VALÈNCIA. Los diputados de Les Corts Valencianes tienen un largo listado de tareas pendientes en las que ponerse a trabajar a la vuelta de las vacaciones de verano. Deberes que ellos mismos se pusieron y que, como los estudiantes más perezosos, han dejado para última hora, con el calendario parlamentario descontando días hasta su disolución ante las elecciones autonómicas y con escasas jornadas para negociar los cambios legales más trascendentales que tienen en mente.
Sus señorías se han fijado entre sus objetivos uno especialmente ambicioso: la reforma del Reglamento de Les Corts. Algo que no se ha hecho en dos legislaturas, pero que confían en que podrán sacar adelante en apenas tres meses (noviembre y diciembre se centran en presupuestos, enero es inhábil y en marzo se disolverá la Cámara). Ni el calendario, ni los puntos de partida de cada partido en las modificaciones que están sobre la mesa apuntan a una sencilla resolución de las negociaciones.
-Registro de lobbies. La normativa del Parlamento valenciano debe reformarse sí o sí para adaptarla a la Ley Reguladora de la Actividad de los Grupos de Interés -más comúnmente conocida como ley de lobbies-. A pesar del rechazo que generó entre los grupos parlamentarios la intención de Unides Podem de obligar a los partidos a registrar cada reunión que mantuvieran con un grupo de interés y que pudiera afectar a la tramitación de una ley, finalmente las formaciones van a tener que plegarse a esta circunstancia.
La propia ley autonómica incluye una disposición adicional que obligaba a sus señorías a regular esta actividad en sus normas internas. El artículo en cuestión fija que de acuerdo con el régimen institucional y la independencia de Les Corts, la institución "promoverá, en el plazo máximo de nueve meses desde la publicación de la ley, las modificaciones necesarias de su reglamento o de sus normas para adaptar su régimen y funcionamiento a los principios y obligaciones que contiene" la ley.
Una exigencia que los partidos habrán de cumplir, poner negro sobre blanco y definir su alcance, si bien ya llegan tarde para obedecer a los plazos que exigía la ley del Consell.
-Qué hacer con el dinero de los tránsfugas. Tanto en la legislatura pasada como en la actual, el grupo parlamentario Ciudadanos ha sufrido una fuga de diputados. En ningún caso estos renunciaron al escaño, por lo que pasaron a ser No Adscritos y mantuvieron las subvenciones personales que les garantiza el actual Reglamento de Les Corts a los parlamentarios. En concreto, la Carta Magna de la Cámara asigna dos subvenciones variables vinculadas a la representación que los grupos tienen. Cada diputado tiene derecho a percibir una cantidad de 1.400 euros al mes para gastos de funcionamiento y otra de un importe de 1.077,44 euros para contratar personal.
Tras la última fuga en Cs, los grupos parlamentarios abrieron el melón de modificar las normas de la Cámara para que cualquier partido que sufriera transfuguismo en un futuro no viera mermada la subvención que recibe mensualmente y le es asignada al inicio de la legislatura cuando se constituyen como grupo, a pesar de que su representación se vea reducida. Una posibilidad que, en su día, las formaciones del Botànic acordaron para que el grupo de Ruth Merino mantuviera las ayudas que percibía del Parlamento y dejar a los cuatro tránsfugas sin subvención, pero que finalmente acabó descartándose tras las amenazas de recursos en los tribunales que estos anunciaron.
Con el mar ya más en calma y ante el escenario de un cambio de legislatura, los partidos quieren volver a abrir esa caja de pandora y definir algún tipo de mecanismo que impida que un grupo que sufre transfuguismo vea además perjudicadas sus cuentas.
-Indemnización de los diputados. Los diputados no tienen derecho a paro porque no cotizan a la Seguridad Social. La potestad para modificar el convenio especial de los Parlamentos autonómicos con la Administración de la Seguridad Social recae en el Congreso de los Diputados y aunque este fue modificado en su día para garantizar que los concejales cobrasen la prestación por desempleo una vez cesaran en el cargo, no ocurrió lo mismo con los parlamentarios autonómicos, que a día de hoy siguen excluidos.
