Foto: Matias Chiofalo/EPVALÈNCIA. El alquiler es sin duda uno de los pilares del plan que ha elaborado el Gobierno para hacer frente al impacto económico y social de la guerra en España. Un conflicto que ha disparado la inflación fruto de la escalada del precio de las materias primas, que está poniendo en jaque tanto a empresas como a la economía doméstica de las familias. Por ello, desde el Gobierno se ha diseñado una estrategia que cuenta con varias medidas: desde la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los conductores al límite del 2% de la subida de los alquileres. Aunque con matices.
El Consejo de Ministros daba este martes luz verde al Plan de Respuesta contra la guerra, que movilizará 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Todo ello a través de un decreto-ley que tendrá una vigencia hasta junio y que incluye medidas sociales y otras con un cariz más económico destinadas a los sectores más afectados por la contienda.
Una de las medidas estrellas, adelantada ya este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la limitación al 2% de la subida del alquiler durante tres meses. En la mayoría de contratos, la revisión anual fijada en el contrato entre casero e inquilino se establece en relación al IPC. No obstante, en esta ocasión el Gobierno aplica una excepción y vincula el incremento al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que fija el máximo en el 2%. Por tanto, de forma temporal, y hasta junio, se desvinculará el precio a las fluctuaciones del IPC para no trasladar el alza a los inquilinos.
De esta forma, ningún contrato podrá subir a partir de este martes y hasta el mes de junio más del 2%. No obstante, habrá una excepción. Los pequeños propietarios podrán negociar con sus inquilinos alzas por encima de esta cifra, aunque en caso de no haber acuerdo, no podrán actualizar la renta más allá de ese límite del 2%.
Por el contrario, si el casero es un gran tenedor, es decir, una persona física o jurídica titular de más de diez inmuebles, el límite del 2% será obligatorio, según recoge el Real Decreto-ley. "El Gobierno de España tiene el mandato en esta norma de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país, que necesitan de un derecho fundamental como es la vivienda, personas a las que ahora mismo pagar su alquiler es un obstáculo y, a veces, resulta imposible", subrayó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La subordinación al IGC tendrá validez desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley y hasta el 30 de junio de 2022. No obstante, esa fecha podría prorrogarse, en función de cómo evolucione la situación. Por tanto, los contratos que ya se hayan revisado no podrán acogerse a esta excepción. Según la estimación del Gobierno, con esta medida un contrato de alquiler de 600 euros podría beneficiarse de un ahorro más de 33 euros mensuales.
Un 'tope' que no ha sentado bien al sector que ya avisa de subida de precios y una reducción en la oferta. Para el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapi) es "inoportuno" porque "no contribuye a incentivar que los propietarios saquen nuevos pisos al mercado del alquiler" en un momento en el que la oferta en alquiler cada vez es menor y se podría mermar aún más. Tampoco la ve bien la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) que critica que "carga al propietario con el problema social de la vivienda" y defiende una limitación "al incremento de la inflación subyacente, para eliminar los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos no elaborados".
Otra de las grandes medidas es la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible repostado para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque el descuento puede ser mayor en caso de acudir a las compañías que ya han anunciado rebajas superiores.
El objetivo es que esta medida sea efectiva desde este mismo viernes, 1 de abril, y se dirija al conjunto de la población y no se aborde por niveles de renta. El impacto presupuestario de esta medida asciende a 1.423 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo. Los suministradores de carburantes y combustibles podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria.
Por otro lado, el plan del Gobierno también incluye el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta junio para llegar a más familias vulnerables. Un incremento que se aplicará tanto a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
El incremento se efectuará sobre el conjunto de la nómina, es decir, incluyendo el complemento de ayuda a la infancia, vigente desde el 1 de enero y que establece una ayuda de 100 euros por hijo menor de 3 años, 70 euros para menores entre 3 y 6 años y 50 euros por niño menor entre 6 y 18 años, para los hogares que lo perciben. Se calcula que la ayuda comprenda entre los 73,74 euros y los 162,24 euros.
Otro de los grandes ejes de la norma es mantener el empleo y, para ello, se establece que el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido para aquellas empresas que hayan sido beneficiarias de las ayudas públicas. Por tanto, el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía hasta el mes de junio, cuando vence la vigencia del decreto.
Díaz ha señalado que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y advirtió a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, "no hay que despedir" trabajadores. "Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir", subrayó.
En materia social, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.
Con el fin de rebajar los precios energéticos y reforzar la protección de los consumidores, se mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.
En este sentido, no hay que olvidar que poner tope al precio del gas, con el fin de limitar el precio de la luz, era una de las medidas esperadas. Conviene recordar que España y Portugal presentaron la semana pasada ante la Unión Europea un plan de choque para intervenir en el mercado energético peninsular, que Bruselas vio con buenos ojos pero debe refrendarlo.
En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el plan contempla una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Estos avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.
Paralelamente, se han rebajado los requisitos para la extensión de vencimiento de los avales vivos correspondiente a los créditos Covid, así como se ha extendido el plazo de carencia de doce meses para los sectores más afectados. De esta forma, ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo.
Así, los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante otra carencia adicional. Además, se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.
Dos de los sectores más azotados por la actual coyuntura son las industrias electrointensiva y gasintensiva, por lo que el plan del Gobierno reserva un importante montante de 488 millones de euros. En concreto, se destinarán 225 millones para compensar una rebaja del 80% de los peajes, mientras que otros 125 millones de euros irán a ayudas directas a empresas gasintensivas -papel, vidrio, cerámica o cartón-, que beneficiarán unas 1.600 empresas.
También, se aumentará la dotación para compensar los impuestos al CO2 y se establecerán ayudas específicas a los sectores más afectados. Otra medida es la actualización del sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros.
Asimismo, se recoge un paquete de ayudas directas de 430 millones de euros para el sector agrario, de los cuales 68,18 millones de euros se destinarán para la pesca extractiva y acuícola. En concreto, habrá ayudas directas para buques y empresas armadoras por valor de 18,18 millones de euros para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del gasóleo, tras el inicio de la guerra de Ucrania. Estas ayudas a buques oscilarán entre los 1.550,52 euros por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto.
Y, como ya se anunció, otros 450 millones para empresas se destinarán al transporte de mercancías. Las ayudas directas para este sector se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias.
Cabe recordar que el Gobierno pactó con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) un paquete de medidas que ascendía a 1.000 millones de euros, de los que más de 600 millones son de la bonificación al precio del combustible y el montante restante en ayudas directas.
Asimismo, se ha dado 'luz verde' al Plan Nacional de Ciberseguridad que, finalmente, estará dotado con una inversión de más de 1.200 millones de euros, frente a los 1.000 millones anunciados previamente.
