos estaban bien hechos. De manera que era del todo imposible que nadie más advirtiera ninguna irregularidad porque nadie más participó en toda la cadena de control durante el fraude.
Al margen de las operaciones bancarias, también explica la Intervención que la EMT cuenta con cinco cajas diferentes: una "grande" y otras cuatro "pequeñas" en las áreas de contratación, técnica, operaciones y gestión. Ahora bien, todas tenían algo en común: "No existía ningún procedimiento que regulase el uso y funcionamiento de estas cajas".
En la caja grande entra el dinero de los cobros en efectivo de la oficina de atención al cliente. Y de ahí se pagan gastos corrientes como taxis, restauración, farmacia y botellas de agua. Aquí sólo se hace un arqueo al año, y nunca durante el ejercicio. Tampoco en las cajas pequeñas, donde no se hacen nunca.
Tras tener constancia del informe de la Intervención, la portavoz del PP, María José Català, aseveró que el documento "pone en evidencia las mentiras continuadas del tándem Ribó y Grezzi sobre la gestión de la empresa en los últimos años" y subraya que "han existido brechas en el control de pagos e incumplimientos legales". Así, los populares han anunciado que llevarán este documento al Tribunal de Cuentas porque, asegura Català, en él "se acredita que la gestión negligente de la EMT podría haber sido la causa de que la empresa tuviera incumplimientos legales y tantas debilidades y brechas en su seguridad contable que pudieron dar lugar al robo de los cuatro millones de euros".
Sobre el arqueo de caja, la portavoz añadió que el informe asegura que se hacía "con carácter anual y no mensualmente como Grezzi falsamente aseguró que se hacían en la comisión de investigación". La existencia de cinco cajas es, también a juicio de Català, una "irregularidad sorprendente y muy grave", además de que no tenían ninguna regulación. "Esta auditoría no deja lugar a dudas y señala que los máximos responsables de la gestión, Ribó y Grezzi, no han habilitado los controles de pago que se le exige a una empresa del volumen de la EMT".
Por ello, aseguraron en el PP, insisten en "la urgencia de que la EMT sea intervenida cuanto antes por el Ayuntamiento", además de exigir la destitución de Grezzi y de su equipo de alta dirección. "Es incuestionable, por mucho que desde el PSPV se quiera seguir tapando su negligente gestión, que la situación de la EMT es un verdadero polvorín que va a continuar provocando nuevos escándalos", auguró Català.
