FOTO: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. (EFE). La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, ha anunciado el cierre "ordenado" de Divalterra, la antigua Imelsa, una noticia que los trabajadores de la empresa han acogido con preocupación y la oposición como una "temeridad absoluta".
El anuncio del cierre de la empresa pública, la antigua Imelsa, se produce tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos, aunque Amigó ha asegurado que forma parte de la "hoja de ruta" que el nuevo gobierno de la Corporación provincial adoptó en 2015 para ir "vaciándola de competencias".
Para el Partido Popular, sin embargo, esta medida es una "temeridad absoluta", según ha señalado la portavoz del grupo popular en la Diputación, Mari Carmen Contelles, quien ha criticado además que esta medida "siembra la incertidumbre" entre los empleados y se plantea en plena campaña de incendios.
Contelles se ha referido de este modo, en un comunicado, al anuncio realizado esta jornada por la presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, respecto a la decisión del equipo de gobierno de esta institución --conformado por PSPV, Compromís, EU y València en Comú-- de llevar a cabo un "cierre ordenado" de Divalterra.
Esta medida se ha dado a conocer a partir de la operación Alquería, que investiga presuntas irregularidades en contratos de alta dirección de la mercantil y en la que fue detenido y puesto en libertad con cargos el expresidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez.
"PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida están jugando con el futuro de 700 familias con el único objetivo de tapar las actuaciones presuntamente delictivas de miembros del gobierno provincial y las vergüenzas de Ximo Puig y Mónica Oltra", ha criticado la portavoz del PP.
Asimismo, Mari Carmen Contelles ha mostrado sus "dudas" respecto al anuncio realizado por Amigó y ha comentado, en este sentido, que "el equipo de gobierno de la Diputación no es competente para adoptar una medida de estas características". "Una decisión así solo puede tomarla la Asamblea de Divalterra", ha subrayado la representante 'popular'.
Contelles ha preguntado si el anuncio del cierre de Divalterra "se enmarca en la estrategia judicial que pretenden seguir los miembros del Consejo" de Administración de la empresa "que avalaron los contratos de alta dirección para eludir sus responsabilidades".
Por otro lado, la portavoz del PP en la Diputación de Valencia ha censurado las formas con las que el equipo de gobierno de esta corporación ha avanzado la decisión de iniciar el "cierre ordenado" de Divalterra "sin notificarla previamente al Comité de Empresa ni al conjunto de formaciones políticas de la corporación".
Así, Maria José Contelles ha avanzado que se reunirá con los representantes de los trabajadores de Divalterra para estudiar la situación y analizar posibles medidas. "Es una falta de lealtad absoluta hacia la institución pero fundamentalmente, una falta de respeto total hacia los trabajadores", ha aseverado en este sentido.
Contelles ha considerado que se está actuando "a espaldas" de los empleados "por un mero interés partidista, sin pensar en qué situación los dejan, cuál es su futuro y quién va a asumir las funciones que realizan". "Parece que trata de borrar todo rastro de sus actuaciones a costa de lo que sea, sin importar el coste social y la labor medioambiental que realizan los brigadistas", ha agregado.
La portavoz del PP ha reiterado que los trabajadores de Divalterra "no son los culpables" y ha destacado que "no merecen enterarse por la prensa de una decisión tan trascendental". "En la empresa no han fallado ni los trabajadores ni los controles, han fallado los responsables políticos de PSPV y Compromís que ignoraron hasta doce informes que ponían en cuestión los contratos de alta dirección que regalaron a cargos de sus partidos", ha subrayado.
Igualmente, ha estimado "una temeridad absoluta" que se plantee en este momento el cierre de Divalterra y que de este modo se siembre "la incertidumbre entre sus empleados". "Estamos en el periodo de máxima actividad de las brigadas en la temporada estival y con la campaña de extinción de incendios en máxima alerta por altas temperaturas", ha resaltado a este respecto.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos (Cs) en la corporación, Mamen Peris, para quien el cierre de Divalterra es una "improvisación" y una demostración de que el gobierno "no tiene proyecto provincial" y actúa "dando bandazos contradictorios y sin sentido".
Así lo ha indicado Peris en un comunicado en el que ha denunciado que se ha enterado de esta decisión por la prensa. "No son capaces de informar primero a los grupos elegidos democráticamente por ciudadanos a los que también tendrían que representar", ha indicado para considerar que "este hecho evidencia que PSPV y Compromís son expertos en la aplicación del rodillo y en anteponer el interés partidista al general".
Peris ha reprobado que "mientras nadie cuestionó sus decisiones de personal, la empresa servía, ahora que hay un procedimiento judicial abierto, se cierra", al tiempo que ha criticado que este martes se vaya a debatir en la Junta de patronato de Turismo la renovación de una nueva encomienda de Divalterra. "Este hecho denota que el gobierno no tiene rumbo, no sabe dónde va, igual quiere contratar altos directivos de una empresa que quiere echar el cierre", ha criticado.
Sin embargo, ha puntualizado que lo que más preocupa en estos momentos son "las 700 familias que ahora ven peligrar su futuro" y, en este sentido, se ha preguntado "por qué PSPV y Compromís apoyaban a los trabajadores de RTVV y salían a manifestarse con ellos mientras que ahora dejan tirados a 700 empleados, que también son trabajadores valencianos".
A su juicio, con esta decisión, ambas formaciones "demuestran su doble rasero dependiendo de si gobiernan o son oposición". "Los que venían a cambiarlo todo, han seguido con los mismos vicios que el PP", ha zanjado.
Podem, sin embargo, ha celebrado la decisión aunque considera que llega "tarde" ya que "no bastaba con cambiar el nombre de Imelsa" sino que hacía falta "cerrar el epicentro de la trama Taula", según ha señalado el secretario general de esta formación, Antonio Estañ.
La presidenta en funciones de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, de Compromís, ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad" a los trabajadores de Divalterra, y ha asegurado sus derechos "nunca serán vulnerados".
Sobre el futuro de la plantilla, Amigó ha explicado que la primera finalidad es que puedan ser brigadistas de la Diputación, por lo que se va a estudiar si técnicamente se puede asumir como una competencia de la Corporación, y si no se analizará si se pueden transferir sus tareas a la Generalitat u otra Administración.
