VALÈNCIA. Un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha afirmado este jueves que el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, "tenía un conocimiento absoluto de la arbitrariedad de las contrataciones" de altos directivos en la empresa pública Divalterra: "Estaba al tanto de todo".
Durante la sesión del juicio del conocido como caso Alquería, el perito se ha ratificado en todos los informes realizados en la fase de la investigación, centrada en los siete contratos presuntamente irregulares de altos directivos entre 2015 y 2018. En este sentido, ha explicado que para elaborarlos analizaron las denuncias de la Fiscalía y de José Luis Pellicer y José Luis Castellote, además de toda la normativa de derecho laboral.
"Nuestras conclusiones fueron que se tuvo conocimiento de los informes contrarios que indicaban la presunta ilegalidad y que ninguna de las contrataciones pasaron por el Consejo de Administración", ha señalado.
El policía ha apuntado a que, con la diferente información que consiguieron, se comprobó que hubo un coste por la alta dirección y otro por la indemnización por despido. La estimación es que fue superior al millón de euros (algo que los investigadores consideraron que suponía un delito de malversación).
El agente ha desgranado algunos de los correos electrónicos intervenidos. Uno de los más relevantes para él fue el del entonces gerente de Divalterra Víctor Sahuquillo (PSPV), quien, ha destacado, transmitió a Rodríguez sus "dudas sobre las contrataciones de altos directivos, basándose en los informes solicitados a especialistas externos". "Sahuquillo dejó bastante claro en sucesivos correos, un total de 13, que es una ilegalidad", ha indicado.
Igualmente, ha mencionado un chat de Rodríguez con otra persona en el que dice: "Compromís se queda de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica. Ése era nuestro perfil que hemos buscado nosotros. Nosotros solo tenemos dos chorradas de Medio Ambiente". Para el agente, en esa conversación "se intuye el reparto político de direcciones de área entre los miembros del partido".
El perito ha afirmado igualmente que la cogerente de Divalterra Agustina Brines (Compromís) conocía las contrataciones de alta dirección "exactamente igual o más que Rodríguez". En su opinión, hay "numerosos" correos electrónicos en los que ella "hablaba abiertamente de que los contratos estaban cogidos con pinzas, en que se estaba cometiendo una ilegalidad y en que tenían que mirar por el retrovisor".
Otra de las cuestiones que le llamó la atención a la Policía es que Divalterra tenía un volumen de negocio de 25 millones de euros, mientras que otras empresas o departamentos de la Diputación tenían más. Por ejemplo, Egevasa (35 millones) y los Bomberos (46 millones). "Egevasa no tenía ni un alto directivo, los bomberos uno y Divalterra 10. Eso nos llevó a sospechar de que había algo raro", ha remarcado.
El agente ha admitido que no existe constancia documental de que los acusados maniobrasen o presionasen a nadie para que elaborasen informes favorables a los contratos –como sí han declarado varios testigos– y que el famoso consejo de dirección en el que creen que se decidieron políticamente las contrataciones no resulta tan relevante para investigación. Si bien, ha añadido, "demostró que en él se trataban asuntos de espaldas al Consejo de Administración".
También ha reconocido que los contratados no tuvieron posibilidad a través de los informes de saber que sus contratos eran ilegales ni de que estaban incumpliendo como alta dirección.