José Luis Moreno, puesto en libertad tras su detención por la 'Operación Titella'. Foto: JOSÉ OLIVA/ EPVALÈNCIA (EP). El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido parcialmente el recurso presentado por el productor audiovisual José Luis Moreno contra la fianza de 3 millones que se le impuso para permitirle que la preste con aval hipotecario, en lugar de con aval bancario o en metálico, y que pueda quedar en libertad provisional, en el marco de las pesquisas por la presunta estafa de 50 millones de euros que se investiga en la 'Operación Titella'.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta forma alternativa de depositar la fianza exigida implica que Moreno deberá respaldar con hipotecas el doble de la cantidad que se le había señalado inicialmente, por lo que en lugar de avalar tres millones tendrán que ser seis millones.
Así se recoge en el artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que la fianza hipotecaria podrá sustituirse por otra en metálico, efectos públicos, o valores y demás muebles de los enumerados en el artículo 591, en una proporción que debe ser el doble que el del metálico señalado para la fianza, y una cuarta parte más que éste el de los efectos o valores al precio de cotización.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha resuelto así el recurso de reforma formulado por el ventrílocuo el miércoles, apenas a un día de que expirara el plazo que le dio el instructor para depositar en metálico o con aval bancario esos tres millones de euros. Tiene hasta las 15.00 horas de este 8 de julio para hacerlo.
En el recurso presentado por Moreno, se solicitaba la suspensión de esta medida cautelar y su "libertad provisional" o, de forma alternativa, una rebaja de la fianza hasta un total de 300.000 euros para evitar la prisión provisional.
Por su parte, el fiscal se adhiere parcialmente al recurso de Moreno, aunque establece que no se puede mostrar "de acuerdo con el alegato relativo a la ausencia de marco normativo para acordar la medida cautelar personal cuyo enervamiento se pretende".
En esta línea, señala que en la "resolución impugnada" se "omite toda referencia a los datos que vienen a considerar la concurrencia de la finalidad de evitar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia legalmente prevista para acordar la prisión preventiva".
José Luis Moreno, puesto en libertad tras su detención por la 'Operación Titella'. Foto: JOSÉ OLIVA/ EPEn el auto, el juez justifica la cuantía de la fianza de 3 millones en tanto que Moreno ha "hecho alarde" de sus "capacidades económicas" a lo "largo de la investigación". Además, señala que la "gravedad de las penas constituye un aliciente lo suficientemente vehemente" como para que el productor trate de "ponerse fuera del alcance de la justicia".
En este sentido, el juez ve además suficientes "indicios" de la participación de Moreno en "conductas constitutivas, al menos, de estafas reiteradas, falsedad documental, contra la Hacienda Pública e integración en organización criminal".
La capacidad económica de Moreno, "reconocida" por él mismo en 23 millones de euros, "permite" al juez "justificar" el importe de la fianza ya que, de ser esta inferior, "la convertiría ineficaz a los fines pretendidos".
"La cuantía se estimó conforme a las condiciones económicas y posibilidades del investigado y con la finalidad de que pudiera ser efectivamente constituida, si bien se valoró entonces como adecuada la limitación a metálico o mediante ingreso en la cuenta de depósitos del juzgado y mediante aval bancario", recuerda el juez.
Pero, además de tener en cuenta "las características y la gravedad de la pena", el juez hace hincapié en que esto no puede ser tomado como "único criterio" a la hora de ponderar el riesgo de fuga de Moreno.
Por eso, pide tener en cuenta otros datos personales relativos al ventrílocuo como "el arraigo familiar, profesional y social" de Moreno, además de sus "conexiones en otros países" y los "medios económicos de los que dispone".
El juez imputa a Moreno y al que sería su socio en esta presunta "organización criminal", Antonio Aguilera, delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible.
Moreno y Aguilera fueron detenidos la semana pasada en una macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona que terminó con 47 detenidos en varias ciudades, y con registros en viviendas y empresas, todo como parte de esta causa, que sigue secreta.
De momento, el magistrado ha acordado libertad bajo fianza para los arrestados que han pasado por la Audiencia Nacional. Así, ha fijado en 200.000 euros la de Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, que figura como administradora de algunas de las empresas señaladas.
La investigación comenzó en el año 2018 a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional apunta, en la resolución donde ordenó dichos registros -a la que ha tenido acceso Europa Press-, a la existencia de "una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés".
"Ligada directamente" a esta organización criminal, explica el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del 'narco' a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.
El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como "máximos responsables" y Antonio José Salazar como tercero en acción. Cada uno tendría una función específica. El productor de televisión, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".
Para el juez, "queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales". Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con "facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios".
Ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar, de acuerdo con el magistrado. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, afirma el magistrado.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones movían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida de dos formas: con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
Gómez dice que la sentencia es "un nuevo varapalo a los gobiernos del Partido Popular en València de la época de Rita Barberá"
