Sandra Gómez, presidenta de Aumsa. Foto: EVA MÁÑEZ
VALÈNCIA. La Intervención Municipal del Ayuntamiento de València ya ha emitido el informe de auditoría sobre el funcionamiento financiero de los organismos y empresas que dependen del consistorio, y en la mayoría de ellas ha encontrado importantes deficiencias que finalmente abocan el balance a un diagnóstico desfavorable. Entre las entidades más potentes se encuentran Aumsa y la EMT, ambas con algunos problemas de gestión financiera, según relata el documento.
Esta auditoría se corresponde con el último ejercicio cerrado. Es decir, el del año 2020, y la mayoría de las conclusiones señalan deficiencias en el control y gestión de los recursos y de los activos financieros. Por ejemplo, uno de los puntos más controvertidos por lo que respecta a la empresa Aumsa, presidida por Sandra Gómez, tiene que ver con el salario del gerente quien, tal y como se recoge en el informe, cobraba por encima del máximo establecido en el Plan de armonización de las entidades financieras del Ayuntamiento de València.
Cabe recordar que por aquel entonces estaba al frente de la entidad José Antonio Martínez Roda, aunque en mayo de este año 2021 fue relevado por Alberto Aznar. Además, el informe también señala que se han producido aumentos retributivos a los empleados por encima del 2% previsto legalmente.
Asimismo, la auditoría atribuye debilidades en cuanto a control interno e incumplimientos legales en el procedimiento de compra y pago a los proveedores. En este sentido, señala que la empresa no cuenta con manuales que establezcan el modo de actuación en los procesos de facturación, gastos y pagos, igual que tampoco se establecen las responsabilidades y funciones del personal involucrado. Todo ello impide, por ende, la identificación de los riesgos y la correspondiente implantación de controles para mitigarlos.
Aunque, según apuntan, existe un manual de contratación menor, que sin embargo no ha sido debidamente aprobado por los órganos de gobierno de la entidad. Por su parte, el informe reconoce que durante 2021 se ha trabajado en el correspondiente manual de contratación menor, del que hasta ahora no existía constancia.
Tras conocer las auditorías, el concejal del PP Juan Giner Corell, instó a la empresa pública a "corregir todas las irregularidades detectadas y poner en marcha un plan para evitar estas subidas salariales y que disponga ya de los manuales de funcionamiento para evitar situaciones como la vivida en al EMT que por la falta de estos manuales se han robado de sus cuentas 4 millones de euros".
Por otra parte, la auditoría indica que la persona encargada de gestionar los datos de los proveedores -lo que incluye la capacidad de modificar la cuenta bancaria a la que se realizan las transferencias- es la misma que posteriormente autoriza los pagos. Todo ello incurre, a su entender, en una indebida e insuficiente segregación de funciones, lo que en última instancia pone en riesgo los recursos de la empresa.
Asimismo, el documento señala que Aumsa recurre indebidamente a la figura del contrato menor -sin concurso público- para abastecer servicios regulares y estructurales de la actividad de la empresa, lo que no se ajusta con la definición de contrato menor, que en todo caso es para cubrir necesidades puntuales. Así, considera que la firma no debería recurrir a este tipo de contratación para funciones como por ejemplo la limpieza de solares, puesto que es una actividad que se puede planificar y por lo tanto tramitar a través de un contrato más grande con una sola empresa que preste regularmente el servicio.
Cabe recordar que los contratos menores están sujetos a menos control que los contratos grandes, principalmente porque responden a una necesidad puntual que además no supera cierto límite de importe. Sin embargo, a este respecto, la auditoría también señala que se han detectado contratos menores cuyo desempeño de las funciones se ha alargado durante más de un año, lo que supone un incumplimiento de la ley de contratos, según indica.
En cuanto a los pagos de facturas a los proveedores, no existe un reglamento escrito con los criterios para dar el visto bueno a una factura, por lo que la Intervención considera que podría darse diferencia de criterios entre unas y otras: "Todo ello a riesgo de que se tramiten facturas indebidamente aprobadas", señala al respecto. Además, también apunta a la falta de un departamento de tesorería, puesto que hasta 2020 sus funciones se ejecutaban desde el departamento económico. Así, recomienda que acometa una separación de funciones para garantizar la independencia.
