VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda compra de forma directa los primeros 18 inmuebles a particulares y entidades financieras que destinará a alquiler público. Una operación que se enmarca en el concurso que lanzó hace un año para adquirir pisos del mercado privado con el fin de engrosar el parque público de la Generalitat. Aunque esta segunda convocatoria no se ha cerrado todavía y el departamento que ahora dirige Héctor Illueca sigue valorando ofertas, el primer paquete de activos está prácticamente cerrado por un importe que roza los dos millones de euros.
Así, Vivienda prepara una primera resolución para ña adquisición de estas 18 viviendas, mientras continúa la recogida de documentación de otras 37, explican fuentes de este departamento. Unos inmuebles que pasarán a manos de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), que podrá dedicarlos a las necesidades que se precisen en cada momento: alquiler público, emergencia habitacional de alguna familia o para víctimas de violencia machista.
Este concurso para la adquisición de inmuebles a particulares es un instrumento más de los que Vivienda ha puesto en marcha en los últimos años para ampliar el insuficiente parque de viviendas de la Generalitat Valenciana. Su objetivo era claro: comprar viviendas a particulares y entidades financieras que dispongan de activos que quieran vender para, según destacó el entonces conseller, Rubén Martínez Dalmau, "dar una mayor respuesta a las situaciones de emergencia habitacional en las localidades donde se produzcan esas compras".
No obstante, esta iniciativa conllevaba una serie de requisitos para que las viviendas fueran susceptibles de ser adquiridas por la Administración valenciana. Así, por ejemplo, los precios no podían superar el máximo de la vivienda protegida, en función del módulo correspondiente y su ubicación, y se fijó en unos 85.000 euros la media. Pero, además, este departamento estableció que los pisos no podían superar los 50 años de antigüedad y solo aceptaría los que estuvieran ubicados en los 234 municipios valencianos en los que existe mayor necesidad y demanda de vivienda.
De esta forma, este primer paquete incluye 18 pisos ubicados en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana. En concreto, 4 inmuebles se ubican en la ciudad de Alicante; uno en Castelló; otro en la Vall d'Uixó; 8 en Elche; 2 en Sagunt; 1 en Xixona y el último en la localidad valenciana de Montroy. Las adquisiciones por inmueble han oscilado entre los 65.000 y los 134.000 euros y la operación se ha cerrado por un importe total que asciende a los 1.864.813,66 euros. El presupuesto total que destinó la Conselleria al concurso alcanzó los 6,2 millones de euros.
Aunque en la primera convocatoria, lanzada en 2017 por la entonces consellera María José Salvador, la compra se materializó en una única transacción, en esta ocasión se ha preferido dividir en paquetes las adquisiciones para agilizar las compras que ya estuvieran claras. De este forma, se ha buscado "dar seguridad a los compradores". "Estos 18 inmuebles estaban claros a efectos burocráticos que se podían adquirir ya, por lo que hemos optado por cerrarlos para que los vendedores privados tengan esa seguridad", explica a este diario el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar.
No obstante, puntualiza que hay otros 15 pisos cuya compra se está ultimando cerrando los últimos flecos con los propietarios para cerrar pronto la operación. Paralelamente, se sigue evaluando otras 22 ofertas y requiriendo la documentación pertinente con el objetivo de duplicar las cifras del primer concurso, que se cerró con la incorporación de 41 inmuebles .
Con tal fin, este verano Vivienda ampliaba el plazo del concurso, que vencía en julio, durante tres meses más para poder revaluar varias de las ofertas presentadas dado que "un alto porcentaje excedía el valor de tasación de las viviendas efectuado por la Administración". De esta forma, la Conselleria buscaba ganar tiempo y contraofertar para conseguir sumar el mayor número de activos posibles al parque público de la Generalitat. Un plazo que expirará el próximo mes de noviembre cuando se cerrará el concurso.
Cabe recordar que en esta segunda convocatoria se habían flexibilizado los requisitos que debían reunir los inmuebles. Como novedad, se admitían viviendas gravadas con derecho real de garantía como la hipoteca, aunque con el compromiso del propietario de cancelación con carácter previo o simultáneo a la suscripción de la correspondiente escritura pública de compraventa.
También, viviendas en construcción o que necesitaran rehabilitación o reparaciones para conseguir las condiciones de accesibilidad y habitabilidad exigidas, siempre que la propiedad se comprometiera a ejecutar a su cargo la adecuación necesaria antes de la formalización de la compraventa. Otro de los cambios respecto la primera convocatoria era la inclusión de las viviendas unifamiliares situadas en el centro urbano de municipios con población inferior a 10.000 habitantes ya que en el primer concurso solo se aceptaban pisos. Eso sí, las viviendas no podía superar los 50 años de antigüedad.
