MADRID (EP/VP). El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este sábado en rueda de prensa dentro de las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, que solicitarán al Senado autorización para destituir a todos los miembros del Gobierno catalán.
Asimismo, solicita que el Parlamento catalán no podrá designar candidatos, ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de Carles Puigdemont. Se da un plazo de medio año para convocar las elecciones.
Mariano Rajoy ha explicado esta mañana las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155 y que, según ha dicho, detallará la vicepresidenta del Gobierno a los periodistas en un breefing posterior. Entre ellas, propondrá al Senado asumir él la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".
También pedirá, con el fin de "proteger el interés general de la nación" que se autorice al Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.
Las funciones serán asumidas por el órgano que cree o designe el Gobierno de la nación y, en principio, serán asumidas por los Ministerios.
En cuanto al Parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar un debate y votación de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña --que corresponderá al Senado--, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En el acuerdo del Consejo de Ministros, también se refleja que el Gobierno central pasará a tener el control de los Mossos d'Esquadra, que incluso podrán ser sustituidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, también se da capacidad al Ejecutivo de Rajoy a intervenir los medios de comunicación públicos como TV3.