Carlos Mazón y Pablo Casado, durante el congreso del PPCV. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía tiene, de un tiempo a esta parte, unas réplicas bastante sonoras en la Comunitat Valenciana que no resultan demasiado cómodas para el PPCV. La alianza con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, o la confección de los presupuestos de 2022 con ingresos ficticios son dos de los ejemplos más claros que le complican el discurso a Carlos Mazón.
La primera se produjo a finales del pasado septiembre. Puig y Moreno celebraron una cumple en Andalucía para la reivindicación conjunta de un nuevo sistema de financiación autonómica. Una foto de alianza entre líderes de partidos diferentes (PSPV-PSOE y PP) que, además, tuvo su repercusión a nivel nacional y entre el resto de territorios.
Mientras ambos partidos se pasan la patata de las culpas sobre la situación actual y de la responsabilidad de un acuerdo amplio, los líderes autonómicos también manifiestan sus diferencias dependiendo, no ya de la formación a la que pertenecen, sino en función de los intereses de su territorio.
En un contexto diferente sin aquella famosa instantánea, los populares valencianos podrían haber incidido mucho más en la falta de exigencia de los socialistas hacia Madrid –que se dedican a reivindicar sin confrontar con los 'jefes'–, pero sólo pueden hacerlo en parte. Así se vio precisamente en una cita clave de aquel momento, como fue el Debate de Política General. La recién estrenada portavoz parlamentaria del PPCV, María José Catalá, destacó por su discurso, pero el tiro no lo enfocó en casi ningún momento hacia la financiación (de hecho, si la mencionó fue para ofrecerle a Puig un acuerdo). La gestión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se llevó la gran parte de las críticas.
A ello se une otro problema de los últimos días que también afecta a la estrategia política de los populares. Los partidos del Botànic presentaron la semana pasada unos presupuestos para 2022 en los que incluían 1.000 millones de euros en ingresos no garantizados como fondos covid del Estado y que se suman a la partida reivindicativa de 1.336 que el Consell presupuesta año tras año para compensar la infrafinanciación por el retraso en la reforma del modelo. En total, al menos 2.336 millones en ingresos ficticios que no están respaldados con transferencias reales del Estado y que suponen el 8,3% de las cuentas.
La crítica del PPCV resultaba muy sencilla, al igual que otros años, por tratarse de dinero cuya recepción no se encuentra asegurada y que se traducirá en más deuda. De hecho, así fue la primera reacción de Carlos Mazón y su 'número dos', María José Catalá, quienes los calificaron de "fantasía contable", "invento" e "insulto a los valencianos".
Pero apareció de nuevo en escena Juanma Moreno, quien había hecho exactamente lo mismo en las cuentas andaluzas: incluir mil millones de los fondos extraordinarios covid que no están garantizados. Los dirigentes del PPCV tuvieron que salir al paso justificando que no tenía nada que ver porque en Andalucía bajaban impuestos y tenían superávit. El hecho, sin embargo, es el mismo. Y el discurso de los populares se ve evidentemente debilitado y resulta mucho más incómodo. Todavía más con el último actor que entra en ese frente autonómico de ingresos ficticios como reivindicación ante Pedro Sánchez de los fondos covid: el Gobierno, también del PP, de Castilla y León.
Las contradicciones, sin embargo, tampoco son exclusivas de ellos. La propia ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, lamentó hace pocos días que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 "infla las previsiones de ingresos" con unos "1.000 millones de euros" derivado de "un supuesto fondo Covid que no existe en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año próximo. Del caso valenciano, con su partido en el Ejecutivo, no ha hablado por el momento.
Durante estas jornadas, tampoco han sido pocos los políticos de la oposición que han recordado sus sonadas declaraciones cuando en 2018 restó importancia a un ajuste si el Gobierno que aplicar un objetivo de déficit del 1,3% en lugar del 1,8%: "Pasarse en un Presupuesto es fácil. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso lo quitas o lo pones en una parte del presupuesto".
