La EMT de València se juega 3,4 millones de euros por la inspección de Hacienda

VALÈNCIA. La investigación que lleva a cabo la Agencia Tributaria sobre la liquidación del IVA en la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de València podría costar a las arcas de la firma municipal 3,4 millones de euros. Las actuaciones inspectoras y de investigación se refieren concretamente al pago del IVA por una parte de la subvención que recibe la mercantil del Ayuntamiento de València.

Concretamente, se trata de la transferencia corriente que recibe anualmente la EMT del consistorio para sufragar el déficit de explotación que suponen el Bono Oro y otros títulos sociales a las cuentas de la empresa. La investigación se circunscribe a los años 2016 y 2017. Según fuentes conocedoras de estas actuaciones, es en realidad una "disparidad de criterios" a la hora de contabilizar tal línea presupuestaria en las cuentas de la EMT, que tiene repercusión en la forma de tributar por ella.

Desde antaño, esta línea se incluye en la contabilidad de la mercantil como parte de la subvención anual que recibe la empresa del Ayuntamiento, si bien otro criterio pasa por registrarla como parte de los ingresos de explotación por venta de billetes que tiene la empresa de transportes. Es un detalle a tener en cuenta a la hora de la fiscalidad, dado que el primer caso está exento de pagar el IVA mientras que el segundo no. Concretamente, los ingresos de explotación para el transporte de pasajeros están gravados con el IVA reducido del 10%.

Así, hasta 2017 la EMT, como tantas otras empresas de transporte público, y aconsejada por sus asesores económicos y fiscales, estuvo contabilizando esta entrada de dinero como parte de la subvención municipal, por lo que no pagaba IVA. Ahora, la Agencia Tributaria investiga si la mercantil debería abonar el impuesto de valor añadido por estos ingresos. Pero sólo desde 2016 -dado que, de haber una infracción, habría prescrito para los años anteriores- y hasta 2017.

En 2017, gracias a la mediación de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos (ATUC), de la que forma parte el gerente de la EMT, Josep Enric García, el Gobierno cambió la normativa para que esta discrepancia desapareciera. Por ello, desde entonces no se habría incurrido en ninguna infracción.

La partida presupuestaria que el Ayuntamiento dedica a este menester es, según las cuentas municipales, una "subvención del déficit de explotación de EMT derivado de servicios de transporte de carácter social: pensionistas, minusválidos y otros grupos sociales con títulos de transporte específicos o prestaciones diferenciadas". En 2016 ascendió a 16,5 millones de euros y en 2017, a 17,5 millones de euros. Este año ha superado los 21 millones de euros.

Así pues, si Hacienda resolviera la obligatoriedad de pagar el IVA correspondiente a estos ejercicios -es decir, el 10%-, la EMT debería abonar aproximadamente 3,4 millones de euros: 1,65 por el ejercicio de 2016 y 1,75 por el año siguiente. Además, la Agencia Tributaria podría imponer el pago de intereses, y también una sanción adicional.

Por ahora, la Agencia ha comunicado a la empresa el inicio de las actuaciones inspectoras y le ha solicitado documentación contable que deberá valorar. El presidente de la EMT de València, Giuseppe Grezzi, señaló al conocerse la investigación que la firma "siempre ha seguido las recomendaciones de los asesores fiscales y del Servicio Económico municipal, que consideró zanjado el tema con la modificación de la ley en 2017". Esta investigación, además, no es la única, dado que "afecta a todo el sector del transporte de viajeros" y "se inició con varias inspecciones en 2016".