VALÈNCIA. Desde el mandato pasado el Ayuntamiento de València está intentando por alguna de las vías meter mano a la exención fiscal de la que disfruta la Iglesia Católica para sus inmuebles lucrativos -educativos, sanitarios y de otros usos ajenos al culto-. Sin embargo, la pretensión no se ha podido hacer realidad por las trabajas jurídicas y legales de la Ley de Mecenazgo, en cuyo artículo 15 se ampara la Iglesia para no pagar el gravamen.
El consistorio elaboró una lista de inmuebles en esta situación e incluso llegó a remitir algunos recibos sin éxito cuando era edil de Hacienda el concejal socialista Ramón Vilar. Más tarde, se hizo una consulta jurídica al Jurado Tributario municipal sobre las posibilidades de cobro. Y como no hubo respuesta clara, el departamento, ya encabezado por el sucesor de Vilar, Borja Sanjuán, elevó una solicitud de informe al Ministerio de Hacienda para que avalase su intención de practicar estas liquidaciones del IBI.
Finalmente, la Dirección General de Tributos del Ministerio ha respondido que la autoridad para declarar la existencia de ayudas de estado que alteran la competencia corresponde a las instituciones europeas, adonde mira ya la concejalía de Hacienda. "Estamos estudiando la posibilidad de elevar un expediente a la Comisión Europea para que analice si el régimen de beneficios fiscales de la Iglesia Católica y otras entidades sin ánimo de lucro es constitutivo de ayudas de estado", asegura Sanjuán en este sentido.
Los técnicos municipales se centran ahora en dirimir si el ayuntamiento se puede considerar interesado en este proceso para pedir la revisión de ayudas de estado, si bien existe la convicción de que sí lo es puesto que, sin ir más lejos, el consistorio es el que recauda el impuesto y, por ende, es un afectado directo de estas exenciones. De llevarse a cabo esta solicitud a la Comisión Europea, sería la primera vez que una entidad local acude a este organismo para este menester.
Si la Comisión Europea resolviera a favor, España debería revisar su sistema de exenciones fiscales a entidades sin ánimo de lucro en aquellos casos en que se estén ejerciendo actividades económicas, subraya Sanjuán, y habría que "adaptar la normativa española a la decisión comunitaria".
"Nuestros técnicos están convencidos y cualquiera que estudie el caso estará convencido de que estas exenciones son una ayuda de estado y de que no deberían producirse porque están falseando la competencia", sostiene el edil de Hacienda, quien incide en que no tiene "ningún sentido que dos locales que se dediquen a una misma actividad, uno pague el IBI y otro no; es una situación absolutamente anómala".
Según el cálculo que ha elaborado el consistorio, en virtud del artículo 15 de la Ley de Mecenazago que regula estas exenciones fiscales, el Ayuntamiento de València deja de recaudar cada año 4,3 millones de euros, de las que entre el 40 y el 50% -cerca de dos millones de euros- corresponderían a inmuebles de la Iglesia donde se desarrollan actividades económicas. Es el caso, por ejemplo, de inmuebles como la Universidad Católica, al que le correspondería pagar unos 51.000 euros, o la Casa de la Salud, a la que le tocan dos recibos de 196.000 euros, como publicó este diario.
El consistorio, al parecer no está solo. El Jurado Tributario del Ayuntamiento de Barcelona emitió un informe que abre una vía jurídica para acabar con estas exenciones por constituir probablemente una ayuda de estado. Lo hacía, de hecho, en base a un fallo de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El tribunal dictaminó en ese sentido en el caso concreto de un colegio de Getafe perteneciente a una congregación religiosa y sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), también de carácter municipal como el IBI. Concretamente, el TJUE declaró que esta exención fiscal "puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas" y siempre que la actividad en cuestión -en ese caso educativa- no estuviera subvencionada de alguna manera por el Estado.
Así, el Ayuntamiento se encomienda a una revisión de la legislación y también ha explorado las posibles vías a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde de hecho ya existe un grupo dedicado a esta cuestión. El Gobierno de Pedro Sánchez manifestó la anterior legislatura su voluntad de caminar en este sentido, y ya a mediados del año pasado, la vicepresidenta del Gobierno de coalición, Carmen Calvo, trasladó a la Conferencia Episcopal la necesidad de revisar la fiscalidad recogida tanto en el Concordato como en la referida normativa.
Las negociaciones entre el Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal continúan. Sin embargo, como publicó InfoLibre recientemente, el hecho de que la Iglesia comparta estos beneficios fiscales con el resto de entidades sin fines lucrativos en la ley de Mecenazgo habría alejado al Gobierno central de intentar impulsar una modificación de esta exención, puesto que obligaría a hacer cambios legislativos ad hoc para la Iglesia Católica