En este sentido, la auditoría también echa en falta una política sobre el manejo de fondos clara y definida, del mismo modo que tampoco existía un procedimiento para la colocación de los excedentes de tesorería. Finalmente, en lo que tiene que ver con la prevención de los posibles fraudes, el informe de la intervención también deja una serie de recomendaciones: por ejemplo, estipula que el sistema informático debería tener un procedimiento de alertas que avise sobre la llegada de los recibos domiciliados que superen un determinado precio, para hacer comprobaciones antes de proceder al pago.
Asimismo, también señala que la preparación del pago de las nóminas a los trabajadores las debería revisar un responsable y luego dejar constancia de ello, para que no se produzcan en ningún caso pagos indebidos. Y es precisamente en el plano del control interno donde la Intervención incide de manera especial, al recomendar que se deje testimonio de todas las comprobaciones sobre cambios en números de cuenta, incorporación de nuevos proveedores u otros movimientos que puedan implicar riesgo de estafa. Y es que, hasta 2020 se supone que había una persona encargada de acometer este trabajo, pero no hay constancia de que dejara certificación de sus comprobaciones.
La Intervención también hace referencia a otros controles realizados por auditoras externas a las entidades dependientes del Ayuntamiento de València, entre ellas la EMT. En este sentido, una de las conclusiones que destaca el informe es que la empresa que preside el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, aprobó contratos por valor de hasta 914.000 euros "al margen del procedimiento contractual previsto en la Ley de contratos del sector público". Es decir, que hizo una serie de adjudicaciones directas sin seguir el cauce legal establecido.
Del mismo modo, también apunta a deficiencias en la gestión de los contratos menores. Concretamente, la auditoría indica que el órgano de contratación no firma los informes de necesidad para estos contratos, del mismo modo que tampoco constan los expedientes de informe justificativo. Con todo ello, es imposible saber si se está alterando -o fraccionando- el objeto general de la contratación con el fin de lograr una adjudicación menor, las cuales tienen una serie de ventajas como un control administrativo más laxo. En esta línea, el informe también hace referencia a la detección de una serie de fraccionamientos en revisiones de autobuses, averías o instalaciones, aunque no da más detalles al respecto.
Tampoco en el caso de los contratos no menores mejoran las perspectivas de la EMT. De hecho, la auditoría señala graves deficiencias dentro de este apartado, como por ejemplo la ausencia de la declaración de no incurrir en un conflicto de intereses durante el proceso de contratación. Asimismo, y según el informe, las cláusulas de modificación de contratos están insuficientemente detalladas, y tampoco hay aprobadas instrucciones que garanticen la correcta ejecución de los servicios externos.
Por su parte, los informes técnicos de cuantificación de las ofertas sometidas a juicios de valor no están adecuadamente motivados, mientras que los auditores no han podido comprobar que las facturas hayan sido aprobadas por la persona competente y dentro del plazo establecido. Asimismo, el desglose de los costes en los pliegos no es el adecuado, y las condiciones especiales de ejecución no se verifican durante la vigencia de los contratos.
Finalmente, también los procesos de contratación han sido cuestionados en el informe. Y es que, según indica, no se ha autorizado la masa salarial por parte del Ayuntamiento de València, y se han efectuado contrataciones temporales sin justificar en los expedientes la existencia de necesidades urgentes e inaplazables. Asimismo, prosigue, se han efectuado reestructuraciones de personas sin estar sujetas a la Relación de Puestos de Trabajo en vigor, y también procedimientos de promoción interna sin aplicar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Pero eso no es todo, sino que además la auditoría también señala que existen defectos formales en los expedientes de contratación por medio de la oferta pública de empleo, al tiempo que las indemnizaciones por razón de servicio "no están suficientemente documentadas". Y, por último, también se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los administradores por 7.431 euros.
Al hilo de todo ello, el concejal del PP Carlos Mundina señaló que la auditoría es "demoledora" y las deficiencias detectadas son "gravísimas". "No sabemos a qué espera Ribó para destituir a Grezzi y ordenar que la Intervención Municipal intervenga inmediatamente la empresa para evitar el cortijo que Compromís está construyendo en una empresa que se sustenta con los impuestos de los valencianos”, señaló Mundina
