La auditoría de Plan Cabanyal aflora faltas internas similares a las estafadas EMT y Palacio de Congresos

VALÈNCIA. La empresa pública Plan Cabanyal dará cuenta este miércoles en su Consejo de Administración del informe de auditoría de cumplimiento y operativa de la sociedad sobre el ejercicio 2019. Se trata de un documento elaborado por la Intervención General de la Generalitat Valenciana que desvela que la firma pública, participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de València, presentaba en el momento en que se hizo el análisis "riesgos significativos" en los procedimientos de tesorería.

Así, la Intervención deja negro sobre blanco diversas deficiencias de la firma que preside la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, que no hacen más que constatar debilidades que se parecen transversales en el sector público, dado que algunas de ellas son muy similares a las que se pudieron hallar en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tras el fraude de cuatro millones del año 2019, y alguna también a las que tuvieron que ver con el reciente robo de 20.000 euros en el Palacio de Congresos de València.

Así, por ejemplo, el informe destaca como riesgo significativo el hecho de que la empresa "carece de cualquier tipo de procedimiento que identifique las personas responsables de cada área en materia de pagos y cobros". Esto es, siempre según el documento, que no hay una auténtica y clara división de funciones en el seno de la firma. "Es más -sentencian los auditores en el informe-, no existe identificación de funciones y asignación de las mismas a personas concretas". Por otro lado, en el ámbito del personal, se destaca entre otras cosas que la firma tampoco tenía en 2019 la relación de puestos de trabajo de la empresa aprobada ni publicada.

Se trata de dos faltas muy semblantes a las que presentaba la EMT en su momento, según se pudo constatar a posteriori en la comisión de investigación sobre el fraude a la firma municipal. En las conclusiones sobre el fraude, de hecho, se explicita una confusa segregación de tareas y funciones y una falta de protocolos claros sobre esto, así como la inexistencia de una relación de puestos de trabajo. 

Por todo ello, tras el fraude las directivas del área de Finanzas de la EMT no estaban "seguras de quién era la persona encargada de revisar los movimientos de las cuentas" y la investigación concluía que esto, en efecto, "no se puede verificar en ningún protocolo, ni relación de funciones de los puestos". Por ello sentenciaba que "tras los acontecimientos" resultaba "necesario" la aprobación de la relación de puestos de trabajo para "establecer la delimitación de funciones y responsabilidades".

Continuando con los procedimientos de tesorería de Plan Cabanyal, la auditoría constató otro riesgo en el registro de la información y la documentación de los pagos: "No existen registros adecuados ni de pedidos ni de facturas, ni conexión con contabilidad", explica. Para añadir más tarde, en otro punto diferente, que la mercantil permite pagos "mediante instrumentos no habituales como el cheque e ingresos en caja de efectivo".

Pero el informe aporta otra falla más en el funcionamiento interno, que tiene que ver con asegurarse de que los pagos se están haciendo a los proveedores reales. Concretamente, lo que dice la auditoría es que "no existe registro de mantenimiento de terceros ni ningún fichero que garantice que las cuentas bancarias que figuran en las facturas son de titularidad de los proveedores". Esto es, que existe el riesgo de que las cuentas bancarias no se correspondan con los proveedores reales.

Y esto es precisamente lo que facilitó el robo de 20.000 euros en el Palacio de Congresos de València. En aquel caso, los estafadores se hicieron pasar por un proveedor del Palacio y comunicaron con documentos falsos que habían cambiado de cuenta bancaria y que la administración debía de hacer los ingresos en otra diferente. El organismo dependiente del Ayuntamiento de València picó y la estafa se descubrió cuando el proveedor real avisó de que no se le había pagado. Una cuenta bancaria que no se correspondía con el proveedor auténtico motivó el robo.

El gerente de Plan Cabanyal cobró 10.000 euros de más

En el ámbito del personal, la sociedad Plan Cabanyal Canyamelar, tendrá que exigir a su gerente, Vicente Gallart, la devolución de parte del salario percibido el año 2019. Se trata de más de 10.000 euros los que la empresa pública le pagó indebidamente y que superan los límites salariales impuestos para este cargo sin el permiso del Gobierno valenciano, según recoge la auditoría sobre esto. En el apartado de personal, que obtiene la valoración desfavorable por parte de los auditores, se explicita precisamente esto: "Las retribuciones globales del gerente de la entidad superan en 10.647,83 euros las retribuciones fijadas para los puestos de máxima responsabilidad sin que conste autorización previa del Consell". 

Por ello, prosiguen los auditores en este punto concreto, "la entidad Plan Cabanyal Canyamelar SA ha de proceder a la exigencia del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador señalado en el cuadro anterior". Además de todo ello, la auditoría pone negro sobre blanco otros incumplimientos de especial relevancia. Por ejemplo, la auditoría señala que la sociedad no ha solicitado autorización para aprobar la masa salarial del ejercicio 2019. "Por tanto, no existe informe desfavorable de la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat Valenciana en materia de masa salarial". 

Otro de los aspectos reseñables a juicio de los auditores es que el convenio colectivo aplicado por la empresa sigue la estructura del convenio de construcción y obras públicas de la provincia de Valencia. Pero esto sería otro incumplimiento porque "según el acuerdo del Ayuntamiento de València del 26 de enero de 2017, debería aplicarse el convenio de personal laboral del Ayuntamiento". Esto repercute fundamentalmente en que "existen conceptos retributivos que no deberían emplearse, tales como el complemento a bruto, plus de actividad o el plus de transporte". Así, prosigue, "se abonan retribuciones en especie que no se han explicitado". Esto se ha regularizado el pasado mes de noviembre, "pero no obsta que durante la mayor parte de 2019 se ha aplicado de forma incorrecta".

"No damos crédito"

La oposición salió en tromba a criticar la auditoría este martes. La portavoz del PP, María José Català, aseveró que lo más preocupante es que "la auditoria evidencia que puede haber un riesgo de que se produzca otro fraude igual al de la EMT". Català reclamó una intervención urgente del Ayuntamiento: "No damos crédito de lo que dice la auditoria, alguien tendrá que hacer algo al respecto. No pueden volvernos a estafar el dinero de todos los valencianos", puso el grito en el cielo. "Una auditoria más desvela la gestión irregular del PSOE en todas las entidades que preside, primero la Fundación Municipal de Empleo y ahora en la sociedad del Plan Cabanyal", sentenció.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, aseveró que "en las empresas públicas municipales hay mucho descontrol" y exigió "seguir las recomendaciones de auditores e interventor". "Llevamos tiempo insistiendo al señor Ribó, que es necesario que el Ayuntamiento de Valencia intervenga las empresas públicas que demuestren que no están siendo transparentes y que no están gestionando bien el dinero de los ciudadanos, sentenció en este sentido, pues según dijo "es mucho mejor tener una empresa controlada por la propia Intervención del Ayuntamiento que al libre albedrio de gestores que están demostrando que no saben gestionar bien el dinero de los impuestos de los valencianos".