Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Cierres de barrios y edificios con vallas y controles policiales, hospitales de campaña, hoteles medicalizados o hasta morgues si es necesario. La Comisión Territorial de Protección Civil de la Comunitat Valenciana celebrada este martes informó del protocolo de actuación de los ayuntamientos en el caso de posibles confinamientos en los municipios, ya sean cierres perimetrales de la localidad, de un barrio en concreto o incluso de una finca o urbanización.
El protocolo, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, contempla cuatro escenarios en función del confinamiento decretado y la situación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales. El primero responde al cierre total de un municipio, al que le seguiría un segundo escenario que añadiría el factor de las UCI colapsadas. Otro de los casos planteados es el confinamiento de un barrio o zona dentro de una localidad, y por último, el cierre de un edificio o urbanización.
La finalidad del documento, informado por la Conselleria de Justicia y la secretaría autonómica de Seguridad y Emergencias, es fijar unos criterios homogéneos en la actuación de los entes locales valencianos "ante una posible evolución negativa de la crisis sanitaria" que exija medidas urgentes en los municipios, como un confinamiento territorial y temporal. Medidas que deben ser dictadas por la Conselleria de Sanidad, como se ha hecho recientemente en Elda o Petrer, o en su momento en Benigànim, y que deberían ir acompañadas de otras actuaciones urgentes coordinadas desde Emergencias -Conselleria de Justicia- y los consistorios, recogidas en los diferentes escenarios proyectados.
En este escenario, el protocolo establece la restricción de entrada y salida de personas en la localidad, si bien existirían excepciones: para acudir a servicios sanitarios, por motivos profesionales o legales, para volver a la residencia habitual, para cuidar a personas dependientes, por causa de fuerza mayor o similares motivos. La circulación por carreteras dentro del municipio estaría permitida siempre que el destino se situara fuera del territorio local.
Además, en este caso se prevé el cierre cautelar de determinados establecimientos como centros sociales, casinos, clubes, bares, restaurantes -salvo que se preste servicio de comidas para llevar-, gimnasios y espacios abiertos, como jardines y parques. Se suprimirían también actividades colectivas como espectáculos deportivos con público, eventos sociales -bodas, bautizos, comuniones, etcétera-, la asistencia a lugares de culto, y se incidiría en la limitación de asistencia a velatorios y entierros. Y a todo ello se contemplaría la suspensión de la actividad educativa y formativa presencial.
Dada esta situación, el ayuntamiento deberá crear su centro de coordinación (Cecopal) para el seguimiento de la situación, asegurar el abastecimiento de bienes de primera necesidad y de equipos de protección a los cuerpos de emergencias, así como pedir ayuda a órganos superiores si fuera necesario. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad controlarían las vías de acceso al municipio, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias -mascarilla, distancia social, etcétera- y los movimientos de personas en el interior del perímetro local.
Entrarían en juego los servicios de limpieza urbana para desinfectar mobiliario, aceras y fachadas y medios de transporte público, así como los servicios médicos para realizar pruebas PCR, detectar focos y elaborar planes de autoprotección y dar ayuda psicológica a enfermos y familiares. También los servicios educativos, que deberían implementar la teleformación y continuar con la evaluación del alumnado. Los servicios sociales deben atender a personas dependientes o vulnerables y practicar la teleasistencia.
Todo ello, con la ayuda de Pretección Civil u otros organismos como la seguridad privada, Cruz Roja, ONG o la Diputación provincial. En este sentido, el protocolo recuerda que hay que tener prevista "la existencia de personas contagiadas que se encuentren confinadas en sus domicilios y que no cuenten con la ayudas de familiares o amigos para abastecerse de los elementos esenciales o que le brinden ayuda en caso de empeorar su estado de salud".
