Ortiz y Benidorm, condenados a entenderse por la estación de autobuses

BENIDORM. La estación de autobuses de Benidorm estaba prevista como una gran obra que permitiría desatascar el tráfico en el centro de la ciudad. Unas instalaciones que se concibieron para un presupuesto de seis millones, contó con un primer sobrecoste de 12 millones de euros y su liquidación precipitada le daba 24,5 millones de euros a Enrique Ortiz. En 2003 el empresario fue el adjudicatario de la concesión que salió rana, al menos, para la localidad. El proyecto se asemeja a lo que se firmó, una terminal de bus, pero los jueces estiman que hubo demasiadas modificaciones como para considerar que se había ceñido a lo que se le solicitó.

Dos décadas después de la adjudicación, el exceso de edificabilidad conseguirá tener su amparo legal. Con el acuerdo para la rescisión del contrato entre la mercantil y el Ayuntamiento, a priori, la primera conseguía tenerlo todo a favor en cualquier escenario posible. Si se adjudicaba a otra empresa, se le resarcía con los 24,5 millones de euros por la liquidación. Si no, lo más probable es que se quedara con la gestión del complejo. El lunes el pleno aprobará dejar desierto el procedimiento y abrir un contrato negociado sin publicidad, en el que está obligado a participar, según el convenio firmado entre las partes.

De un modo u otro, Estación de Autobuses de Benidorm SL, del empresario alicantino, ha conseguido construir la terminal, una zona comercial y un hotel de cuatro estrellas para el que no tenía permiso. Y después de que los jueces hayan comprobado las irregularidades, se podrá quedar con la gestión de lo que en su momento vio como un negocio, aunque ahora los datos de explotación no le den del todo la razón.

A pesar de que las características que se le marcaron sobre el edificio estaban claras, en el tiempo que duraron las obras nadie se percató de que lo que había sobre terreno estaba siendo de mayores dimensiones. A modo de resumen, el proyecto contemplaba una planta baja para la estación de autobuses, una zona comercial de 500 metros cuadrados, parking  y seis habitaciones para el descanso de los conductores. Todo ello derivó en un hotel de cuatro estrellas con 133 habitaciones y 11.000 metros cuadrados para la zona comercial. Una alteración en la edificación que tampoco correspondía con la modificación pedida al Consistorio una vez había empezado la obra.

En la licitación, la empresa había aportado al Ayuntamiento la idea de que sería en la estación donde los pasajeros podrían hacer la facturación final de sus equipajes con conexión aérea. Pero se encontraron con la negativa de la Dirección General del Transportes. Un pretexto que sirvió para pedir la modificación durante la obra, que se terminó aprobando, pero que también se sobrepasó: 10.000 metros cuadrados de superficie comercial y 60 habitaciones, según figura en el amplio expediente de tasaciones sobre el inmueble. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), ratificada después por el Tribunal Supremo, consideraba que la modificación era tan grande que se tenía que volver a licitar porque no era el mismo proyecto por el que se adjudicó la obra. Tras años de comisiones paritarias, informes, tasaciones y acuerdos que se han ido dilatando en el tiempo, el Ayuntamiento y la empresa consiguieron llegar a un punto en común por el que se sentaban las bases que se están siguiendo. Se trata de liquidar el contrato, sacar a licitación el nuevo pliego, indemnizarle a través de la nueva empresa, o -como es el caso- abrir un contrato negociado sin publicidad en el que está obligado a participar y para el que deberán “redactarse los pliegos pertinentes”, según ha confirmado el Consistorio.

Como consecuencia, y salvo sorpresa, la gestión de la estación volvería a manos de Ortiz. Unas instalaciones que han sido objeto de crítica por parte de la oposición de manera constante por su estado ruinoso en ciertos puntos del edificio: paredes agujereadas, escaleras mecánicas y ascensores sin funcionar, limpieza insuficiente, y desde hace más de un año, sin actividad comercial tras la marcha de Mercadona y Lefties. Solo el gimnasio sigue en pie. Además, el pliego dejaba al descubierto que salvo el hotel, no es del todo rentable. 

Ahora, esta estación en condiciones precarias por la falta de mantenimiento es lo que tendrá que heredar el propio Ortiz si finalmente se le termina concediendo de nuevo la gestión.  Unas instalaciones que ha dejado marchitar el propio empresario y cuya renovación tendría que haber ejecutado por valor de 287.141,07 euros, según un proyecto elaborado por los técnicos municipales. Que intente funcionar su parte comercial, algo que no ha ocurrido desde su inauguración, y que dé una buena imagen, dependerá de nuevo de los mismos agentes: la concesionaria actual y el Ayuntamiento. Están condenados a entenderse para dar la mejor versión del edificio, el empresario por su parte de rentabilidad, la ciudad, por la imagen que se da al ciudadano y al turista.

Disputa en la oposición

Tras conocer que la licitación quedaba desierta, el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, criticó que las condiciones dadas en el pliego para el concurso público del complejo inmobiliario y la Estación de Autobuses de Benidorm. "Hacían inviable que otro empresario se presentara y el complejo seguirá en manos del empresario afín al PP, que además se beneficiará casi dos años más del hotel, tras un nefasto convenio firmado por Toni Pérez", apunta en un comunicado. Así, señalaba que "el alcalde fue quien estableció la última palabra de los términos del acuerdo con Ortiz, lo que ató de pies y manos a los técnicos para establecer unas condiciones normales en la licitación. En su lugar, sacaron a concurso el complejo urbanístico eliminando la posibilidad al nuevo empresario de poder beneficiarse, desde el primer momento, con la explotación del hotel de la estación, que es el único negocio rentable que hay en estos momentos".

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno de Benidorm, Lourdes Caselles, ha
rechazado de plano las acusaciones vertidas por Balastegui, reprochándole su “cobardía” y “falta de trabajo” en todo lo relacionado con este expediente, incidiendo en que no llegó a proponer ninguna aportación a los pliegos ni a los convenios y acuerdos mantenidos con la concesionaria. De este modo, explicó que ha prevalecido en la forma de actuar el criterio de los técnicos municipales y organismos externos como el Consell Jurístic Consultiu. A su vez, aseguró que han actuado con transparencia en este asunto.