El presidente de la Generalitat Ximo Puig junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: GVAVALÈNCIA (EP/VP). La ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2021 incluye deducciones fiscales por residir en municipios en riesgo de despoblación, de 300 a 540 euros, así como para los afectados por ERTE, las víctimas de violencia machista y los estudiantes de primer curso de grados universitarios con muchas prácticas, como los sanitarios o las ingenierías.
Así lo ha avanzado el 'president', Ximo Puig, tras mantener una reunión con el conseller de Hacienda, Vicent Soler. El borrador pretende que los agentes económicos y sociales y la ciudadanía puedan realizar aportaciones antes de la aprobación definitiva de la ley, informa Presidencia. Sin embargo, no se han incluido modificaciones en los grandes impuestos como IRPF o sucesiones.
El proyecto de ley de medidas fiscales, en exposición pública desde este martes, contempla la creación de una deducción autonómica para las personas que residan en municipios en riesgo de despoblación, entre 300 y 540 euros por contribuyente en función de los hijos a su cargo.
Paralelamente, recoge desgravaciones fiscales para los afectados por ERTE que recibieron la ayuda adicional de la Generalitat de 150 euros, así como para las personas que realicen donaciones relacionadas con la Covid-19, mujeres víctimas de violencia de género y estudiantes de las carreras de mayor experimentalidad.
En concreto, se arbitra una deducción de 300 euros en el IRPF para las personas que residan en municipios despoblados o en riesgo de despoblamiento, que se verá incrementada en 120 euros si las familias tienen un hijo, en 180 si tienen dos y en 240 si tienen tres, hasta 540 para una familia numerosa. Se trata de uno de los compromisos del Seminari de Govern de Montanejos (Castellón).
Como novedad, también para combatir la despoblación, la ley introduce que los servicios de transporte regular de uso especial, como el escolar, universitario, laboral o de usuarios de servicios sociales, puedan ser utilizados por otras personas. El objetivo es atender los problemas de desplazamiento y movilidad en zonas rurales o de difícil acceso, garantizando una mayor economía de medios.
En transporte, el proyecto establece una deducción del 10% para incentivar la adquisición o electrificación de bicicletas urbanas y vehículos eléctricos de movilidad personal, además de aumentar el porcentaje de la deducción autonómica por donaciones con finalidad ecológica, que pasa del 20 al 25% a partir de los primeros 150 euros.
También agiliza el proceso para la obtención de terrenos para llevar a cabo actuaciones de construcción de vías ciclopeatonales.
Para promover la creación de nuevas actividades, se incluye una deducción para incentivar las aportaciones en sociedades de capital y cooperativas de nueva creación, siempre que se trate de una actividad no ejercida con anterioridad y genere empleo. Es del 30% hasta los 6.000 euros y se podrá incrementar en un 15% con el límite de 9.000 euros si se trata de pymes innovadoras o si tienen su domicilio fiscal en un municipio en riesgo de despoblamiento.
La ley recoge medidas aprobadas como la modificación tributaria para evitar pagar en la declaración de la renta al recibir ayudas por estar en ERTE, la deducción por financiar programas de investigación contra el coronavirus, las deducciones por realizar donaciones de material sanitario o de equipos de protección y la deducción por adquisición y electrificación de vehículos de movilidad personal.
Con efectos desde el 1 de enero, estas deducciones se crean para compensar la mayor carga fiscal soportada en el tramo autonómico del impuesto por los beneficiarios de las ayudas a afectados por un expediente temporal.
También con carácter retroactivo desde el inicio de 2020, se implanta una deducción para las donaciones monetarias dirigidas a financiar programas de investigación, innovación y desarrollo científico o tecnológico en el campo del tratamiento y prevención de las infecciones producidas por la Covid. Y se genera una deducción por contribuir a la financiación de los gastos ocasionados por la crisis, en metálico o en especie.
En el plano educativo, la ley plasma la reducción del 5% del precio del crédito en primera matrícula en las enseñanzas universitarias de grado de niveles de experimentalidad 4 y 5; es decir, los de mayor experimentalidad y los más costosos, como los grados del ámbito sanitario y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Entre el resto de medidas, establece la creación de un carné de participación ciudadana que permitirá identificar a las personas que puedan participar en debates sobre normas, planes, iniciativas y consultas, al cumplir requisitos de edad y vecindad.
En cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista de 2017, el colectivo de mujeres víctimas entra dentro de las personas especialmente beneficiadas por la deducción autonómica en el IRPF por arrendamiento de vivienda habitual, equiparando sus condiciones a las de los jóvenes o personas con discapacidad.
Estas deducciones oscilan del 15%, con un límite de 550 euros, al 20%, hasta 700 euros. En el caso de mujeres de hasta 35 años y/o con discapacidad, se elevan hasta el 25% con un tope de 850 euros. También se introduce una reducción del 95%, hasta 60.000 euros, en transmisiones dirigidas a donaciones en metálico que tengan por finalidad ayudar a las víctimas para adquirir su vivienda habitual.
Y se incorpora al colectivo dentro de los beneficiarios de un tipo superreducido del 4% en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas en la adquisición de viviendas que vayan a constituir su vivienda habitual. Podrán beneficiarse las familias monoparentales.
Otra novedad que establece el proyecto, más allá de la violencia machista, es que los cuerpos policiales de municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que contar con un grupo especializado en la prevención de delitos de odio antes de enero de 2023.
Las reformas de mancomunidades y despoblamiento entrarán previsiblemente en la ley de Medidas Fiscales, necesaria para que salgan adelante cada año a los Presupuestos de la Generalitat