En este segundo escalón, cuando el incremento de casos graves entre la población hubiera colapsado las UCI, se deberían aplicar las primeras medidas y otras adicionales. Aquí se contemplan ya los hospitales de campaña y hospitales provisionales en determinados puntos de los municipios, aprovechando infraestructuras ya creadas, como por ejemplo pabellones deportivos u otras zonas diáfanas. "Con la adecuación del espacio y la instalación de los equipos médicos necesarios, estos edificios ofrecerán una alternativa viable a los centros hospitalarios", dicta el protocolo.
Asimismo, se recoge la medicalización de establecimientos hoteleros, siempre con la colaboración de los propietarios privados. A todo ello se suma una tercera herramienta, en este caso para hacer frente al incremento de los fallecimientos: las morgues. Así pues, el documento asegura que si hay "un alto índice de mortalidad", se determinará "la instalación de morgues provisionales, aprovechando infraestructuras de gran capacidad de los propios municipios".
Con esta fotografía, se contempla también un refuerzo en los servicios de apoyo psicológico. Para ello, dice el documento, "se deben reforzar los servicios sanitarios, los servicios sociales y organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a esta labor asistencial".
Esta situación consiste en restringir la libertad de movimiento en una zona concreta dentro de un municipio. Lo primero será establecer claramente cuáles son los limites y confirmar si dentro del perímetro se hallan todos los servicios esenciales para la población. Si se da este caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben acotar el ámbito territorial afectado con vallas de señalización y cinta policial, que se distribuirán de manera continua por todo el perímetro.
Así, se establecería un punto de entrada a la zona y un punto de salida, accesibles tanto para vehículos como personas, y siempre vigilados por cuerpos de seguridad para verificar todos los movimientos, que quedarían reflejados en un libro de registro. Medidas que serían complementadas con otras instalaciones, porque el escrito recoge la habilitación de "una carpa o habitáculo prefabricado" en estos puntos de tránsito, que servirá "de resguardo" para el personal de vigilancia. Estas carpas serían también un punto de intercambio de enseres y útiles entre el barrio y el exterior.
Los servicios sociales deberían elaborar un listado de necesidades de la población, con útiles o enseres que no se pudieran encontrar dentro del recinto, y los servicios de limpieza centrar sus esfuerzos de desinfección en las áreas restringidas. Los centros educativos -tanto privados como públicos- tendrían que facilitar recursos a los alumnos de estas zonas confinadas, con la coordinación de la concejalía del ramo. También participarían en las diferentes labores la Protección Civil, la seguridad privada, Cruz Roja, ONG y diputaciones.
En el caso de que se dicte el cierre de un edificio o de una urbanización concreta, las actuaciones a implementar son básicamente las del anterior escenario, pero aplicadas a estos entornos. Ahora bien, en este caso no sería necesario establecer un punto de intercambio o de paso, ya que se puede utilizar como tal la entrada del inmueble o urbanización en cuestión. Tampoco haría falta un consultorio móvil, ya que bastaría con que una unidad médica se desplazara a la ubicación de la zona confinada para realizar las pruebas diagnósticas. Con todo, la administración deberá asegurar que se cubren las necesidades de las personas confinadas, "a fin de evitar desplazamientos innecesarios".
Lo que en todo caso establece el protocolo es mantener vías fluidas de comunicación con la ciudadanía. Por ello, se recomienda que en el seno del centro de coordinación del municipio confinado (Cecopal), se implante una portavocía municipal, que con "una periodicidad adecuada" a la situación traslade "la información municipal necesaria en prevención de noticias falsas, bulos, desinformación o alarma social". Esta portavocía sería la interlocutora válida con medios de comunicación y en las redes sociales, en coordinación con la Generalitat Valenciana.
Es más, se recomienda utilizar más herramientas comunicativas, como las aplicaciones móviles. Más allá del uso de las redes sociales como vías informativas, se aconseja "la creación de una app o un canal de Telegram, Whatsapp o similar que facilite la información municipal a la ciudadanía interesada y afectada por la situación".
