VALÈNCIA. Llíria tendrá una nueva Ciudad de la Justicia a partir del año 2023. Este martes, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado el proyecto que tendrá un presupuesto de 17,4 millones de euros y que se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras que su área presentó en el año 2018.
El objetivo es acabar con "la dispersión" que ahora mismo sufre la Justicia en Llíria, al tener siete juzgados de primera instancia en un edificio de los años 80, un juzgado de violencia contra la mujer en un bajo alquilado, y una oficina de asistencia a las víctimas de delito en el edifico multiusos del municipio. Una situación que no solo "dificulta" la administración de la justicia sino que también supone problemas para los profesionales que trabajan en ella.
Así, la conselleria ha proyectado un edificio de nueve plantas en el que concentrar y ampliar los servicios jurídicos que se ofertan en Llíria, centro del partido judicial que comprende toda la comarca del Camp de Túria, Requena y La Serranía.
La nueva Ciudad de la Justicia de Llíria se ubicará en la calle Bétera número 77, sobre una parcela de 2.050 metros cuadrados. El edificio se distribuirá entre dos sótanos, una planta baja y seis pisos, que al concluir la obra tendrán una superficie construida de 10.900 metros cuadrados en total. Según han explicado durante la presentación del proyecto, "será un espacio urbano, accesible y sostenible medioambientalmente".
La sede contará en total con diez juzgados, más varias salas de vista, una oficina de atención a víctimas de delito y la Fiscalía. El segundo sótano se dedicará a aparcamiento, mientras que en el primero se ubicarán dependencias judiciales tales como los calabozos, la zona para la Policía y archivos. Del mismo modo, en esta planta también se colocarán servicios comunes como por ejemplo los vestuarios.
En la planta baja estará el vestíbulo, el control de seguridad, el juzgado de guardia, el registro civil y una sala multiusos. También se ubicarán aquí las salas para vistas, que tendrán unas zonas de espera con acceso directo a los espacios verdes exteriores "en un intento de hacer más agradable la estancia y la administración de justicia". Del mismo modo, en la planta baja también habrá espacios para abogados, procuradores y funcionarios.
Ya en la primera planta estará la oficina de atención a las víctimas de delito, así como dos juzgados y la unidad de valoración. Además, también habrán despachos, zonas de espera y zonas de reuniones. Por su parte, las plantas de la 2 a la 5 tendrán todas el mismo diseño: dos juzgados en cada una, con posibilidad de ampliación en caso de que hiciera falta en un futuro. Así, si la Ciudad de la Justicia se queda pequeña, siempre tendrá espacios reservados para ampliar el número de juzgados o de servicios ofertados.
Finalmente, en la planta 6 se ubicará la Fiscalía, con salas de reuniones y multiusos. Al igual que todas las anteriores, también tendrá espacios reservados para posibles ampliaciones futuras. En cuanto a sostenibilidad, el edificio contará con paneles solares en la cubierta para poder producir su propia energía, y también con instalaciones en las ventanas que regularán la entrada del sol en función de las necesidades de climatización.
El Ayuntamiento de Llíria cedió a la Conselleria de Justicia el edificio sobre el que se levantarán los juzgados en el año 2006. Sin embargo, el gobierno valenciano no había hecho hasta ahora uso de la parcela. Así, Gabriela Bravo ha celebrado durante la presentación del proyecto "que se haya solucionado un problema que llevaba enquistado 15 años". "Fue un compromiso que nunca se cumplió", concluía al respecto.
Por otro lado, la titular de Justicia también ha informado de que las obras se tramitarán por la vía de urgencia, para poder licitarlas previsiblemente el próximo mes de julio. En este sentido, ha aclarado que el periodo de ejecución será de dos años, por lo que el edificio debería estar funcionando a finales de 2023.
Finalmente, Bravo también ha celebrado el Plan de Infraestructuras Judiciales, con el que pretende "dignificar" la administración de justicia con instalaciones que estén a la altura y que sean agradables tanto para los usuarios como para las personas que trabajan diariamente en el sector: "Buscamos espacios dignos y sostenibles, que puedan garantizar la seguridad de las víctimas y los derechos de los imputados". Así, ha manifestado su voluntad de acabar con la imagen de unos espacios judiciales "inhóspitos, fríos, poco accesibles o incluso inseguros".
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