La memoria democrática altera el currículum de ESO y se cuela en la Universidad valenciana

VALENCIA. La memoria democrática es una de las prioridades de la actual Generalitat valenciana, desde donde ya se ha redactado un anteproyecto de ley para la Comunitat, remitido a Les Corts para su tramitación parlamentaria. Incluye una larga lista de implicaciones, también a nivel educativo. A la apertura de fosas, la creación de un Instituto de Memoria o la concesión de subvenciones, se suma la inclusión de asignaturas específicas en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Permanente, según el texto de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, que dirige Gabriela Bravo.

El Docv ha recogido este miércoles el decreto de creación de una Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la Memoria Democrática, así como una comisión técnica de apoyo, ambas encargadas de empezar a trabajar en la puesta en marcha de la ley. Entre sus funciones se establece “elaborar la estrategia para el reconocimiento social, el restablecimiento de la dignidad y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil”, así como “proponer la elaboración de normas” para dicho fin. Esto es, coordinar diferentes iniciativas que atañen a cada una de las consellerias.

“Se trata de ir distribuyendo las acciones. Una vez tengamos la ley aprobada, debemos ir controlando cómo se implementa en los distintos sectores, y esto lo conseguiremos con la comisión”, explica el secretario autonómico de Justicia y Administración Pública, Ferrán Puchades. Deja claro que a nivel educativo corresponderá a la Conselleria pertinente articular las medidas para que la memoria democrática encaje dentro del currículum oficial. “En qué formato o qué contenido es algo que deben decidir los expertos. Si se habla de fosas, del franquismo, en una asignatura, en otra… solo ellos lo dirán”, precisa.

Así lo establece también el Artículo 33 del anteproyecto de ley, que habla de “fortalecer los valores democráticos” y de “dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas”. Finalmente, también se menciona la necesidad de “impulsar la colaboración con las universidades valencianas”.

La adaptación previsiblemente sucederá de cara al curso 2018-19. “El calendario de la ley se irá para el año que viene, por lo que no creo que lleguemos al 2017-18”, precisa el responsable de la Generalitat. Si bien Educación tendrá que hacer una memoria económica, “a priori no debería comportar ningún gasto, más allá de la renovación de libros o de ciertas recomendaciones metodológicas”, añade Puchades.

La Comisión Interdepartamental estará compuesta por nueve miembros, además de un presidente y un vicepresidente. Según establece el decreto en el Docv, la convocatoria de sesiones se debe ajustar a la de los órganos colegiados de las administraciones.

Cátedra en las universidades valencianas

La memoria democrática también tendrá presencia en los niveles universitarios, tal y como establece el anteproyecto de ley. Es por ello que la Conselleria de Bravo ha reunido a responsables de la Universitat de València (UV), la Universitat d’ Alacant (UA) y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) para la creación de una cátedra conjunta sobre la memoria democrática de la Comunitat. Para la puesta en marcha se han elegido las universidades públicas donde tiene sentido impartir este tipo de contenido.

La cátedra tendrá como objetivo el análisis, investigación y difusión de la memoria democrática valenciana al máximo nivel académico. El trabajo de las entidades docentes generará sinergias que permitan avanzar en el conocimiento y la difusión de los acontecimientos históricos, sociales, culturales y legales que tuvieron lugar en el período que abarca desde la proclamación de la segunda República, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunitat, el 10 de julio de 1982, así como sus repercusiones actuales. De este modo se incluirán aspectos como el reconocimiento e indemnización de las víctimas o la justicia restaurativa, entre otros conceptos.

La puesta en marcha de cualquier cátedra implica un presupuesto de alrededor de 30.000 euros anuales, aunque todavía se está negociando el convenio. El anteproyecto está ahora pendiente de dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y después se enviará a les Corts para su tramitación. La previsión es que la ley se apruebe en 2017.