La Generalitat pagará otro alquiler para un ente público pese a tener edificios vacíos

VALÈNCIA. El Diari Oficial de la Generalitat revelaba este lunes el inminente alquiler de un nuevo activo inmobiliario por parte de la administración autonómica, en este caso para albergar la Autoridad de Transporte Metropolitano de València. Según reza el anuncio, la entidad de nueva creación busca un local de entre 300 y 350 metros cuadrados por un máximo de 50.000 euros anuales.

Una vez más, la urgencia por encontrar emplazamiento para un organismo público se ha impuesto a la alternativa eficiente de ocupar alguno de los edificios propiedad de la Generalitat que en la actualidad permanecen vacíos. Así ha ocurrido recientemente con el alquiler de una sede para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), por el que la Conselleria de Justícia pagará en total alrededor de 1,5 millones de euros mientras se acomete la reforma del Palau de Justicia por un edificio junto a Les Corts; o con la Agencia Antifraude, cuyo alquiler anual será de 120.000 euros por unas oficinas que también se encuentran junto al parlamento valenciano.

Preguntadas al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de la que pende la Autoridad de Transporte Metropolitano, explican que trataron de evitar que se repitiera esta circunstancia. Tanto es así que la gerente de la entidad, María Pérez, daba por hecho hace tres meses -en una entrevista concedida a Valencia Plaza- que la entidad se trasladaría a la alquería Casa Clemencia de la Avenida Primado Reig, uno de los actuales inmuebles vacíos de la Generalitat.

Pero, según afirma el departamento, una inundación registrada en el mes de junio frustró este plan inicial. "Se determinó que para solucionarlo era necesario aislar el suelo del terreno, y al tratarse de un inmueble protegido requería de un informe de Cultura para hacerlo, lo cual significaba mucho tiempo hasta poder acometer el traslado", argumentan. El coste en el que se cifraba la rehabilitación era precisamente de 50.000 euros.

En la misma línea, la conselleria agrega que se ha optado por la licitación de este pliego "tras informar la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de que actualmente no disponía de ningún local disponible adaptado a la situación de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València", que a día de hoy opera en la sede de Vivienda y Obras Públicas de forma provisional y precisa de un local "para poder incorporar a mas gente y trabajar en buenas condiciones".

Según explica al respecto la Dirección General del Sector Público y Patrimonio, en efecto, no disponía de ningún otro edificio disponible para la Autoridad de Transporte una vez fue descartada Casa Clemencia. Pero ello no significa, ni mucho menos, que la Generalitat no tenga ningún otro inmueble infrautilizado. Lo que ocurre es que el resto de activos vacíos están adscritos a otras conselleries o departamentos, por lo que Patrimonio no puede disponer de ellos para evitar que permanezcan ociosos.

Buen ejemplo de esta ineficiencia en la gestión de los activos públicos fue el mencionado alquiler del edificio para albergar el TSJCV mientras se reforma el Palau de Justícia. Como informó este diario, en este caso la primera opción que se barajó también fue la de aprovechar un activo vacío, en concreto el edificio de la Calle Colón 80 de València, que en su momento fue sede de la Conselleria de Bienestar Social.

La Conselleria de Igualdad de Mónica Oltra, que es la titular del inmueble, y la de Justicia que lidera Gabriela Bravo, no llegaron a ponerse de acuerdo sobre las condiciones para la cesión del espacio, que cuenta con 2.000 metros cuadrados. Pese a todo, este edificio de relevante valor inmobiliario permanece vacío sin que Vicepresidencia, que se lo adscribió al inicio de la legislatura, haya concretado sus planes para este espacio.

Otros de los actuales activos en desuso de la Generalitat son las antiguas instalaciones de Ràdio 9 en la Avenida Blasco Ibáñez, adscritas también a la Vicepresidenta y Conselleria de Igualdad, o los pisos del caso Cooperación recomprados por la Generalitat.

Por contra, un buen ejemplo de aprovechamiento del patrimonio público fue la ubicación elegida para la Agencia Valenciana de Inovación (AVI), adscrita a la Presidencia de la Generalitat y cuya sede en València –la central está en Alicante– está situada en la antigua sede del Impiva de la Plaza del Ayuntamiento de València, un espacio adscrito también a Presidencia.

9,5 euros por metro cuadro

Según detalla el anuncio de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, "el importe máximo mensual del arrendamiento del inmueble será de 9,5 euros por metro cuadro de superficie construida, excluido el IVA, sin perjuicio de los incrementos anuales que corresponda por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad". La ATMV plantea un contrato de una duración igual o inferior a dos años.

"El local deberá estar ubicado en la ciudad de València en un lugar céntrico o accesible mediante dos medios de transporte público (metro y autobús) y disponer de capacidad suficiente para albergar los puestos de trabajo de un mínimo de 15 trabajadores y de su director, todo ello en un solo local", demanda el anuncio, que agrega que "podrá tratarse de un espacio coworking".