Margarita Soler hace entrega de la Memoria anual a Enric Morera. Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). El Consell Jurídic Consultiu (CJC) advierte de la frecuencia de la contratación irregular en administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, sobre todo en los ayuntamientos, algo que está prohibido "especialmente cuando se trata de un contratista de buena fe que acepta el encargo sobre el principio de confianza legítima".
Así consta en su memoria de 2020, presentada este martes en Les Corts, que cierra un año especial por su 25 aniversario y complicado por la pandemia. "Las reclamaciones COVID no han llegado todavía; no sabemos cuándo será ni cuántas", ha remarcado su presidenta, Margarita Soler, con la previsión de recibir estas consultas en los próximos meses.
Hasta entonces, entre sus conclusiones del año pasado, la institución alerta que la contratación irregular se produce "con frecuencia" en las administraciones, con prácticas como contratos, prestaciones y prórrogas verbales o modificaciones sin procedimiento.
En estos casos, apunta, la administración se encuentra ante un contratista que ha ejecutado lo encargado y presenta una factura, con lo que "no hay duda" de que las prestaciones deben ser compensadas porque de lo contrario se produciría un enriquecimiento injusto.
A partir de ahí, según el CJC, se da una controversia jurídica sobre cuál es el procedimiento a seguir. En los análisis realizados en 2020, la contratación verbal que se estima irregular se podía calificar como una prórroga de un contrato anterior extinguido (televisión por cable o telefonía móvil) o como un contrato menor nuevo aparentemente desvinculado de uno anterior.
Como conclusión, a administración debe articular el mecanismo necesario para garantizar el pago, pero hacerlo sin incumplir la ley y tener en cuenta que el reconocimiento extrajudicial de créditos debe emplearse excepcionalmente en situaciones puntuales irregulares "y no como instrumento para hacerlo de manera habitual o sistemática".
A su juicio, la forma más adecuada de actuar en los casos de inexistencia de crédito o ausencia de procedimiento sería una revisión de oficio por nulidad, que supone liquidar el contrato y que las dos partes restituyan las prestaciones recíprocamente o la "culpable" indemnice a la otra.
Con todo, el órgano recuerda que se debe evitar el "abuso" de este mecanismo y reconoce que el contratista debe ver reconocido su beneficio industrial si desconocía que participaban en un contrato irregular. De lo contrario, "si conocía que su actuación no estaba apoyada por la legalidad, implicaría premiar y favorecer la contratación irregular".
En algunos de los casos estudiados no ha podido saber si la parte contratista tenía conocimiento de la "mala fe o voluntad maliciosa" en la contratación. "No hay que olvidar que es a la administración a la que hay que exigirle mayor diligencia en el cumplimiento de la normativa", subraya, ya que puede ser la más beneficiada.
En general, como balance anual en cifras, el Jurídic Consultiu recibió 714 consultas y emitió 681 dictámenes frente a las 687 y 739 del año anterior, respectivamente, y celebró hasta 47 plenos.
Por áreas, tras Sanidad con 257 asuntos relacionados, destacan las consellerias de Justicia (64), Movilidad (28), Educación (21), Economía (18), Igualdad (13), Hacienda (12) o Agricultura (12) , por delante del área de Presidencia (8).
Los ayuntamientos que realizaron más consultas son los de Santa Pola y València con 45 y 18, respectivamente, mientras la Universitat de València se posicionó a la cabeza de las universidades con seis. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) realizó una, al igual que la Diputación de Castellón.
Por materias, la mayoría estaban relacionadas con indemnizaciones de daños y perjuicios y responsabilidad patrimonial (378), por delante de las revisiones de oficio de actos administrativos (146) o los proyectos de reglamento (100).
A lo largo de 2020, los meses en los que se presentaron más solicitudes fueron octubre y noviembre, con una caída notable en los primeros meses de confinamiento. En materia económica, la cantidad mínima reclamada fue de 8.000 euros y la máxima de 52,68 millones
En general, el CJC tramitó 44 dictámenes solicitados con urgencia y dejó 26 asuntos sobre la mesa. No tuvo que realizar ninguna advertencia a la Generalitat por omisión de petición de dictamen preventivo.
"Es la memoria de un año complicado, pero hemos cumplido con el trabajo: que no se notase que había una pandemia", ha resumido su presidenta tras entregar la memoria al 'president' de Les Corts, Enric Morera, y a los grupos parlamentarios.
También ha defendido el control previo en las administraciones para evitar ir a los tribunales y ha destacado que la mayoría de dictámenes salen adelante por unanimidad y que la Generalitat, aunque no está obligada a hacerles caso, los suele tener en cuenta. En los últimos años ha constatado un aumento de consultas por parte de las universidades, los ayuntamientos y las diputaciones.
