ALICANTE. (EFECOM).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido el embargo de varias fincas propiedad de los cabecillas de la estafa piramidal de Madeira Invest, situadas en Alicante, Illescas (Toledo), Collado de la Vera (Cáceres), Boadilla del Monte (Madrid) y El Espinar (Segovia), así como el nombramiento de un administrador judicial para todas las sociedades denunciadas.
En un auto fechado el pasado 15 de octubre, el titular del juzgado central de instrucción número 4 solicita el embargo de esas fincas. Se trata de la causa que investiga una serie de denuncias -de la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas- por una supuesta estafa piramidal contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, cuyo cabecilla, Alvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez.
Calama considera que se trata de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, cuya instrucción requerirá previsiblemente de comisiones rogatorias internacionales.
El juez aprecia hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que ascendería a más de 11 millones de euros, que podría superar los 300 millones; y un número de afectados previsiblemente superior a los 27.000.
El fundador de Madeira Invest, Álvaro Morillo, conocido en redes sociales como "CriptoSpain", se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento intentaba convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.
El juez Calama desestimó el pasado 16 de octubre en una providencia la pretensión de las sociedades ElusiónLegal y EluLegal de acusar de fraude fiscal a algunos de los afectados por el fraude Madeira Invest, descartando así que se vaya a trasladar a la Agencia Tributaria información alguna.
El pasado 18 de octubre, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, los representantes legales de Romillo solicitaron al juez fijar los criterios para la determinación de la responsabilidad civil, a fin de que "únicamente se tengan por personados en el procedimiento a quienes acrediten debidamente la condición de perjudicados"
