VALENCIA. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia abrió diligencias el pasado diciembre para investigar la posible comisión de un delito por parte de empleados de Catalunya Caixa que vendieron preferentes a un clientes con una evidente minusvalía psíquica.
En la vía civil, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Catalunya Caixa el pasado 22 de marzo a devolver 10.674,89 euros a un cliente discapacitado que adquirió participaciones preferentes correspondientes a los 16.000 euros de sus ahorros.
Sin embargo, aunque la sentencia tiene carácter firme desde el pasado 3 de mayo -al no haber recurrido la sucursal en el plazo establecido para ello-, el afectado aún no ha recibido ni su dinero ni los intereses legales generados desde la fecha de suscripción de las participaciones preferentes.
Desde Catalunya Caixa, ahora integrada en el grupo BBVA, manifestaron a Valencia Plaza que la entidad todavía se encuentran en plazo para abonar el importe que dicta la sentencia, al contar con 40 días hábiles para efectuar el pago.
La primera demanda interpuesta por el afectado en noviembre de 2015 quedó desestimada por “falta de legitimación ad causam del demandante”, es decir, si estaba legitimado para solicitar lo que demandaba.
No obstante, su defensa interpuso un recurso de apelación alegando que su cliente contaba con una discapacidad del 39% tanto física como psíquicamente que le impedía ser consciente del “riesgo de la operación financiera”. Además, la sentencia fijaba que quedaba acreditado que el dinero ahorrado “se le cogió de su cuenta por parte de empleados de Catalunya Caixa sin su consentimiento. No constando su firma en dos de las operaciones de compra”.
Ya en la primera demanda se solicitaba al Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Valencia que declarara nulos los contratos suscritos para la adquisición de preferentes por valor de 16.000 euros entre la entidad y el afectado, y adjuntaban la declaración de dos empleados de la sucursal de Paterna -oficina en la que se produjo la negociación y con la que el afectado tenía relación desde hacía más de 40 años-; una de ellas especialmente relevante al relatar darse cuenta de que el afectado era “una persona que tenía limitada su capacidad psíquica”, detalla el escrito del Fiscal.
En enero ya de este año, la defensa aportó un informe de salud a la Fiscalía que verificaba que el afectado padecía un “retraso mental y de un grado de inteligencia límite y epilepsia de origen idiopático” que precisaba ayuda para “funciones intelectuales habituales”. Y un mes más tarde, se suspendió la declaración de la víctima ante el fiscal por las dificultades que tenía para comprender lo que se le preguntaba, “generando importantes dudas sobre su capacidad…”, señala el texto.
En el escrito de diligencias de la Fiscalía se detalla que la sucursal podría haber incurrido en un delito de estafa por “abuso de relaciones personales existentes entre la víctima y defraudador o aprovechamiento por parte de éste de su credibilidad empresarial y profesional”.
En este texto, también se instó a que el Juzgado de Instrucción correspondiente de Paterna, oficiara a la entidad a informar sobre quiénes fueron los empleados que trabajaron el día en el que se produjeron las negociaciones ya que entienden hubo “un acto de disposición patrimonial sin consentimiento libre y consciente de quien lo hizo, por su retraso mental”.
