La Mesa del Congreso rechaza citar a comparecer al rey emérito para que dé explicaciones sobre sus negocios

VALÈNCIA (EP). La Mesa del Congreso ha frenado este martes, con los votos de PSOE, PP y Vox, el intento de la CUP de citar ante la Comisión de Justicia de la Cámara a Juan Carlos I con el fin de que informe de las actuaciones relacionadas con su fortuna que llevaron a la Fiscalía a abrir unas diligencias que finalmente fueron archivadas y también ha inadmitido citar al fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, para aclarar los motivos que justifican ese archivo.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la mayoría del órgano de gobierno de la Cámara ha tomado esta decisión amparándose en la posición fijada por los servicios jurídicos de la institución, que sostienen que citar al Rey no tiene cabida en la Constitución y que no se puede solicitar información a la Fiscalía por un asunto concreto.

Ambas solicitudes llevaban la firma de la CUP, que sólo ha encontrado el respaldo de Unidas Podemos. El grupo confederal asume que formalmente ambas peticiones adolecen de defectos formales, pero es partidario de buscar alguna vía para poder atenderlas.

Según la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, aunque esas diligencias no derivaron en una investigación formal por la inviolabilidad de la que goza el jefe del Estado y porque algunos de los delitos en los que podría haber incurrido habrían prescrito, ha quedado claro que el rey emérito es "un ladrón" y debe rendir cuentas por ello.

"Ya que los tribunales no pueden juzgar la malversación de fondos públicos del rey emérito porque era inviolable, como mínimo que venga a las Cortes a explicar lo que hizo", aseguró cuando anunció que solicitarían su comparecencia ante la Comisión de Justicia.

No cabe en la Constitución

Sin embargo, los servicios jurídicos del Congreso, según la nota redactada sobre esta petición y a la que tuvo acceso Europa Press, sostienen que la comparecencia debe ser inadmitida porque "excede de la función de control que corresponde a la Cámara" conforme a los artículos 56.3 y 66 de la Constitución.

El primero de estos preceptos es el que alude precisamente a la figura de la "inviolabilidad" que protege al jefe del Estado que, subraya la Carta Magna, "no está sujeta a responsabilidad", mientras que el segundo remarca que entre las funciones del Congreso está la de controlar al Gobierno, pero no a la Corona. A ambos han vuelto a agarrarse PSOE, PP y Vox para rechazar la iniciativa de la CUP.

Los tres partidos han aplicado también el criterio de los servicios jurídicos al rechazar la comparecencia del fiscal anticorrupción. En su nota, recogida por Europa Press, los letrados recuerdan que conforme a la práctica parlamentaria, el Ministerio Fiscal comparece en sede parlamentaria para dar cuenta de la "actuación general" de la institución, pero no para informar de "procedimientos judiciales en tramitación" o de "asuntos concretos", como serían las pesquisas sobre Juan Carlos I.

Puede volver y seguir impune

"El PSOE abre las puertas al retorno de Juan Carlos I de forma impune, sin necesidad de rendir cuentas a nadie", ha denunciado Vehí a través de una nota de prensa en la que ha acusado a PSOE, PP y Vox de seguir "escondiendo las vergüenzas" del padre de Felipe VI y a la Fiscalía de haber aprovechado la guerra de Ucrania para confirmar el archivo de las diligencias sobre él.

La semana pasada el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ya había dejado claro al ser preguntado por la iniciativa de la CUP que los socialistas no van a "lastrar, enturbiar y perjudicar la estabilidad del sistema", lo que no es óbice para que desde el Gobierno se siga insistiendo en que Juan Carlos I debería dar explicaciones por su actuación.

Precisamente, a raíz del archivo de las diligencias sobre el padre de Felipe VI fueron varios los grupos que insistieron en la necesidad de reformar la figura de la inviolabilidad para delimitarla a los actos públicos del jefe del Estado, dejando fuera los privados. Así lo solicitaron Unidas Podemos, Más País, PNV, Bildu, PDeCAT y Compromís, mientras que el PSOE no lo descartó pero dejó claro que no está entre sus prioridades.