La Fiscalía denuncia a dos ediles de Compromís por intentar comprar a otro en Palma de Gandia

VALÈNCIA. La Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra dos ediles de Compromís de Palma de Gandia por intentar comprar el voto de otro para ganar una moción de censura y la alcaldía en la localidad. En su escrito, Anticorrupción sostiene que los concejales Manolo Sansaloni y Ricardo Pastor habrían podido cometer un delito de cohecho.   

En el relato de hechos, la fiscal explica que, tras las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, la fuerza política más votada en Palma de Gandia fue Compromís, que logró cuatro ediles. En la sesión constitutiva de junio de 2019, fue proclamada alcaldesa la candidata de la coalición, Inmaculada Escrivá, que falleció en noviembre de ese año, de manera que se procedió al voto de un nuevo representante. 

Obtuvo entonces la mayoría absoluta Mari Trini Miñana, del PSPV, quien fue investida gracias a los votos de los tres concejales del PP. Los socialistas decidieron entonces expulsarla del grupo. También a otro edil, David García. Ambos pasaron a ser no adscritos. 

Ya en octubre de 2020, los denunciados Manuel Sansaloni y Ricardo Pastor convocaron en un bar de la localidad de Benirredrá a David García. Una vez allí, continúa el relato del escrito de la Fiscalía, le explicaron que su situación como concejal no adscrito podía traerle problemas porque el Tribunal Supremo había resuelto el pleito que tenía pendiente el Ayuntamiento de La Font de la Figuera. La resolución determinaba que los concejales no adscritos no podían ostentar ningún cargo en el equipo de gobierno y, en caso de que lo hubieran ostentado, estaban obligados a restituir las cantidades cobradas por ello.

Intento de soborno 

Después de esta advertencia, indica Anticorrupción, le plantearon la posibilidad de convocar una moción de censura, explicándole cómo tenía que hacerse, "y le ofrecieron ciertos beneficios económicos a cambio de que variase el sentido de su voto y apoyase la candidatura de Compromís".

De un lado, si accedía a la petición, la eventual reclamación judicial que pudieran efectuar para la aplicación al Ayuntamiento de Palma de Gandia de la sentencia del Supremo podría quedar zanjada gracias a un acuerdo previo entre las partes. De otro, le propusieron mantener la titularidad de la concejalía que ocupaba hasta ese momento y, en caso de que no tuviera tiempo para desarrollar su actividad, otras personas lo harían por él, manteniendo su salario íntegro.

Por último, le ofrecieron un salario de mil euros al mes y promocionar su negocio particular por medio de las actividades deportivas que proyectase el propio Ayuntamiento. 

La moción de censura no llegó a presentarse y el concejal no adscrito grabó toda la conversación con un dispositivo electrónico y denunció lo ocurrido ante la Fiscalía, que ahora formula la denuncia y solicita que se reparta al juzgado competente para que investigue los hechos. 

En el escrito valora que la grabación tiene "plena validez como prueba de cargo", pide la imputación de los ediles de Compromís y que el Ayuntamiento de Palma de Gandia remita copia testimoniada de varias actas.