Ante este escenario, en la Cámara estudian la posibilidad de asignar una indemnización a los diputados como ya había hecho el parlamento extremeño. El límite sería una aportación similar al paro de un año, por lo que supondría que cada uno de los 99 diputados cobrase 35.000 euros netos aproximadamente. Unos cálculos que, en suma, supondrían cerca de 3,5 millones de euros en año electoral. Es decir, que Les Corts deberían aumentar en torno a un 8% su presupuesto, que actualmente es de 35 millones de euros -incluidos los fondos de la Agencia Valenciana Antifraude-.
La intención de introducir algo así en las normas de Les Corts, sin embargo, cuenta con el rechazo de partidos como Vox. Se oponen a reservar un fondo exclusivo para pagar finiquitos del que pudieran beneficiarse incluso aquellos que vuelven a su plaza en la Administración o a la empresa privada. Es decir, que cobrasen una suma de dinero a pesar de tener empleo al día siguiente de abandonar la Cámara.
-Debatir las ILP en pleno. El pasado mes de junio el grupo parlamentario Vox presentó una Proposición de ley para que las Iniciativas Legislativas Populares se debatan en los plenos de Les Corts y no se limiten a exponerse en las comisiones parlamentarias. Llegado el momento de la votación, PSPV y Unides Podem se abstuvieron y Compromís votó en contra, por lo que la iniciativa salió adelante. La posición de socialistas y morados se justifica con que en 2017 los grupos del tripartito, a propuesta de Podem, aprobaron la Ley de Iniciativas Legislativas Parlamentarias, que pedía precisamente eso: debatir las propuestas en pleno.
Para ello, el reglamento de Les Corts debía reformarse, pero tras cinco años los grupos parlamentarios del Botànic no habían promovido tal cambio. De esta manera, a los socios del Consell no les quedó otra que facilitar que la propuesta de Vox saliera adelante por coherencia, pues esta en origen era una idea suya, si bien Compromís la rechazó por el hecho de quien la elevaba esta vez. Ahora, tras el verano, deberán introducir los cambios en la normativa.
-Contratación y despidos de personal por parte de los grupos. Sin duda, esta es la cuestión que más trae de cabeza a sus señorías. En Les Corts no saben cómo afrontar los despidos de personal que están obligados a acometer a final de la legislatura y mucho menos con qué dinero.
Todos los partidos cerraron un acuerdo en diciembre del año pasado que establece que los grupos parlamentarios se constituyen al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social "vinculados específicamente a la legislatura en que se constituyen". Éstos "se darán de baja con la extinción del grupo parlamentario al finalizar la legislatura". Es decir, en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo como si de empresas diferentes se trataran.
El convenio aprobado añade que cuando finalice la legislatura los contratos laborales que hayan suscrito los grupos también se extinguirán y los trabajadores deberán percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo". Un dinero que habrá de extraerse de una "provisión" que cada grupo tendrá que hacer y que será de 12 a 20 días por año trabajado.
Con el texto en la mano, los partidos deberán despedir a los trabajadores que tiene a su cargo y abonar las indemnizaciones pertinentes cuando el Parlamento se disuelva. Esto genera dos problemas: existen grupos que no quieren prescindir de sus trabajadores en la legislatura que viene por la experiencia parlamentaria que estos tienen, como el PPCV. Pero estarían obligados a despedirles e indemnizarles, y si eso ocurre, no podrían volver a contratarles. Y el segundo dilema está vinculado a los fondos: no hay suficiente dinero para afrontar los despidos.
Así que con todo este berenjenal en marcha, a la vuelta de vacaciones los partidos tienen pensado reunirse para ver cómo resuelven todos los problemas que el acuerdo actual ha generado. De momento, se plantean aprobar un acuerdo nuevo que permita la posibilidad de mantener al personal a aquellos que quieran contar con sus trabajadores en la siguiente legislatura. ¿Las opciones que se encuentran sobre la mesa? Convertirlos en eventuales y que sean contratados a través de Les Corts y no de los grupos parlamentarios.